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El macrismo prepara su salida, a los apurones

LA SEMANA POLÍTICA

Derrotado política, ideológica y electoralmente, el macrismo hace las valijas a las apuradas, con brutalidad y desprolijidades. Lo importante es que su salida ya tiene día y hora de partida. Y no se suspende por mal tiempo.
Sergio Ortiz
A lo largo de cuatro años de reiteradas vacaciones Mauricio Macri se ganó fama de vago, pero en los últimos días se activó, al menos su lapicera.
Con el decreto 788/2019 dio estabilidad por cinco años a una lista de funcionarios propios, o designados bajo su gestión, y trató de asegurarles el cargo con importantes indemnizaciones en caso de despido por reordenamientos de dependencias. Es tropa propia, muy diferente de la ajena, calificada de «grasa militante».
Esa maniobra de último momento puede no resultarle operativa porque el presidente electo ya se pronunció en contra. Si hay funcionarios que realmente ganaron concursos y sus funciones son necesarias, habría que contemplarlos como excepciones. Pero el terreno minado hay que desminarlo, de entrada.
Con otro Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, de menor importancia financiera pero superlativa en lo político, Macri quiso poner a los testigos arrepentidos – que hasta ahora dependieron del Ejecutivo y la cartera de «Justicia» – en otra órbita supuestamente judicial. Creó a tal efecto una Comisión con un director designado por el Ejecutivo pero integrado por otras personas, de Casación y la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo está a la vista, aún para ciegos: que el Frente de Todos no tenga acceso directo a todo lo vinculado con los 200 testigos protegidos y pueda saber cómo fueron usados sus testimonios para detener y procesar a ex funcionarios del gobierno de CFK. En algunos casos, como el de Amado Boudou, para condenarlos; en otros, como Julio de Vido, procesarlos y mandarlos a Marcos Paz y Ezeiza.
Uno de los peores elementos de ese plantel es Leonardo Fariña, buchón coacheado para declarar tanto en la casa de Elisa Carrió para el programa de Jorge Lanata, como para ir a Inodoro Py a decir lo que jueces como Claudio Bonadío y fiscales como Carlos Stornelli querían escuchar.
Esta maniobra relativa a los testigos y arrepentidos puede fracasar pero el mal ya realizado contra los detenidos injustamente no tendrá remedio. Y el mal de fondo no se curaría en principio en el gobierno entrante porque eso requeriría emprender una nueva campaña de democratización del Poder Judicial tomando de inicio las reformas democratizadoras que Cristina planteó en 2013 y finalmente fueron fulminadas por la Corte Suprema. Habría que volver a la carga y no sólo para que se ingrese por concurso y se elija por voto directo a representantes del Consejo de la Magistratura, como entonces, sino para cambiar de raíz la esencia y procedimientos elitistas de ese Poder de venda y moral caídas.
El presidente electo ya reiteró que no piensa reiniciar la patriada democrática de 2013. Confía en que los Bonadío se jubilen y otros se atemperen, cambien o aprendan Derecho. En esto el profesor de Derecho Penal peca de mucha ingenuidad.

