El ajuste y la resistencia al ajuste serán los protagonistas de 2018

Por los conflictos callejeros y político-institucionales con que termina 2017, se puede conjeturar que 2018 tendrá un rasgo dominante: el gobierno blandiendo el bisturí del ajuste y la oposición queriendo arrebatárselo de las manos.
EMILIO MARÍN
La última sesión del Senado, el miércoles 27, dio pie a coberturas mediáticas donde se ponía el acento en el debut de Cristina Fernández de Kirchner en ese cuerpo, al que ya supo pertenecer antes de ser presidenta. Las crónicas y filmaciones daban cuenta de su exposición al plantear una cuestión de privilegio por el pedido de desafuero y detención del juez pistolero. También por sus cruces polémicos con la titular de la Cámara, Gabriela Michetti, a la que cuestionó por sus preferencias de una oposición de pacotilla, o de diseño, palo para el senador Miguel Pichetto, un amigovio del macrismo.
Sin restar importancia a esos aspectos de lo ocurrido, posiblemente lo más trascendente es que el gobierno de Mauricio Macri concretó allí las votaciones que esperaba. Sancionó el Presupuesto 2018 y la llamada reforma tributaria, así como la prórroga del impuesto al cheque. Y lo hizo por amplio margen, de 54 contra 15 en el primer caso y de 52 a 15 en el segundo. A partir de la promulgación de esta leyes ya podrá contar con dos instrumentos de tortura, perdón, de ajuste.
La amplitud del aval senatorial no habría sido posible sin el concurso interesado de Pichetto y senadores obedientes al pacto que los gobernadores habían firmado con el presidente. Por lo visto no se les coló ninguna duda razonable sobre el paso que daban. Fueron inmunes a las fundadas denuncias de los ajustes perjudiciales para la población que implicaban estas dos leyes, así como la primera que habían despachado como cámara de origen, la del latrocinio previsional.
Ni esos cuestionamientos de los entendidos ni el brutal accionar policial y de Gendarmería en el trámite express del paquete de ajuste parecieron influir en el parecer de los senadores. En el caso de los oficialistas, se entiende aunque no se comparta el proceder. En los supuestos opositores, se hace más complejo entenderlo. Quizás hubo razones de peso, en plural.
El gobierno luce coherente en su carrera final de diciembre. Trató de aprovechar el respaldo electoral para que la sociedad digiriera el paquete de leyes tanto o más impopular que los nuevos tarifazos que impactarán este mes en el bolsillo de los argentinos. "Sin piedad", podría titularse el atropello.

A unos dan, a otros quitan.

Así como el latrocinio previsional sacará 100.000 millones de pesos anuales de los fondos de Anses, básicamente para ponerlos en manos de la gobernadora de Buenos Aires y en mucho menor medida en otros mandatarios, se supo en la discusión y la letra del Presupuesto 2018 que habrá favoritismo para el sector empresario, con rebajas de aportes patronales y de impuestos varios. El "deja vu" de los años noventa es patético, tanto como la letanía del discurso neocavallista de que así se crearán más puestos de trabajo.
La realidad, implacable, con base a los datos de la seguridad social, replica que en la industria hay 65.700 empleos menos en la era Macri, en parte compensados por puestos precarizados y de menores ingresos.
Si eso ocurre ahora, cuando la mentada "reforma laboral" (léase precarización total) pasó para ser analizada en el Congreso en febrero próximo, se puede tener una idea aproximada de cómo será de regresivo ese mapa del desempleo.
Sobre todo cuando el Fondo Monetario Internacional en su reciente informe sobre la economía argentina, en su revisión basada en el artículo IV de la entidad, apoyó el curso seguido desde 2015 pero al mismo tiempo urgió profundizar los ajustes. Los consejos, con valor de órdenes del capital financiero internacional, requieren bajar el gasto público apuntando al empleo provincial y los salarios de los agentes estatales. También seguir bajando la inflación, lo que podía interpretarse como un aval a las altas tasas de interés fogoneadas por la Patria Financiera y el cruzado Federico Sturzenegger.

Peores que Lily Sullos.

