El Estado, el fútbol y la política clientelar

Algunas de las viejas prácticas clientelares de la política mantienen plena vigencia. La de considerar al Estado como botín de guerra de quien gobierna es una de ellas. El cambio de mano del gobierno nacional -del peronismo al macrismo- permitió ver que esa tara no es cosa del pasado cuando se registraron miles de despidos que se justificaron con el argumento de que se trataba de “grasa militante”, un exabrupto que desnudó un fuerte prejuicio de clase. Los que aplaudieron esa medida porque venía a “sanear” el Estado y a poner “racionalidad” en las designaciones muy pronto se defraudaron. Apenas finalizó la razzia Cambiemos comenzó a hacer lo mismo que había criticado e inundó las oficinas públicas con nuevos nombramientos sin concursos y con idéntico criterio de selección: el color de la camiseta política.
Los pampeanos lejos estamos de poder horrorizarnos ante esa calamidad pues tenemos una historia muy rica en la materia. Aquí es muy antigua la práctica de edificar lealtades partidarias con plata ajena. O peor, con plata de todos, pues el acomodo en el Estado para comprar conciencias y alimentar el caudal electoral no le sale barato a la sociedad que con sus impuestos sostiene el funcionamiento de una maquinaria burocrática que ha ido creciendo hasta convertirse en el elefante blanco que es hoy. Y tanto es así que la actual gestión reconoció que la capacidad del Estado para “dar trabajo” -eufemismo por acomodo de leales a la divisa gobernante- estaba saturada y a punto de colapsar por el enorme costo que le significa al tesoro público.
Desde el retorno de la democracia las palmas se las llevó el Partido Justicialista, ocupante del Centro Cívico sin solución de continuidad. Quienes peinan canas suelen recordar que en 1983 el gobierno militar se retiraba dejando una administración pública con unos siete mil agentes. Por esos años vivían en La Pampa unos 220 mil habitantes que hoy, 33 años después, suman unos 350 mil, es decir, un 60 por ciento de crecimiento. Pero en el mismo lapso el número de empleados estatales subió mucho más vertiginosamente para ubicarse hoy en varias decenas de miles. Según quién haga los cálculos aquella modesta cifra de la década de los ochenta se multiplicó por cuatro o por cinco. Si no más. Ese prodigio de multiplicar empleados públicos como panes bíblicos se lo debemos a la única fuerza política que gobernó en tan prolongado lapso: el justicialismo.
La Arena publicó ayer el veto que el gobernador aplicó al ingreso de un jugador de fútbol al frondoso equipo de los estatales. El gesto no pasó desapercibido porque, como se dijo, el partido gobernante hizo uso y abuso de los ingresos por la ventana. A tal punto que en muchas reparticiones oficiales “juegan” futbolistas al por mayor; algunos con buen desempeño y otros no tanto.
Ingresar al Estado sin concursos de idoneidad ni necesidad de cubrir vacantes debiera estar prohibido, pero no porque lo imponga una situación económica adversa sino por conciencia del cuidado de la cosa pública. Se ignora cuál de las dos razones prevaleció en este no del gobernador, aunque en vista de los antecedentes aparece como un avance.