El juego y la variedad de sus consecuencias

Señor Director:
Los juegos de azar (y los electrónicos) suelen generar una adicción llamada ludopatía. Como todas las adicciones permite ingresar en un mundo de emociones diferentes de las que predominan en la vida de las personas que se han podido sustraer de esta tentación.
Para la mayoría de los casos, tal adicción concluye en el empobrecimiento, la frustración personal, el sufrimiento de familiares y otros prójimos. En el otro extremo, solamente para una minoría, el juego y la existencia de tantos adictos es determinante de enriquecimiento y del consiguiente ascenso a los niveles sociales más altos, sobre todo en los casos en los cuales, aunque adictivos, los juegos son considerados lícitos por la ley y aceptados o tolerados por la moralidad dominante. De una u otra parte el mundo del juego adictivo genera una zona nebulosa, que hace difícil distinguir al delincuente del honesto.
Días atrás la policía detuvo a Adrián Almaroz, quien aparece como cabeza de una organización muy desarrollada en zonas de la CABA y del conurbano. Luego de una breve detención, Almaroz pudo declarar a los medios de comunicación que las bandas como la suya “le dan algo a la policía para no tener problemas”. Esta dádiva atiende la disponibilidad de “muchas comisarías”, según sus palabras. Por lo que parece, la organización puede atender sin mayores problemas a toda la policía de los sectores donde desarrolla la quiniela ilegal. Tan regular ha llegado a ser esta relación delincuencia-policía, que los pagos toman la forma de una mensualidad. Dado que en el allanamiento en el que fue sorprendido Almaroz se secuestraron quince sobres, que tenían, en total, unos 770 mil dólares, que estaban para entregar como la mensualidad de varias dependencias policiales, se puede apreciar que no se trata de poco dinero. Quedaría por saber si estos “aportes” son menores, iguales o mayores que la ganancia que el Estado obtiene de su propio sistema, el “juego legal y de suerte” que el propio Estado convierte en una importante fuente de ingresos para el erario.
Lo que dice el capo Almaroz con respecto a la policía no es de manera alguna novedad, sobre todo en la zona donde opera esta organización. Lo mismo pasa en otras provincias y puede temerse que también, en alguna medida, en todo o casi todo el país. Hasta ahora la dimensión de esta anormalidad no ha sido cuantificada en su monto dinerario. Tampoco ha sido medida en su efecto desmoralizador y desorientador para los funcionarios policiales y en el desempeño de la institución policial. Lo digo así pensando en quienes, bien por opción personal, bien como proyecto de vida, no son accesibles a la seducción que ejerce la delincuencia vinculada al juego. Más allá de esta forma de agresión a la integridad que deben soportar los policías que formulan con convicción sus juramentos, cabe reflexionar sobre la situación en que se los coloca, capaz de generar momentos como en el caso que motiva este comentario, en el que son policías los que actúan contra la organización delictiva y se encuentran con la evidencia de tantas defecciones entre quienes consideran sus camaradas.
Lo que aparece muy claro, en relación con la institución policial, es que la existencia de esta forma de colusión con la delincuencia organizada amenaza la estabilidad y eficacia de todo el sistema de selección y de formación profesional del personal. Imagino la situación de quienes cumplen la función docente en escuelas de policía.
Situaciones así, cuyo origen explica parte de lo que acontece, reclaman cuidar este flanco interno de los gobiernos, puesto que, para ellos, la moralidad y la legalidad transparente de las conductas, son condicionantes de su legitimidad y justifican su propia existencia. Dado que no es el único frente abierto por la corrupción y ante el desconcierto de no pocos actores, el problema difícilmente podría ser mayor.
Atentamente:
Jotavé