En ese libreto macrista-fondomonetarista hay cosas que no se tocan, como ser quiénes ganan y quiénes pierden con la política gubernamental. Pierden los asalariados, jubilados y las Pymes más ligadas al consumo interno. Y ganan los bancos, monopolios, exportadores y petroleros, igual que los bicicleteros del gran Rally Lebac-Dólar. Esta rama de la especulación pudo fugar en los primeros nueve meses del año 15.626 millones de dólares.
Esos son los trazos gruesos que no cambian, para este gobierno que proyectó a Marcos Peña como el CEO del año para la revista estadounidense Forbes. En cambio, otras metas, como la inflacionaria, debieron retocarla nada menos que en un 50 por ciento, pese a que en el Presupuesto la habían dibujado en un 10 por ciento para 2018. Ahora dicen que será del 15. ¡Y después hacen un escandalete mediático porque el contador Víctor Manzanares habría dicho que en un libro de la empresa Hotesur, de los Kirchner, borró con liquid paper unos números y puso los correctos! El oficialismo lo hace con "la ley de leyes" y el dato no merece ninguna objeción de Clarín.
Para colmo, la nueva meta inflacionaria es tan poco confiable como la anterior y eso ya sucedió en dos ejercicios anteriores. Este año andará por el 24 por ciento anual, casi 10 puntos arriba de lo previsto. Nicolás Dujovne-Luis Caputo como antes Alfonso Prat-Gay y el mismo Peña son más erráticos de lo que era la astróloga Lily Sullos.

El mejor equipo.

Una de las expresiones más desgastadas en dos años de gestión es la que más empleaba el presidente para encomiar a su gabinete y a él mismo: el mejor equipo de los últimos 50 años.
Prometió en campaña la pobreza cero y la última estadística del Observatorio de la UCA volvió a clavar ese índice en el 30 por ciento. Ahora, con la trepada al dólar a más de 19 pesos y su seguro impacto en precios, la pobreza seguirá ascendiendo por la cantidad de argentinos que no podrá cubrir la canasta básica total.
Y no obstante esos derrapes, papelones y mentiras, los funcionarios se sintieron reconfortados con el voto mayoritario del 22 de octubre. No deberían dormirse en esos laureles porque algunos conservan ciertas espinas o asperezas, además de que cierta variedad no es apta para el consumo humano ni la gastronomía.
Por si en la Rosada no se enteraron, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que mide la Universidad Torcuato Di Tella, informó que la imagen positiva de Macri decayó 20,3 por ciento en el último mes. La explicación, plausible, es que fue impactado por el descrédito del paquete anti jubilados y por la poca implicancia personal en la búsqueda del ARA San Juan.
Una de las claves que coadyuva con ese desprestigio es la persistencia de funcionarios ineptos y poco transparentes. Un ejemplo que rastreó este cronista es Juan Manuel Mocoroa. Fue el el director general de Asuntos Jurídicos del entonces ministro de Comunicaciones, Oscar "Milico" Aguad, y puso la firma en nombre del Estado para la escandalosa condonación de deuda a favor de Macri (Socma) en el concurso del Correo Argentino. El monumental lío desgastó en forma notoria al presidente.
Y como hay cero autocrítica, Mocoroa siguió con su patrón Aguad a otro ministerio que nada que ver con el anterior, Defensa. Y como jefe de Asuntos Legales del Ministerio, asesorará a una Junta de Accidentes que supuestamente investigará lo ocurrido al submarino. Mocoroa no tenía la menor idea de las comunicaciones, como se volvió a verificar en el caso del ARA San Juan, pésimamente comunicado a la población y los familiares de los 44 tripulantes. En Defensa luce como incompetente total, un acomodado político parecido a Aguad.

Palos para todos y todas.

En comparación con esos ministros y funcionarios, Patricia Bullrich podrá presumir de competencia. Ella argumentaría: me podrán decir muchas cosas, pero yo de Seguridad entiendo, hago cursos con Israel y el FBI, mando la Gendarmería a reprimir y la avalo a pesar de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Como no soy de arrepentirme, sigue Bullrich, vuelvo a mandar la Prefectura con orden de matar mapuches, en Villa Mascardi. Y sé muy bien que nuestro gobierno debía sacar sí o sí las leyes de diciembre. Por eso puse 1.200 gendarmes y policías a reprimir en el Congreso, incluso a diputados. Mi línea es represión para todos y todas.
El 2016 terminó con 269 detenidos y golpeados en la represión al conflicto social, que aumentaron a 514 en 2017. No hace falta ser detective para pensar que la estadística se va a engrosar en 2018.
El problema político para el gobierno de Macri es que entre los ministros incompetentes que fallan en sus metas y tienen gruesos errores de diagnóstico y aplicación, por un lado, y los ministros "competentes" que llegan a los objetivos políticos sin reparar en procedimientos represivos, ilegales y antidemocráticos, por el otro, se le irá angostando el margen de maniobra.
¿Cuán veloz puede ser esa pérdida de masa político-electoral? ¿Cuánto crecerá la oposición callejera contra el ajuste, hasta qué punto puede dar lugar a una alternativa política y electoral, y con quiénes como figuras de referencia?
Esas son las incógnitas que trae el 2018 bajo el brazo. Démosle la bienvenida igual, que la esperanza es lo último que se debe perder.