El gobierno nacional quiere eludir su responsabilidad en el caso

¿DONDE ESTA SANTIAGO MALDONADO?

A 43 días de la desaparición del joven durante un procedimiento represivo contra la comunidad mapuche en Chubut, y aunque el gobierno lo haya negado durante semanas, todas las pruebas apuntan a la Gendarmería.
IRINA SANTESTEBAN
Es bueno recordar que durante las primeras semanas desde que se denunció la desaparición de Santiago Maldonado, tanto el gobierno de Cambiemos como la mayoría de los medios de comunicación, no le dieron al caso mayor trascendencia. El presidente Mauricio Macri sólo se refirió a su desaparición hace unos días, cuando ya había pasado más de un mes de la denuncia de los familiares y compañeros del joven. Si el tema adquirió un lugar preponderante en la agenda política nacional, con repercusión internacional, fue por la perseverancia y la denuncia de su familia, de personalidades y organismos de derechos humanos, y la movilización de amplios sectores progresistas y democráticos.

Defensa cerrada.
Patricia Bullrich se negó a concurrir a la primera citación de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, y prefirió asistir a la de Seguridad Interior del Senado, donde pensó que iba a estar más cómoda. Sin embargo, no se la hicieron fácil los senadores de la oposición, y ella demostró no importarle la suerte de Santiago, porque hasta puso en duda que hubiera estado allí el día que Gendarmería reprimió el corte en la ruta 40, e ingresó a territorio del Pu Lof Cushamen, del pueblo mapuche.
“No voy a tirar un gendarme por la ventana”, dijo la “Pato” Bullrich, otrora militante del peronismo combativo, asumiendo una defensa corporativa de una fuerza muy cuestionada en nuestro país. Eso fue hace ya varias semanas, ahora el jefe de Gabinete Marcos Peña, asumiendo la defensa de la Gendarmería, dijo que el pueblo argentino le tiene “cariño” a esa fuerza, sin aclarar de dónde saca esa conclusión.
Los artículos de Emilio Marín, en este diario (ver ed. 2/9 y 5/9 en LA ARENA) son más que elocuentes sobre la actuación de los gendarmes a lo largo de su historia, tanto al interior de nuestro país, en la represión de los pueblos originarios, los obreros de los ingenios azucareros en Jujuy, Salta y Tucumán, o durante la dictadura militar; como en misiones internacionales, por ejemplo en la Minustah en Haití, con numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Rastrillaje tardío.
Recién hace unos días, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó el rastrillaje del río Chubut, cuando ya se había cumplido más de un mes de la desaparición de Santiago. Y dio una conferencia de prensa en la que explicó las razones por las cuales no dispuso antes esa medida en el Pu Lof de Resistencia Cushamen. Fue por “negativa” de los propios mapuches, dijo sin sonrojarse, siendo de público conocimiento que la Gendarmería se introdujo en ese mismo territorio el 1º de agosto, para perseguir al grupo de 7 jóvenes mapuches -Santiago estaba entre ellos-, sin ninguna orden judicial.
El juzgado federal dio a conocer ayer los resultados de las pericias sobre el material genético recolectado en los vehículos de la Gendarmería que actuaron ese día. Dieron negativos, dice el dictamen firmado por peritos del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
E inmediatamente los portales de noticias comenzaron a difundir la versión, promovida desde el gobierno, que pone en cabeza de un grupo “inorgánico y aislado” de siete u ocho gendarmes, la responsabilidad por lo sucedido ese día.

