El “ahora es cuando” del gobierno de Macri

GRADUALISMO ACELERADO

Eduardo Lucita* – Macri llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia).
El presidente Macri da muestras cotidianas de estar dispuesto a capitalizar el impacto de los resultados electorales del 22 de octubre pasado. No se habían terminado de computar los votos que ya había convocado a una amplia reunión para acordar lo que llamó los “Consensos Básicos” que facilitarán acelerar el gradualismo, tal como le piden los grandes capitalistas.
Ese acuerdo dio un primer paso bajo la forma de un monólogo presidencial con que el presidente apabulló a sus cuidadosamente seleccionados invitados -dirigentes empresariales, sindicales, judiciales, políticos y funcionarios- que en un número mayor a 150 se dieron cita el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (próximo a cambiar de nombre).

Filosofía barata (y zapatos Botticelli).
En el CCK, el presidente esbozó lo que puede ser una suerte de concepción filosófica de su gobierno: desterrar toda idea del pasado y dejar atrás los relatos historiográficos: el cambio de imagen en el papel moneda es una muestra no menor. Llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia). Un pasado de decadencia frente a un futuro promisorio aunque indefinido. Apoyarse en la iniciativa privada, en el individualismo innovador, en el emprendedurismo. Llamó a “perder el miedo a los cambios y a dejar atrás los prejuicios”. El gobierno da así una disputa simbólico-cultural por el sentido de las cosas.
Los “Consensos Básicos” a los que convocó no lo son sobre un proyecto o modelo de país -se lo da por conocido y aceptado- sino sobre un conjunto de leyes y normas específicas con las que tomarían forma políticas de Estado de largo plazo. De alguna manera busca recuperar la lógica de los pequeños relatos propios de la década de los noventa.
Lo hemos dicho en notas anteriores: no hay que confundir consensos electorales con hegemonía política. Si la entendemos como la capacidad de una clase o fracción de clase de hacer valer como generales sus valores morales y culturales, si esa clase o fracción es capaz de conciliar en las diferencias los distintos antagonismos sociales, habrá entonces alcanzado la hegemonía.
Por ahora el macrismo la está disputando, el 2019 será un buen test.

Aprovechando el envión electoral.
En el ínterin entre este presente cargado de un pasado que no pasa y el futuro esperanzador que promete pero para el que no hay plazo de llegada, es que el gobierno presentó con una velocidad inusitada una serie de medidas bajo el lema “Es ahora o nunca”. Es la idea fuerza del “reformismo permanente” que se corporiza en las reformas impositiva, laboral y previsional (también educativa y política). De conjunto medidas de largo alcance que supuestamente combatirán la pobreza, crearan empleo y aportarán al equilibrio fiscal, pero que la experiencia (desechada) indica que concluirán en una nueva transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía y en un cambio la relación de fuerzas sociales entre las clases.

En concreto.
La reforma laboral diluye el pago de horas extras en un “Banco de Horas” que condiciona la jornada legal de 8 horas y la amplia según las necesidades empresarias; reduce las indemnizaciones por despidos, no contemplando para su cálculo horas extras, aguinaldo o bonificaciones; inventa nuevas categorías de trabajadores (pasantías) lo que implica pérdida de derechos; crea un Fondo de Despidos por el cual el trabajador paga su propia indemnización; elimina la responsabilidad solidaria en los casos de empresas subcontratistas; limita a un año el tiempo para iniciar juicios laborales y establece un blanqueo que reduce las contribuciones patronales. Cuando se refiere a la Ley de Contrato de Trabajo redefine el concepto del derecho laboral que nació para compensar las asimetrías entre el capital y el trabajo. Por el contrario este anteproyecto habla de la coordinación entre empresarios y trabajadores, poniéndolos en un pie de igualdad, dejando de lado su carácter de tutelar sobre el más débil. Adicionalmente busca reducir los ámbitos de actuación de los fueros laborales y el accionar de los sindicatos y sus centrales.
La reforma previsional no ha sido explicitada, aunque se reitera una y otra vez que es necesaria, salvo en cuanto a reemplazar el actual régimen de actualización de jubilaciones, pensiones y planes sociales -movilidad jubilatoria- por un ajuste trimestral por el índice de inflación. Según cálculos previos el Estado reduciría su gasto en no menos de 100 mil millones de pesos anuales.
En líneas generales, la reforma impositiva rebaja impuestos a las empresas y recarga a las personas físicas. Por ejemplo, entre otros, reduce 10 puntos la alícuota sobre las ganancias que se reinviertan; disminuye gradualmente hasta su eliminación el controvertido impuesto al cheque, que puede deducirse de ganancias y elimina el llamado impuesto tecnológico, que protegía la armaduría electrónica -y a sus trabajadores- de Tierra del Fuego a costa de altos precios para los consumidores al mismo tiempo que impulsa aumentos de impuestos internos sobre productos de consumo. Se supone que los cambios tributarios tendrán un saldo neutro. No se aumentan ingresos y lo que se logra bajar por rebaja de subsidios a los servicios públicos se los lleva el aumento de intereses de la deuda. Así la única baja del gasto público viene del régimen previsional.
Pero para que todo esto cierre es necesario que las provincias adhieran al Pacto de Responsabilidad Fiscal (mantener el gasto y el empleo en función de la inflación y el crecimiento vegetativo de la población). El gobierno presiona para que bajen o eliminen Ingresos Brutos, que es un impuesto sencillo de cobrar y el principal ingreso de las provincias (en total cerca de 4 puntos del PBI). Los gobernadores temen perder ingresos ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la provincia de Buenos Aires su reclamo de reponer su participación histórica en el Fondo del Conurbano bonaerense, por lo tanto se resisten a bajar el impuesto. Pero el gobierno tiene un as en la manga para presionarlos, si firman el pacto los fondos para el Conurbano no saldrían de las arcas provinciales sino del ahorro del sistema previsional por modificación del método de ajuste. Así el “todos tienen que ceder algo” que dijo el presidente pero serían los jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios sociales quienes financien la baja impositiva que favorecerá a los capitalistas.
En síntesis, la tríada de reformas busca aumentar la tasa de explotación del trabajo, promover la precarización, redefinir el concepto de trabajo y hace recaer el financiamiento de los cambios impositivos en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Todo será discutido y el gobierno aspira a que el Congreso apruebe las leyes antes de abril de 2018. Es que no es solo una política de ajuste, se trata de toda una reformulación de la relación Estado-mercado, de un aparato estatal cada vez más vinculado y determinado por su asociación con sectores del capital más concentrado. El nombramiento del titular de la Sociedad Rural como nuevo ministro de Agroindustria y de un empresario citrícola como embajador en los EEUU; la puesta en venta de las represas en construcción en el sur y la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de exportación son pruebas más que simbólicas.
*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).