Presos políticos.
El jueves 28 hubo un acto en Inodoro Py reclamando la libertad de los presos políticos del régimen. Algo menos de 3.000 personas se dieron cita, convocadas por el Foro por la Libertad de los Presos Políticos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH, etc, curas de Opción por los Pobres, organizaciones sociales como la Tupac Amaru, partidos como Miles, PC, etcétera.
Dieron el presente el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el diputado Rodolfo Tailhade, el exjefe de gobierno Aníbal Ibarra, el ex preso político Fernando Esteche, el cura Eduardo De la Serna, la mujer de De Vido, Alejandra Minnicelli, la compañera de Boudou y muchos dirigentes más.
Algunos medios invisibilizaron el acto o bien lo adjudicaron a la intención de liberar a «corruptos presos». Otros, reflejando los nuevos vientos que no son huracán pero al menos soplan, fueron más objetivos. Hasta Animales Sueltos hizo una crónica no tan animal.
El objetivo de máxima es que las decenas de esos presos políticos pasen la Navidad con sus seres queridos y en libertad. El cronista piensa especialmente en casos muy dolorosos como el de Milagro Sala, presa desde enero de 2016 por designio de Gerardo Morales y la oligarquía jujeña. Y como ella, el resto de los prisioneros políticos.
El objetivo de mínima es que pueden seguir sus procesos en libertad, no bajo prisión preventiva, tirando a la basura la «doctrina Irurzún» o al menos que les den la domiciliaria.
Es notable la diferencia. A más de la mitad de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad les concedieron la domiciliaria. El último caso es el excapitán Esteban Sanguinetti, condenado en Tucumán a 14 años de prisión por la desaparición del soldado Alberto A. Ledo, en 1976: se fue a su domicilio. Allí, dicho sea de paso, fue absuelto el teniente general César Milani, acusado de encubrir esa desaparición. Esa absolución levantó justas críticas de la familia Ledo, de organismos de derechos humanos y de la querella del doctor Claudio Orosz, que había pedido la condena del militar.
La pregunta sigue en pie. Si de prisiones domiciliarias se trata, ¿por qué a los genocidas sí y a De Vido no?
Esa disparidad de criterios fue cuestionada, en otro plano, por Fernández. Se preguntó por qué los que pagaron coimas están libres y los que presuntamente las recibieron están en calabozo. Este razonamiento fue bastante ocultado por Clarín e Infobae, jugados con la causa de las fotocopias de los cuadernos y con la lógica de allí derivada, con Paolo Rocca (Techint) ni siquiera procesado.
En cambio, cuando AF dijo, en esas mismas declaraciones, que no hay presos políticos porque cuando alguien tiene una causa no puede catalogarlo de tal sino que, a lo sumo, hay detenciones arbitrarias, allí sí amplificaron esas definiciones para generar opinión pública adversa a Milagro, Boudou y De Vido.
La realización del acto del 28/11, con mucha divulgación en las redes sociales y algo de cobertura en los medios «serios», indica que más allá de la opinión de AF, hay sectores incluso del Frente de Todos que sí consideran a esas personas como presos políticos y van a seguir reclamando sus libertades. Su consigna, descarnada, es para la reflexión del gobierno entrante: «No hay democracia con presos políticos».

¿Se jugará?
Nadie tiene la bola de cristal sobre lo que se viene después del 10 de diciembre. Sólo se sabe que tres días antes el pésimo presidente que se va espera reunir a miles de sus partidarios en la Plaza de Mayo. Aunque hubiera mucha gente, esa no será una luna de miel sino un velorio. Un griterío para acallar el dolor de la derrota de agosto y de octubre.
Más allá de los puteríos que fomenta Clarín y otros medios sobre pugnas entre el kirchnerismo y el albertismo y massismo, queda claro que la mayor parte de los votos los aportó Cristina, y la integración del nuevo gobierno lo decidió Alberto, que llevará la banda y el bastón.
Lo más importante por develar es qué política se aplicará, fuera de lo ya conocido como combatir el hambre, aumentar los salarios para promover la reactivación del consumo, poner límites a las tasas cobradas por los bancos y orientarse en la política regional por la línea de centro izquierda del Grupo de Puebla, con México, pese a la amputación por centímetros de la pata uruguaya.
Esas definiciones generales no alcanzan para saber el rumbo concreto de la nueva administración.
¿Qué hará con los bancos? En su discurso ante la 25 Conferencia de la UIA, Fernández cuestionó el aspecto especulativo de esa actividad financiera que según él hasta perjudicó a los bancos. Esas entidades ganaron 189.860 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, en base a las devaluaciones, compra de Lebac, quita de controles del Central y tasas de interés usurarias del 75 por ciento.
¿Se atreverá el nuevo presidente a nacionalizar los depósitos bancarios, que no son de los bancos y que manejan a voluntad como sí lo fueran? ¿O al menos les impondrá altos impuestos en función de sus siderales ganancias?
También están pendientes de resolución las retenciones a la exportación de granos y soja; esta última debería ser del 30 o 35 por ciento y segmentada según volumen exportado y superficie cultivada, para no pegar igual de duro en pequeños y medianos productores sino en los grandes y en la patria exportadora (Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza, etcétera).
Y allí aparecen nuevamente las dudas. Es que en la Conferencia de la UIA, el mandatario electo fue presentado por el titular de la entidad, Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza.
La duda es doble, porque en una nómina de futuros ministros, no confirmada, aparece Roberto Urquía, de la misma Aceitera General Deheza, como ministro de Agricultura.
Por más que la política argentina es complicada, hay cosas obvias. Para que un gobierno tenga recursos con qué financiar sus políticas progresistas, debe quitarlos de la deuda externa, banqueros, latifundistas, sojeros, exportadores, energéticas y multinacionales. Paso a paso, unos primero y otros después, por etapas, etcétera, pero sin recuperar parte de lo nuestro apoderado por esos intereses ajenos, no habrá una Argentina feliz.