Perito informático.
Que las diligencias probatorias han sido reticentes y tardías, lo demuestra la negativa tanto del juez Otranto como de la fiscal Silvina Avila a recibir el testimonio del ingeniero en Telecomunicaciones, Ariel Garbarz, quien después de un recorrido por las antenas de Esquel y la zona donde desapareció Santiago, asegura que uno de sus teléfonos fue activado el día 2 de agosto.
Garbarz fue propuesto en la causa por la querella de los familiares y de la Comisión Provincial por la Memoria, y su revelación confirma el testimonio de un amigo del joven desaparecido, Ariel Garzi, quien dijo haber llamado a uno de los celulares de Santiago el día 2, y que esa llamada fue atendida durante 22 segundos. “Escuché pasos y eco, luego se cortó”, declaró el joven artesano y dijo que cuando volvió a llamar a ese celular, daba apagado.
Garbarz se ofreció como perito hace más de 20 días ante la fiscal Avila, pero ni ella ni el juez Otranto lo han convocado, a pesar de ser un especialista en el tema. El ingeniero afirmó tener información muy importante sobre la geolocalización del celular de Santiago. “Es la punta del ovillo de la causa. Impactó en una antena de Movistar, sabemos cuál es pero se lo vamos a decir a la Justicia” (Infobae, 12/08/2017). Y aclaró que se puede detectar también si hubo otros celulares encendidos alrededor, que podrían ser gendarmes, posibles sospechosos o testigos. También dijo que era muy importante indagar sobre quién habría atendido la llamada del día 2 de agosto, una pista que el Juzgado actuante parece no haber seguido. Según Garbarz, si alguien activó o atendió el celular en un lugar alejado de la escena del supuesto crimen, para desviar la atención pues en el territorio del Lof Cushamen no hay señal satelital, sería un indicio que confirmaría la versión de la desaparición forzada, justamente lo que el gobierno quiere descartar.

Denuncias internacionales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que preside Horacio Verbitsky, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el caso Maldonado y la “tardía reacción” del gobierno argentino en investigar lo sucedido.
Para el CELS, así como para los familiares del joven, APDH y los otros organismos de derechos humanos, se trata de una “desaparición forzada” porque el hecho ocurrió cuando Santiago estaba participando de una protesta del pueblo mapuche, por reclamo de tierras que reivindican como propias, y que una gran parte de ellas han sido adquiridas por el magnate italiano Luciano Benetton.
Los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro se encuentran actualmente en territorio mapuche para elaborar el informe final ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la represión, persecución, hostigamiento y estigmatización sobre la población de Pu Lof en Resistencia y la desaparición forzada de Maldonado.
González Quintana es un joven abogado cordobés, que actúa en diversas causas en defensa del ambiente, del bosque nativo, de los pueblos originarios y poblaciones campesinas, fue convocado en enero de este año, para asumir la defensa de los activistas mapuches frente a la represión que estaban sufriendo por parte de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Fue la movilización.
Además de la pronta denuncia de sus compañeros y familiares, haber logrado que en poco más de un mes la Justicia y el gobierno tengan que reconocer, a regañadientes, la más que probable participación de la Gendarmería en la desaparición de Santiago, fue posible gracias a la movilización de amplios sectores de la ciudadanía.
El 11 de agosto fue la primera marcha reclamando “Aparición con Vida”, la misma consigna que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo levantaron durante el período trágico del terrorismo de Estado. Aunque no se trate de la misma situación, porque no estamos hoy bajo una dictadura, la represión en la movilización del 1º de septiembre, cuando más de 200 mil personas reclamaban por la aparición de Santiago, es un hecho grave, que obliga al gobierno de Macri a dar explicaciones sobre su actuación en materia de Derechos Humanos.

Desaparición forzada.
La ley 26679, sancionada el 13 de abril de 2011, incorpora al Código Penal el art. 142 ter, que sanciona con una pena de entre 10 a 25 años, al “funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Los funcionarios del gobierno de Macri, demostrando una ignorancia absoluta en derechos humanos, intentan hacer creer -con ayuda de los medios de prensa amigos- que, como no hubo una “orden directa” del presidente o de la ministra Bullrich, el hecho no sería una “desaparición forzada”. Como bien lo establece el artículo citado, basta con la actuación, apoyo o aquiescencia “de cualquier forma”, por ejemplo, la presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en el lugar y en el momento de los hechos, es una clara “aquiescencia”, sobre todo porque en las reuniones previas planteó reprimir sin aguardar orden judicial alegando “fragancia”.
Que la ministra negara la participación de la Gendarmería cuando concurrió al Congreso, también constituye una reticencia a informar o negativa a reconocer dicha privación de la libertad.
Dar sustento a versiones que ubicaban a Santiago en otros lugares (un camionero que lo habría trasladado en Entre Ríos, por ejemplo), son también diferentes formas de dar información errónea, de desviar la atención y eso fue pérdida de tiempo durante los primeros días, que son los más valiosos para la recolección de pruebas. Esto no se arregla elevando la recompensa por datos a 2 millones de pesos ni con echarle la culpa a un gendarme aislado.