El diálogo invocando y con los palos dando

El gobierno macrista construyó un relato sobre la necesidad del "diálogo" para "unir a los argentinos". Pero frente a las movilizaciones que provocan los despidos y el ajuste, lejos de dialogar, apela a la represión.
IRINA SANTESTEBAN
Aunque no lo dijo durante su campaña, Mauricio Macri anunció su intención de reprimir las protestas a pocos días de su triunfo en el balotaje del 22 de noviembre de 2015. Lo dijo en el tono edulcorado del manual de Durán Barba: "vamos a dialogar", "venimos a cerrar la brecha"; pero también prometió que "aquellos que quieran usar el piquete como extorsión, nos verán actuar con la ley". En diciembre de 2015, cuando la prensa amiga todavía comentaba los pasitos de baile del flamante presidente en el balcón de la Casa Rosada, los trabajadores estatales en La Plata y los de Cresta Roja, eran los primeros en sufrir una dura respuesta a sus demandas por parte del nuevo gobierno.

 

Un protocolo para reprimir.
En febrero de 2016, al calor no sólo del verano, sino de las crecientes protestas contra los despidos en el sector público, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba el Protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad. "No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar, pero el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas", expresaba la funcionaria en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), que aprobó el protocolo para las manifestaciones públicas.
Para Bullrich, este protocolo de actuación busca "establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad", y aunque reconoce que "manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente", inmediatamente condiciona el ejercicio de estos derechos a que no se afecten otros derechos, como "a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente".
Resulta paradojalmente cruel que se mencionen expresamente los derechos al trabajo y la educación, en el protocolo que permite la "actuación" de las fuerzas de seguridad para reprimir a manifestantes que ocupan el espacio público, justamente para protestar porque han sido despedidos, o se les han quitado sus pensiones, o reclaman mejores salarios para educar.

 

Docentes apaleados.
El domingo 9 de abril, cuando los docentes bonaerenses intentaban instalar una Escuela Itinerante en la Plaza del Congreso, fueron brutalmente desalojados por la policía que utilizó palos y gas pimienta para impedir la "ocupación del espacio público". De esta forma, tanto Macri como la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, demostraban su total desprecio por buscar una solución democrática a los conflictos, justo en el momento que los docentes se aprestaban a cambiar la forma de protesta, sin paros ni piquetes ni cortes de calle, con una medida como la instalación de una carpa, que visibilizara el reclamo por un mejor salario, a través de la Escuela Itinerante.

 

Con los niños no.
La creciente represión a las protestas no ha encontrado freno ni siquiera cuando hay niños en el medio.
Como si no hubiera en nuestra historia reciente, hechos trágicos similares, en abril las fuerzas policiales ingresaron violentamente al comedor comunitario "Cartoneritos", en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.
"Bajen las armas, que aquí sólo hay chicos comiendo", dice la canción "El Angel de la Bicicleta" de León Gieco, que es un homenaje al militante "Pocho" Lepratti, asesinado por balas policiales en la ciudad de Rosario, durante las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
En esta ocasión, también se utilizó gas pimienta y hubo palos para quienes se encontraban en el comedor, sean adultos, niños o mujeres, entre ellos a una embarazada que debió ser internada, y luego de ese hecho perdió a su bebé.
El secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravetz, intentó justificar el accionar de la policía, diciendo que estaban persiguiendo a un hombre con pedido de captura por homicidio, pero desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización que sostiene el comedor, lo desmintieron y denunciaron el secuestro por varias horas de dos jóvenes, a quienes les pegaron mientras los llevaban en un patrullero.

