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El menoscabo a la institucionalidad de Guillermo Moreno

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

La simpatía con un espacio político no debería inhibir el señalamiento de estos personajes y de sus conductas reñidas con la ética y que canjean ventajitas de muy corto plazo por la degradación institucional que después es muy difícil revertir y que prolifera como un tumor maligno.
Por Horacio Verbitsky
Imagino lo mal que la están pasando mis colegas del pro con la forma en que los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini; el fiscal Carlos Stornelli; los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi llevan adelante las causas contra la ex presidente CFK, porque me ocurrió algo parecido en 2006, con un personaje que los precedió en el menoscabo de la institucionalidad republicana y el desprecio por la verdad, que no actuaba en el Poder Judicial sino en el área económica del Ejecutivo: Mario Guillermo Moreno. Creo que aquellos hechos son antecedentes de los que hoy padece la Argentina porque, como sabía Guillermo O’Donnell, desde que no hay espacio para las intervenciones militares, las democracias no mueren de golpe sino como conclusión de largos procesos, como edificios carcomidos por las termitas que un día se derrumban. Ojalá pudieran resolver su malestar como yo lo hice con el mío.
Pese a mi simpatía por los gobiernos kirchneristas, que nunca oculté, fui el primero en señalar aquellos desvíos y atropellos, como el propio Moreno se cansó de repetir. Tampoco sería inexacto decir que lo hice debido a mi simpatía por los gobiernos kirchneristas. Esto tiene que ver con la forma de concebir la relación entre el periodismo y las posiciones políticas de quienes lo practicamos, que en mi caso es muy lejana de los estereotipos vigentes y de la incondicionalidad.
Estas reflexiones se me ocurrieron luego de ver y oír la condescendencia de algunos de ustedes con quienes hoy bastardean la función de la Justicia, llegando al extremo de difundir escuchas telefónicas a personas privadas de su libertad, obtenidas al margen de la legalidad.

La bola de nieve
Con los superávits gemelos, la economía en fuerte crecimiento, las empresas industriales acercándose a la plena ocupación de la capacidad instalada, la deuda externa renegociada, el salario recuperando la participación en el ingreso perdida durante la década anterior, Néstor Kirchner gozaba de los niveles de popularidad más altos de un Presidente al acercarse el último año de su exitoso mandato.
En ese momento trasladó al aún poco conocido Mario Guillermo Moreno, de la Secretaría de Comunicaciones que había asumido el 25 de mayo de 2003, a la de Comercio, que asumió en octubre de 2006.
Moreno tenía el don de la sugestión. En Comunicaciones planteó la fabricación de un teléfono celular exclusivamente argentino, al estilo de los vehículos utilitarios, como el Rastrojero del primer peronismo. La realidad de un país en la situación de la Argentina es que sólo nos permitieron fabricar el envase de cartón corrugado y el folleto explicativo. Cuando el gobierno intentó imponer que al menos los tornillos fueran de producción local, las empresas los compraron y los tiraron a la basura.
Desde la renegociación de la deuda externa en default, aceptada por el 76% en la primera ronda, al gobierno le inquietaba la bola de nieve de intereses adicionales que habría que pagar, debido al acuerdo alcanzado por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, que reconocía a los acreedores participación en los beneficios del crecimiento económico, si el PIB del año superaba el 3,2%.
Al mismo tiempo reaparecía el temor a la inflación, que en los años de la salida de la recesión de fin de siglo había sido de 3,7% en 2003, 6,1% en 2004 y 9,6% en 2005, cuando Kirchner despidió a Lavagna, pero iba en aumento a medida que los salarios recuperaban su poder adquisitivo y el consumo volaba. Vale la pena recordar que Lavagna debió irse luego de aludir a la cartelización de la Obra Pública en un acto público en la Cámara Argentina de la Construcción. Faltaba más de una década para que se inventara la teoría de que fue un político patagónico que obtuvo su primer cargo electivo en 1987 quien les enseñó a cartelizarse a los tiburones del hormigón (como Roggio, Rocca o Macri) que venían repartiéndose las licitaciones desde los tiempos de Onganía y Krieger Vasena, con una técnica que describí en Robo para la Corona.

