El relato y la realidad

I. La noticia que publicó ayer este diario es impactante y sirve para medir la enorme distancia entre la realidad y el discurso del gobierno nacional. Apenas el cinco por ciento de los operarios despedidos del Frigorífico de General Acha han conseguido trabajo y el resto sobrevive comiéndose la indemnización y realizando changas esporádicas. Para peor, los muy pocos que lograron acceder a un empleo lo hicieron en empresas que no están radicadas en la ciudad.
Si esto fuera la excepción y no la regla el problema no sería demasiado grave, pero lo cierto es que el caso achense es una réplica exacta de lo que ocurre en todo el país. Hace pocos días la Apyme (Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa) divulgó datos estremecedores: en promedio, cierran veinte empresas por día; van unas dos mil en el año y, de seguir las cosas así, serán siete mil las que bajen sus persianas en 2017. Mil más que el año pasado.

II. Los trabajadores que están en idéntica situación que los despedidos del frigorífico achense se contabilizan por cientos de miles mientras el discurso oficial procura convencer de que existe una recuperación del empleo. Lo que prefieren no mencionar es que se trata de monotributistas, es decir, algo así como changarines inscriptos en la AFIP, trabajadores que perdieron un empleo estable y que hoy deben conformarse con una actividad bajo condiciones muy diferentes. Para el gobierno ese deslizamiento de empleos estables y de calidad hacia condiciones de precarización laboral es indiferente. No deja de ser lógico, el “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, como dijo el Presidente de su gabinete, está integrado casi en su totalidad por CEOs provenientes de los mayores consorcios económicos y financieros del país y no está entre sus prioridades la situación de los trabajadores como lo vienen demostrando en dieciséis meses de gestión.
Otro dato estadístico reciente es muy ilustrativo. En la ciudad de Buenos Aires los ingresos del diez por ciento más rico de la población son veinte veces superiores a los del diez por ciento más pobre. Esa relación era menor -dieciséis veces- el último año del kirchnerismo con lo cual se confirma que durante el macrismo se ha beneficiado ostensiblemente al sector más pudiente de la sociedad en desmedro de los más humildes. Para peor, se estima que en el interior del país esa relación es aún más desigual.
La caída en las ventas de las panaderías y en los kioscos en los últimos doce meses fueron del 40 y del 44 por ciento respectivamente, datos que, entre tantos otros, denuncian una pérdida dramática en la capacidad de consumo de la mayoría de la población.

III. Una medida adoptada por el gobierno provincial destinada a reducir la carga del Impuesto a las Ganancias entre los empleados públicos -beneficio que ya se otorgó a judiciales y a agentes públicos de otras provincias- fue cuestionada por el gobierno nacional. Indiferente al estímulo que significará esa masa de dinero volcada al consumo local, en Nación anticiparon que acudirán a la Corte Suprema para anular el decreto del Ejecutivo pampeano. La excusa para justificar el ataque a la medida es que se trata de un “aumento encubierto” destinado selectivamente a funcionarios de alto rango cuando, en realidad, los rubros que integran el salario afectados por la decisión son percibidos por la gran mayoría de los agentes públicos y mereció el respaldo de todo el arco gremial de la provincia.
No se conoce ninguna medida que haya tomado el gobierno nacional para defender los puestos de trabajo perdidos en esta provincia por causa de su propia política económica. (Una gran empresa de capitales brasileños radicada en el parque industrial de Santa Rosa se apresta a aplicar una sustancial reducción de su plantel de trabajadores). Sin embargo, cuando se plantea una medida en beneficio de los asalariados la reacción es inmediata, pero para torpedearla. Solo quien no quiere ver la realidad puede ignorar que hoy tenemos en el país un gobierno de ricos y para ricos.