 

Nada de piquetes.
Tanto el presidente Macri, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, están decididos a no permitir las manifestaciones ni los piquetes en la vía pública. Para lograr esto, no sólo utilizan a las fuerzas de seguridad, sino que tienen el invalorable aporte de los propagandistas del "orden" en los medios de comunicación que les son afines.
De esta forma, y valiéndose de las molestias lógicas que ocasionan los cortes por diversas manifestaciones a los ciudadanos, de lo que se trata en realidad es de no permitir la protesta social.
En un contexto de crisis económica, con despidos, caída del consumo, cierre de miles de pequeñas empresas, quita de pensiones y subsidios a los sectores más vulnerables, etc., las protestas y manifestaciones son inevitables, y tratar de impedirlas con represión, puede derivar en consecuencias mucho más graves que las dificultades que un corte de calle puede ocasionar al resto de los ciudadanos.
La semana pasada, diferentes movimientos sociales realizaban una protesta por la baja de los planes en cooperativas de trabajo, que afectan a cuarenta mil familias del conurbano bonaerense, frente al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley.
Pero mientras los dirigentes se encontraban negociando con las autoridades, que se negaban a atender su reclamo, la policía de la Ciudad los dispersó utilizando gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma. Hubo persecución a los manifestantes con agentes de civil, que los detuvieron a golpes, y entre los detenidos hubo menores de edad.
Según el periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, la actuación de la policía fue violatoria de los protocolos de seguridad que Argentina ha aprobado en foros internacionales.
Entre las organizaciones que fueron reprimidas se encontraba el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, todo un símbolo del momento actual, ya que esta dirigente jujeña, líder de la agrupación Tupac Amaru, se encuentra detenida con prisión preventiva desde hace un año y medio, en una situación que la ONU ha considerado como "detención arbitraria".

 

Contra los mapuches.
El encarcelamiento en Bariloche del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, quien tiene un pedido de extradición por parte del gobierno chileno, fue el motivo de otra movilización en Buenos Aires el pasado lunes, que se dirigió a Tribunales para reclamar por su libertad. Y nuevamente la respuesta del gobierno de la Ciudad fue la represión, con golpes a los manifestantes y persecución con un saldo de al menos cinco detenidos.
La protesta contra la detención de Huala, se basa en que el proceso judicial por el cual se reclama su extradición, fue declarado nulo en Chile, por lo que, según sus abogados, no tiene sustento jurídico sino un claro objetivo de frenar los reclamos de la comunidad mapuche. La abogada de Huala, Sonia Ivanoff, explicó que el pedido de captura internacional ya fue resuelto en un proceso judicial en Esquel, en el cual se resolvió la nulidad de ese requerimiento y la inmediata libertad del dirigente mapuche. Esa resolución se encuentra actualmente en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El colectivo Naturaleza de Derechos, conformado por abogados y activistas por los derechos humanos, ha presentado en Bariloche un recurso de habeas corpus correctivo, para pedir la libertad del Lonko Francisco Facundo Jones Huala, y está preparando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la represión de enero de este año contra los miembros de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen.

 

Y ahora los sindicatos.
La intervención judicial del sindicato de Canillitas, que dirige Omar Plaini, integrante de la CGT y diputado nacional, a quien además se le trabó embargo, en una causa judicial originada hace cuatro años, pareciera extender a los sindicatos, esta arremetida contra los movimientos sociales que resisten el ajuste.
La CGT repudió la decisión del juez Martínez de Giorgi, y podría ser la ocasión para que su dirigencia despertara del largo sueño que parece dormir luego del paro del 6 de abril. Hay que recordar que esa jornada fue fruto de una presión de las bases, que le coparon el palco a los popes sindicales en una manifestación realizada el 7 de marzo.
Además de la intervención, el juez ordenó el allanamiento de la sede sindical, con cinco camionetas y efectivos de Gendarmería nacional, en una actitud que Plaini calificó como una "persecución" contra el movimiento obrero.
En medio de la campaña electoral, el gobierno del PRO-Cambiemos apunta a mostrar "tolerancia cero" contra los piquetes y las manifestaciones. Para algunos sectores ese discurso puede resultar atractivo, no así para quienes ven día a día perder derechos y un desmejoramiento ostensible de su calidad de vida.