Efectos de una política elitista

Las medidas económicas sancionadas por el gobierno nacional ya se están cobrando las primeras víctimas en nuestra provincia. Ahí están las plantas de biodiésel, paradas porque el salto en los precios de las materias primas torna imposible la ecuación económica que permite su funcionamiento.
El fuerte golpe devaluatorio y la quita y reducción de retenciones a las exportaciones sumaron sus efectos negativos en el principal insumo que necesitan estas fábricas. Si bien las primeras reuniones mantenidas con las nuevas autoridades alentaron cierto optimismo, después se cerraron las puertas y no hubo paliativos que contemplaran las dificultades que hoy mantienen cerradas todas las plantas de biodiésel del país. Hay miles de puestos de trabajo en juego, pero ni siquiera esa dolorosa consecuencia parece convencer a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional sobre la necesidad de revisar algunas medidas.
Lo peor es que, en todo el mundo, el biodiésel es posible merced a políticas regulatorias del Estado y, con el macrismo en el poder, no se vislumbra un panorama optimista. La orientación económica del nuevo presidente de la Nación ha beneficiado enormemente al sector agroexportador. La devaluación y la nueva política de retenciones se han combinado para derivar ganancias extraordinarias a ese selecto club de la economía dominado por las empresas nacionales y extranjeras más poderosas.
Las plantas de biodiésel son, casi todas ellas, Pymes nacionales que surgieron bajo el amparo de la legislación sancionada por el gobierno anterior. Hoy aparecen abandonadas a su suerte lidiando con jugadores muy fuertes del mercado de los granos.
Aunque a primera vista parezca un tema diferente, la negativa que recibió en Capital Federal la municipalidad de Santa Rosa para afrontar la severa crisis económica que padece, en verdad no lo es. En ambos casos el gobierno nacional aparece desentendiéndose de las consecuencias negativas de medidas económicas fuertemente discriminatorias que apuntan, básicamente, a beneficiar a los sectores concentrados en desmedro de los actores más modestos.
Las retenciones, que se aplican en todo el mundo a pesar de que aquí las voces interesadas las califican de “perversiones argentinas”, tiene una doble finalidad. Resguardar los precios internos y por lo tanto defender el bolsillo de los consumidores (como el eslabón más débil de la cadena comercial), y aportar un financiamiento genuino al Estado para, entre otras cosas, fomentar alternativas económicas y diversificar la matriz productiva del país.
La anulación de las retenciones estimula la concentración de la riqueza del país en pocas manos agrandando la brecha de la desigualdad tanto a nivel de empresas como de trabajadores. Coherentes con esta política elitista fueron las respuestas negativas que recibieron tanto los empresarios del biodiésel como los funcionarios municipales de la capital pampeana. Ambos acudieron al gobierno nacional en busca de una solución ante las dificultades que afrontan, y se toparon con una gran indiferencia en la burocracia porteña. Todo indica que ya se decidió quién va a quedar abrigado por la frazada y quién a la intemperie.