El debate sobre la protesta social

Los debates en torno a la seguridad, una cuestión compleja que presenta muchas aristas, están hoy a la orden del día. En los últimos meses hubo varias discusiones en ese sentido: sobre el nuevo Código Penal, la lucha contra el narcotráfico o las medidas en la provincia de Buenos Aires contra los "motochorros".
Ahora comenzó otra discusión, más vinculada a lo social y político pero que igualmente se pueden situar dentro de ese gran abanico. Los diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto en el Congreso nacional que establece limitaciones y condiciones para las protestas públicas. En el texto de la iniciativa se precisa que todos aquellos organismos o sectores que quieran realizar una manifestación en un lugar público deberán informar a las autoridades 48 horas antes de llevarla a cabo.
Medidas como la propuesta no son una novedad en la Argentina. Ya se había adoptado una similar en la Ciudad de Buenos Aires. También se había planteado en otras oportunidades, sobre todo para aquellos piquetes que obstruyen el tránsito en esa ciudad y el conurbano bonaerense, hechos que ocurren con gran frecuencia para irritación de buena parte de la población. Esta metodología es utilizada por manifestaciones muy numerosas hasta por otras que involucran a unas pocas decenas de personas. El tema se reactualizó ahora por los piquetes que se organizaron en el último paro de la CGT opositora con la adhesión de organizaciones de izquierda y que inmovilizaron prácticamente a la capital argentina.
El corte de rutas y calles se convirtió en una medida para llamar la atención de los gobiernos, sobre todo cuando multitudes no podían hacer escuchar sus voces o no eran atendidos sus demandas esenciales. Así ocurrió, por ejemplo, con la enorme masa de desocupados que dejó la debacle de 2001. Según las voces que defienden el proyecto oficial, en la Argentina actual existe otra realidad social con respecto a la que impulsaba a muchos a exigir por sus derechos más básicos. Los cortes eran una manera de pedir trabajo o atención en una país con más del 20 por ciento de desocupación y más del 40 de pobreza.
Ahora el gobierno nacional alienta esta medida para restringir las manifestaciones, si bien afirma que "el derecho a la protesta está garantizado". La cuestión es cuándo es legítima y cuándo no una protesta que afecte a terceros. Cuál es el límite en los métodos, que muchas veces degeneran en actos de violencia, como se observó no hace muchos días en un corte de trabajadores portuarios que agredieron salvajemente -arrojándolo de un puente- a un hombre con discapacidad que circulaba en moto con su mujer embarazada y quiso pasar por ese lugar.
Legisladores del kirchnerismo, movimiento que abrevó de la gran movilización social post-convertibilidad, indican que más que una medida represiva, se trata de un proyecto de ley que promueve la "convivencia de las manifestaciones", que establece "medidas persuasivas en vez de represivas", y que "tampoco contempla penas específicas más allá de las que fija el Código Penal" para quienes cometan un delito cuando reclaman.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales, una institución prestigiosa que no puede considerarse, en absoluto, opositora al gobierno nacional, expresó su "preocupación" por la iniciativa y sostuvo que se trata de "un retroceso de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años". Y añadió: "La participación en manifestaciones y protestas no es un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos".
La cuestión a considerar es quién es el que define cuándo un reclamo es legítimo o no. O si es más importante el orden público que los derechos afectados en un determinado colectivo.