El robo del Atuel, una violación a los DDHH

PUNTO DE VISTA

NELSON NICOLETTI *
Una frase le alcanzó al secretario de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, Antonio Curciarello, para declarar en la Audiencia Pública del Capítulo Argentino sobre Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur que el robo de las aguas del Atuel por parte de Mendoza “es agenda de derechos humanos en La Pampa”, incorporando la lucha pampeana en defensa por sus ríos, entre los títulos de las conductas reprochables del Estado Argentino.
En la tristemente célebre Escuela Mecánica de la Armada, ex ESMA, donde funciona el Instituto Argentino de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos se realizó en estos días la Audiencia Pública convocada por el Parlasur para recibir las opiniones, relatos, denuncias e informes de asociaciones de la vida civil de Argentina, como la de algunos organismos oficiales y a una provincia invitada -La Pampa- a instancias de este parlamentario.
Creíamos que era importante exponer en el foro internacional, donde los países de la región siguen con interés la vida y la actualidad de nuestras provincias y países, las razones particulares que nuestro gobierno sostiene en materia de derechos humanos. Porque ha existido una línea coherente en este sentido desde de la recuperación de la democracia, en 1983, que, aún sin proponérselo, con sus altas y bajas, dudas y contradicciones nos permiten a treinta y cinco años mostrar con dignidad la posición colectiva pampeana sobre derechos humanos.
Ante un selecto auditorio de especialistas, académicos, funcionarios, víctimas y militantes de los derechos humanos de los países del continente, el funcionario provincial señalo y marcó dos hechos puntuales: la reivindicación y reconocimientos a los trabajadores prescindidos por la dictadura del 76 y la instrucción sumaria para investigar a la violación contra los derechos humanos de los pampeanos, ambos por decisión política del entonces gobernador Rubén Marín, como también la clara decisión política, hace poco, del gobernador Carlos Verna, de sostener por decreto “el feriado del 24 de marzo” cuando el Gobierno Nacional pretendió hacerlo “movible”.
Y en esa línea de hechos propios y contundentes se inscribe la denuncia que el robo de las aguas superficiales, para nosotros, los pampeanos, es también una violación a los derechos humanos.
El acierto de este aporte de Curciarello reafirma el dictamen que por unanimidad obtuvo el proyecto de este parlamentario en la Comisión de Desarrollo Sustentable por el cual el Parlasur declara que los Comités de Cuenca son la herramienta más eficaz y democrática para el manejo y administración de las aguas compartidas, en contraposición de la conocida actitud mendocina contaminada de injusticia e incomprensible egoísmo.
Me permito anotar entre las ganadas esta participación pampeana en el foro del bloque regional, para beneficio de la lucha por la defensa de nuestros ríos, una causa común que ya define nuestra identidad como provincia.

(*) Parlamentario del Parlasur.