El mago.
Entonces apareció Moreno con la solución mágica: había una capa de funcionarios venales en el INDEC que retocaban los números para que el producto alcanzara el nivel gatillo que habilitara el reclamo de los acreedores. Él desenmascararía a esos apátridas traficantes de información.
Incluso, Moreno preparó unas grandes planillas en papel de plano, que podían enrollarse y transportarse de una oficina a otra en un tubo de arquitecto. Allí se graficaban y cuantificaban los miles de millones de dólares de más que la Argentina en recuperación debería pagar por culpa del ya ex ministro de Economía. Pero nunca identificó a quienes realizaban ese toqueteo de las cifras, ni presentó prueba alguna.
Kirchner, que se tomaba la cuestión muy en serio, ordenó estudiar las cadenas de valor para detectar los puntos de oligopolización que impedían bajar los precios de insumos esenciales: el aluminio para las latas, el cartón para los tetra de leche, acero y cemento para la construcción, papel, polipropileno y la comercialización en supermercados. Incluso ordenó contratar a Edgardo El Zurdo Liffschitz, tal vez el mayor experto del campo popular en cadenas de valor. Pero cuando de la decisión presidencial pasó a la línea burocrática, lo tuvieron haciendo nada hasta que se cansó y los mandó de paseo.
Moreno se mostró como un hombre más práctico y un imaginativo maquillador. Una vez que Kirchner aceptó la teoría de la mafia que empujaba los números hacia arriba porque cobraba comisiones sobre los retoques, Moreno le aportó la solución:
Recibía a los empresarios con un revolver sobre el escritorio y les ordenaba qué precios podían tocar y cuáles no.
Manipuló la carga de datos en las computadoras del INDEC. Por ejemplo, en vez de los precios de algunos productos en el mercado, se consignaba el precio oficial fijado por el gobierno.
También en este caso, hombres armados recorrían los puestos de trabajo verificando qué se cargaba en las pantallas, para terror de los operadores. Lo conozco por el relato de esas víctimas, a quienes vi en pleno ataque de angustia.
Presionó a Telefónica para que se olvidara de las deudas por 9 millones de dólares que tenían los licenciatarios de los canales 2 y 9 de televisión, Daniel Hadad y el escribano Raúl Juan Pedro Moneta.
Negociaba con los grandes supermercadistas las ofertas que harían en sus páginas de publicidad.
En el comienzo del año lectivo de 2008 ofrecieron unas hermosas mochilas escolares a un precio ínfimo. Recién leyendo la letra chica, se informaba que la oferta regía hasta agotar la partida, que no pasaba de un par de centenares de unidades en algunas sucursales seleccionadas.
Escribí una y otra vez que esas vergonzosas argucias de Moreno devaluaban la palabra pública y que si no tenían consecuencias electorales en los años de bonanza, se pagarían muy caro en cuanto el ciclo económico diera uno de sus normales virajes. La información económica es un bien público y escamotearla es un atentado contra el conjunto de la sociedad. Mientras se ganaban elecciones, Kirchner escuchaba con indiferencia estos señalamientos intelectuales.
Las consecuencias también ensombrecen el futuro. De 2006 a 2012 la Argentina pagó 10.100 millones de dólares por ese cupón emitido en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Según la consultora Econométrica, 2.137 millones no hubieran correspondido, si las estadísticas del INDEC no hubieran sido infladas. Los pagos cesaron en 2014, cuando el crecimiento no llegó al umbral del 3,2%. Esta semana el fondo buitre Aurelius demandó a la Argentina ante el juzgado federal de Manhattan: reclama 83,7 millones de dólares, que se le deberían por el cambio en la serie de medición del PIB en 2014. El principal problema no son esos 83,7 millones de dólares, sino el precedente que podría dar lugar a nuevos reclamos, en un fuero que carece de cualquier imparcialidad.
Moreno me respondía con virulencia. Yo opté por ignorar sus insultos y responderle con humor: comencé a llamarlo Cantinflas, el alias del actor mexicano del mismo nombre, que libra una batalla perdida con la lengua castellana.
Del mismo modo, no fue el exceso de conceptos académicos lo que impidió la aplicación de la ley audiovisual, sino la negociación con muy pocas empresas entre cuatro paredes, en vez de la apertura a nuevos actores, en un proceso que no hubiera sido fácil pero que habría ventilado un ambiente opresivo.
Quien proyectó a la relación con las grandes empresas de medios la norma Moreno para la negociación con los supermercadistas, fue el vocero del ministerio de Planificación y luego de la Presidencia, Alfredo Scocimarro, El Corcho. Así se limitó todo lo posible la licitación de nuevos canales que compitieran con los tradicionales y se hizo muy lenta la asignación de frecuencias a los medios sin fines de lucro. Martín Sabbatella nunca tuvo el poder suficiente para imponerse a esa forma de realpolitik. «Para qué vamos a permitir el ingreso de nuevos actores, cuando es tan fácil negociar con los cuatro actuales», razonaba Scoccimarro. Pese a sus largos años junto a De Vido, Kirchner y Cristina, nunca tuvo una denuncia ni una causa judicial. Se diría que nunca molestó a nadie con poder.

