El acceso a la vivienda en crisis

En estos días ha tomado estado público por distintas vías la grave situación que atraviesan quienes tienen limitado su acceso a la vivienda ya sea porque se ven obligados a alquilar o porque encuentran crecientes dificultades para construir o tener acceso a su vivienda propia.
Es, sin dudas, uno de los costados más serios de la crisis que atraviesa la economía del país a partir de las medidas que adoptó el nuevo gobierno y el ortodoxo equipo económico que lo acompaña y que está conformado en su mayoría por profesionales provenientes del mundo empresario.
La ministra de Desarrollo Social de La Pampa ha salido en persona a advertir sobre la gravedad de la situación. La funcionaria ha dicho que el número de familias pampeanas que semana a semana debe abandonar las viviendas que alquilaba ante la imposibilidad de continuar pagando los nuevos contratos va en aumento. Es un dato de la realidad que, no obstante, no parece estar en la agenda de quienes han provocado este estado de cosas.
Cuando desde el Estado la política salarial deteriora el ingreso, deteriora también la demanda que esos ingresos provocaba con efecto multiplicador en el mercado de bienes y servicios. A esta puja a la baja de los salarios se suma la devaluación del dólar y la liberación de retenciones a los productos exportables dolarizados, con el consecuente aumento inmediato de los alimentos de primera necesidad, que exigen una porción mayor del salario para seguir en los niveles anteriores de consumo o descender a los niveles de supervivencia.
La existencia de inmuebles vacantes mientras hay familias sin hogar y sin posibilidades de acceder a ellos es una de las muestras más evidentes del fracaso de la política económica de un país donde se supone que las condiciones de la distribución del ingreso deben garantizar un piso mínimo de acceso al bienestar.
Hubo hasta el año pasado un equilibrio que hoy se pretende demonizar pero que funcionaba. No solo porque, -hoy se puede ver con la perspectiva que da la nueva y deteriorada situación económica-, los alquileres tenían precios más razonables para inquilinos y propietarios, sino además porque se alentaba desde el Estado la facilidad al acceso a la vivienda a través de planes sociales con estándares de construcción y de cuotas acordes a los ingresos.
Nada de eso existe hoy. En cambio hay cifras que alarman y que hablan de un porcentaje muy alto de inmuebles sin alquilar (con propietarios que pierden así un recupero por su inversión), un número creciente de desalojos y nulo o muy mermado interés de las familias en los nuevos créditos que pretenden cobrar el acceso a la vivienda como si se tratara de un negocio inmobiliario y no de un mandato constitucional.
Más allá de la justificación en la “herencia recibida” con la que pretende atenuar la responsabilidad en la conmoción que esas medidas tienen sobre la gente común, está claro que día a día acceder al alquiler de una vivienda digna para una familia tipo insume una porción mayor de los mermados ingresos de los asalariados y consecuentemente, esa retracción del mercado tomador de alquileres lleva a que la cantidad de inmuebles urbanos desocupados aumente.
Es, puede decirse, una comprobación de que el “mercado” como tal no funciona para regular por su sola e invisible acción la relación entre inquilinos y propietarios.

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