El negocio por encima de todo

El actual momento político no es demasiado favorable para el gobierno nacional como para derrochar el escaso caudal de buena imagen que aún mantiene. De ahí que el enojo del Presidente de la Nación por un fallo judicial que busca resguardar a las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos haya caído tan mal y generado tanta indignación. El titular del Poder Ejecutivo Nacional calificó de "irresponsable" esa decisión de la Justicia porque "pone en riesgo" en la provincia de Entre Ríos "la capacidad productiva agroindustrial". Las voces que se alzaron contra esa expresión presidencial le adjudicaron una torpe interpretación de los hechos y anteponer el dinero a todo otro valor e incluso le recordaron su condición de latifundista
Las réplicas a las insólitas expresiones presidenciales fueron tan duras como fundadas. El documento del Foro Ecologista de Paraná, lo acusó de "aferrarse a un modelo de agricultura que está agotado, mata y arruina el suelo fértil, el bolsillo de cada productor endeudado en dólares, las demás actividades productivas, los alimentos y la salud de cada uno de los entrerrianos, y especialmente a nuestros niños y niñas rurales, además de provocar el éxodo del campo". "Inadmisibles" fue el calificativo más suave para con las palabras presidenciales.
El Presidente había afirmado que se trata de "una ley absurda", de ahí que las ONGs y funcionarios del Poder Judicial entrerriano destacaron el error cometido al encuadrar como "ley" lo que hasta ahora es un fallo que retrotrae las distancias permitidas para fumigar cerca de escuelas. Con sutileza demoledora los legisladores entrerrianos le enrostraron que "un fallo no es una ley, señor presidente. Lea nuestra Constitución, ahí entenderá cosas como que los jueces dictan sentencias y no leyes, y otros hallazgos aún mayores, como la división de poderes".
Se diría que en sus apreciaciones litoraleñas el jefe del gobierno nacional no dejó torpeza por cometer; si hasta se permitió opinar que el fallo "no tenía rigor científico", cuando las argumentaciones que condujeron a la resolución judicial están respaldadas por miles de páginas de estudios realizados en el país y el extranjero sobre los graves perjuicios de esas fumigaciones.
Sin embargo lo más alarmante fue el desprecio por la salud pública que puso de manifiesto el Presidente. Frente a un problema ya muy serio, que ha provocado en algunos lugares del país comprobadas y elevadísimas tasas de enfermedades cancerígenas, prefiere anteponer una visión netamente economicista, propia de un empresario rural desentendido de cualquier otra realidad que no sean sus negocios, y no la de un dirigente político que debe regir los destinos integrales de una nación y al que no parece importarle ni siquiera la salud infantil.
Sobre este último aspecto, tan sensible a cualquier sociedad, los ecologistas entrerrianos quisieron ser definitivos en el reproche; en el documento que dieron a conocer, titulado "Nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia" (la hija menor del presidente) le señalaron: "Señor Presidente, si sus propios hijos fueran a las escuelas rurales en Entre Ríos, el amparo sería un decreto presidencial".