Sólo Axel.
En mi trabajo periodístico asistí a los esfuerzos de sucesivos ministros por desembarcar a Moreno del gobierno o al menos por reducir su influencia desmesurada. Desde Alberto Fernández a Martín Lousteau, el Mudo Carlos Fernández, Amado Boudou y Hernán Lorenzino fracasaron en el intento, porque cuando guardaba el revólver dentro del cajón, El Napia Moreno se ponía los guantes de box para enfrentar a los enemigos de la Patria y no se los sacaba ni para tipear sus informes sobre la historia.
El único que tuvo éxito fue Axel Kicillof, porque le demostró a Cristina que Moreno la engañaba, para ocultarle la caída del comercio exterior. En 2013 se sobreestimaron las exportaciones en 9.000 millones de dólares, equivalentes al superávit comercial anunciado. Entonces lo fletó a Roma, donde tenía un amigo.
Moreno no fue ingenuo porque conocía muy bien la importancia de esos resultados. Una de sus formulaciones más felices (que las tuvo, también) fue la asociación discursiva entre saldo comercial y clima político. Si el superávit anda entre 6 y 8.000 millones de dólares, tenemos dificultades que podemos manejar; por debajo de 6, somos boleta; y entre 10 y 12 sigue la fiesta y la felicidad del pueblo. No encomillo la cita porque no la tengo a mano, pero la recuerdo bien porque es muy inteligente. No se puede decir lo mismo de la solución que encontró, de adulterar las cifras para simular el resultado apetecido.
Moreno ha lanzado su candidatura presidencial, con críticas a Alberto Fernández y a Cristina y el apoyo de Julio De Vido desde la cárcel. Lo acompaña como candidato a vice el también ex secretario de comercio, Pablo Challú, el lobbysta de los laboratorios medicinales locales, la cámara CILFA. En 1995, el aún ministro Domingo Cavallo dijo que el lobby de CILFA dirigido por Challú había puesto «mucha plata» para comprar legisladores que votaran la ley de patentes. Challú admitió que «hicimos aportes para el justicialismo, el radicalismo, el Frepaso y algunos partidos provinciales, pero esta es una cosa normal en las instituciones y no es distinto de lo que han hecho otras cámaras y empresarios». Seguro.
El candidato bonaerense de la fórmula es el merchante de combustible probablemente robado y adulterado, Santiago Cúneo, que se comercializaba con créditos obtenidos en Paraguay y facturas falsas. Su socio era el militar golpista Aldo Rico. Travesti político, en 1999 Cúneo empapeló la ciudad de Buenos Aires con carteles por la reelección de Menem, pero en 2015 fue candidato en las listas de Macrì en San Miguel. Después de la elección se reconvirtió al peronismo y al periodismo. El año pasado debió dejar la señal Crónica de cable cuando una colega cuestionó sus diatribas antisemitas y Cúneo la llamó rata. En el mismo estilo de Jorge Lanata, a falta de argumentos Cúneo insulta, de una forma que rompe el soezómetro. Además amenaza con pegarle a quienes odia. Es un verdadero pesado.
No traigo esto a colación porque Moreno tenga alguna relevancia electoral. Cada vez que se candidateó su meta fue superar el 1% de los votos, un club que frecuenta con otros amigos del vuelo transoceánico, como Julio Bárbaro o Gustavo Vega. Buenos para la rosca política y el blableteo mediático, el electorado no les cree ni una palabra.
Lo que intento señalar es que la simpatía con un espacio político no debería inhibir el señalamiento de estos personajes y de sus conductas reñidas con la ética y que canjean ventajitas de muy corto plazo por la degradación institucional que después es muy difícil revertir y que prolifera como un tumor maligno. ¿O nadie advierte que sin Moreno y sus fantasmagorías no hubieran sido posibles los Stornelli, los Ercolini y los Bonadío que están demoliendo no sólo el estado de derecho y sus principios básicos como el debido proceso y la relación privilegiada entre al abogado y su cliente, sino la mera esperanza de que en algún momento la Justicia pueda cumplir un rol republicano en el arbitraje de conflictos que no pueden quedar librados a la pugna de las partes?
Respecto de aquellos colegas periodistas, que por las razones que sean adhieren al actual gobierno, no hay causa política ni interés económico que justifique silenciar esta vil utilización de la Justicia y de los medios. Tarde o temprano les tocará también a ellos. Hace tres siglos, Voltaire elaboró un concepto que su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall, tradujo en el 1900 con la célebre frase «defenderé hasta la muerte tu derecho a decir eso con lo que no coincido».
La lucha por la verdad no debe tener banderías.