El discurso moralista y los aportantes falsos

LOS CLAROSCUROS DE CAMBIEMOS

Amilcar Salas Oroño
Desde el retorno de la democracia en 1983 pueden distinguirse tres gobiernos no peronistas (al margen de que hubiera peronistas que votaran por esas fórmulas): el de Raúl Alfonsín (entre 1983 y 1989), quien tuvo que retirarse de la Presidencia unos meses antes, en el medio de un convulsionado escenario social y de una espiral hiperinflacionaria incontrolable; el de Fernando De la Rúa (1999-2001), cuya legitimidad y autoridad se evanecieron dramáticamente, empujadas por una activación popular significativa que lo desalojó del gobierno; y el de Mauricio Macri (desde el 2015, con mandato hasta el 2019), cuya subsistencia política comienza a estar cada vez más en duda, en un declinar permanente en su capacidad para mantener el descontento ciudadano monitoreado. También con una circunstancia económica en grave retroceso, aliados políticos que empiezan a no acompañar las decisiones del oficialismo y un discurso moralista gubernamental que ha terminado de agotarse con el reciente escándalo de los aportantes falsos para la última campaña electoral del año pasado en la Provincia de Buenos Aires.

¿De dónde salió?
Lo extendido del fraude en cuestión -por el momento las denuncias investigan por qué aparecen los nombres de cientos de ciudadanos que, sin haber consentido ni realizado ningún aporte aparecen en las listas oficiales como si lo hubieran hecho, o bien aportantes reales que dieron su ayuda, pero no con los montos que figuran- lleva a plantearse el verdadero interrogante de fondo: ¿de dónde provino el dinero para la campaña electoral?
Esta situación se ha transformado en un verdadero momento bisagra para el gobierno de Cambiemos, siendo que buena parte de su autopretendida legitimación y autoridad para el ejercicio del gobierno tenía que ver con una supuesta cruzada moralizadora y anticorrupción que cada día se hace más difícil de sostener. No está de más recordar que son más de 50 los funcionarios del gobierno que son investigados o denunciados, incluyendo el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Sin embargo, esta vez el hecho impacta directamente sobre una figura clave de la coalición oficial: la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presidenta del partido en el distrito y responsable última de las cuentas partidarias, afiliaciones y demás circunstancias de la sigla. Elemento clave de Cambiemos en la aritmética de poder, una deslegitimación fuerte de su referencia como marca de gestión en el principal distrito del país vuelve imposible cualquier gobernabilidad mediata, e inmediata.

Difícil equilibrio.
De los 24 distritos electorales del país, la coalición Cambiemos gobierna 5: la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (administrados por el PRO, a cargo de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta) y las Provincias de Mendoza, Jujuy, Corrientes (a cargo de Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés respectivamente, pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el otro partido relevante de la coalición). Se han construido, desde ya, “relaciones próximas” con muchos otros gobernadores que han prestado apoyos parlamentarios circunstanciales según los momentos -dada la capacidad de encuadramiento que tiene el gobierno federal mediante el manejo de recursos de distribución-. Pero, en un contexto como el actual, en el que el descrédito del gobierno nacional y de la figura de Mauricio Macri cada vez va en mayor aumento, ver debilitada su posición -y la posición e imagen de su principal figura- en la provincia de Buenos Aires resultaría en un elemento negativo decisivo para el “equilibrio de poder” macrista.
Aquella virtud de María Eugenia Vidal de lograr salir indemne de la gradual y constante caída de la estima ciudadana por Cambiemos, durante estos años de gestión macroeconómica deficiente y empeoramiento de los indicadores sociales y laborales, puede verse modificada drásticamente de ampliarse los desdoblamientos de las investigaciones de los “aportantes falsos”. El hecho debe comprenderse en su magnitud: por la importancia política que tiene la provincia de Buenos Aires (representa casi el 40% del padrón electoral) no tener una buena perfomance electoral en el distrito el año que viene disminuiría sensiblemente las chances de una victoria a nivel presidencial (en el 2019 se vota simultáneamente a gobernadores y presidente). En parte, esa fue la clave de la elección del 2015: no sólo porque lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires fue fundamental para los resultados presidenciales de ese año sino porque, tal como lo analizaron varios especialistas, hubo una afectación entre votos, sobre todo en relación con el Frente para la Victoria, entre candidatos a gobernador y a presidente.

Las consecuencias.
Cambiemos sabe que la provincia de Buenos Aires es decisiva para cualquier subsistencia política. Los gobiernos no peronistas, desde 1983 en adelante comenzaron a declinar cuando perdieron en la provincia de Buenos Aires: le pasó a Raúl Alfonsín en 1987, cuando su candidato a gobernador perdió con el candidato peronista, Antonio Cafiero y le pasó a De la Rúa, en octubre del 2001, cuando su coalición perdió millones de votos respecto a dos años antes y quedó en minoría parlamentaria. Cambiemos, conociendo estos antecedentes, sabía de la centralidad de una elección de medio término como la del año pasado en la provincia de Buenos Aires. Se lanzó a financiarla a como fuera, y hoy se encuentra con sus consecuencias. (Extractado de Celag).