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El Salitral, como hace medio siglo

LA SEMANA PAMPEANA

I – La noticia que publicó LA ARENA a principios de esta semana dando cuenta de la existencia de un asentamiento precario con toma de tierras por parte de familias sin techo en predios cercanos a la Laguna Don Tomás, impactó de lleno en el relato de los que dicen estar «haciendo lo que hay que hacer». Para los pampeanos interesados en entender lo que está pasando realmente con las políticas de ajuste que se descargan sobre la economía y sus sufridos actores de reparto (esto es, el 90% de los argentinos), la toma sumó argumentos para descreer de toda la parafernalia publicitaria de los que siguen prometiendo que «sacarán al país de 70 años de atraso».

II – La toma es un escándalo social, pero tuvo la virtud de poner blanco sobre negro el deterioro real de las condiciones de bienestar que la Argentina vivía antes del macrismo. El centenar largo de familias que se animaron a realizar la toma desafiando el frío y las leyes de propiedad, lo hicieron como respuesta al brutal abandono de las políticas de vivienda que desde hacía décadas tenía el Estado Nacional. Ni la dictadura cívico-militar se animó a tanto. Al contrario, fue durante ese gobierno que en La Pampa comenzaron a aplicarse políticas activas contra el crónico déficit de viviendas con sucesivos planes que llevaron la construcción social de casas a más de mil unidades por año.

III – Pero ese Estado que intentaba dar cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, y al mandato del preámbulo constitucional que ordena a los gobernantes «promover el bienestar general», dejó de existir el 10 de diciembre de 2015. La mitad menos uno de la población, el 49 por ciento, lo advirtió antes de las elecciones de ese año y actuó en defensa propia con su voto. A buena parte del 51 por ciento restante le costó algunos años caer en la cuenta de que las promesas eran parte de una campaña de mentiras que se fueron cayendo una a una. Hoy, luego de tres años largos de gestión, nadie tiene dudas de que este gobierno vino a terminar con el Estado como garante de cierto bienestar y se ha dado la misión de imponer un sistema de sálvese quién pueda y cómo pueda.

IV – En ese plan, las viviendas sociales no tienen cabida pues son un «gasto ineficiente» porque en su concepción, la eficiencia de un Estado no es la de garantizar un piso mínimo a los argentinos, sino la de garantizarle una tasa de acumulación de capital a los integrantes del complejo político-empresarial. La toma de tierras es una consecuencia directa de esa retirada del Estado de la política que año tras años, otorgaba viviendas dignas a familias de argentinos que, de otro modo, no podrían acceder a ella. Miles de familias tenían la certeza o la esperanza de que, en un año o en otro, les tocaría la posibilidad de ser beneficiarias de una casa de barrio. Hoy esa esperanza se ha terminado de diluir con la entrega de los últimos planes que el anterior gobierno había licitado. Ya no hay nuevos planes de viviendas para licitarse y los fondos que llegan a la provincia son suma risibles. Los planes de viviendas provinciales y municipales apenas si sirven de paliativo de un déficit cuya dimensión se mide con un número de cinco cifras.

V – Es esa pérdida de esperanza que en el presente más o menos cercano o en un futuro de algunos años el Estado cumpliría con su deber de garantizar el acceso a la vivienda, la que empuja a las familias santarroseñas a tomar esas tierras para iniciar allí la construcción de su moradas. Son pobres y, pese a su desesperación, intentaron no afectar derechos de propiedad o terrenos privados o públicos valiosos. Eligieron una porción del suelo urbano que nadie en su sano juicio elegiría como su lugar en el mundo. Hace solo dos años esas tierras estaban bajo el agua o en peligro cierto de inundarse. Son parte del viejo Salitral, la villa miseria de la Santa Rosa anterior al gobierno de José Aquiles Regazzoli cuyos ranchos y cuevas (donde vivían familias enteras) fueron erradicados con planes de viviendas del Estado en esos años.

VI – Por eso el nombre que eligieron los moradores del asentamiento, el Nuevo Salitral, golpea de lleno en la vergüenza de los santarroseños que todavía la conservan y que ven como, al compás del ajuste macrista, la sociedad pampeana está retrocediendo décadas. Para La Pampa el asentamiento es la prueba irrefutable de que el plan del gobierno nacional es retroceder a las condiciones sociales de hace medio siglo. Para hacerlo posible, es de temer, intenten también retroceder más de 70 años la historia política y retornar a las prácticas del «fraude patriótico» de la «década infame». (LVS)