El Estado en busca de los recursos perdidos

I - Los legisladores pampeanos justicialistas en el Congreso Nacional resolvieron en la semana escindirse del bloque del Frente para la Victoria y conformar una bancada aparte dejando a aquél sin la primera minoría. La decisión obedece, claramente, a la distinta estrategia que los gobernadores peronistas se ven obligados a desarrollar en la relación con el gobierno nacional. A diferencia de los diputados del FpV cuya tarea opositora no tiene condicionamientos, los mandatarios provinciales la tienen acotada por su obligación de gobernar distritos que necesitan un relación de "toma y daca" con las autoridades nacionales que manejan la caja y la usan con un claro sentido político. La obra pública nacional en las provincias, los adelantos del Tesoro, los subsidios, la asignación de fondos específicos, etc. etc. son una parte sustancial de los recursos que los gobernadores peronistas esperan por encima de la coparticipación para garantizar cierta gobernabilidad en sus distritos. La única forma que tienen de arrancarle desde la oposición al presidente esos fondos es a través de la negociación. La presión que los legisladores provinciales escindidos pueden hacer es, pese a su menguado número, clave en la necesidad política del gobierno de dejar de gobernar por DNU y sacar leyes que le devuelvan la legitimidad republicana a un partido que, desde que asumió el poder nacional, ha tomado medidas por decreto aún en áreas donde le está vedado. Contar con esos votos es crítico al aproximarse a los cien días de gobierno que son, se sabe, un límite en el que, suele decirse, se termina el idilio con el electorado que comienza a medir con otra vara la repercusión de la gestión en el bienestar.

II - En la semana, los dos diputados del oficialismo nacional, aquí representados por el Frepam, coincidieron con el gobierno de la provincia en la urgente eliminación de la retención del 15 por ciento que reduce la coparticipación provincial en una cifra superior a los mil millones de pesos anuales. Los legisladores anticiparon que cuando se reinicie la actividad en el Congreso van a presentar un pedido de derogación del artículo 76 de la ley 26.078 que impuso a las provincias ese descuento con destino a la financiación del Anses. Ese descuento se remonta al Pacto Federal que el ex presidente Carlos Menem firmó con las provincias y en el que éstas cedían ese 15%. Los sucesivos gobierno prorrogaron de una u otra forma esa cesión pero la última, en 2006, se hizo sin aprobación legislativa en las provincias cuando la Constitución establece que asi debe hacerse.

III - Más allá de las particularidades legales, quedó claro en la semana que hay una coincidencia política en la provincia que unifica posiciones de oficialismo y oposición en torno a este punto. Para La Pampa no es un tema menor. Los planes de expansión de la economía y su diversificación e industrialización productiva, necesitan recursos que puedan financiarlos para acelerar ese proceso que, se coincide, está en la génesis del atraso pampeano. Las últimas medidas del gobierno nacional que mejoraron sustancialmente la rentabilidad de la economía agrícola y pastoril de la Argentina repercuten positivamente en las explotaciones agropecuarias de la provincia, y, sin dudas, representan una transferencia de recursos a un sector de la economía local que, no obstante, ha demostrado tener una limitada capacidad para dinamizar y diversificar la producción. La prosperidad del campo no se traduce sino acotadamente, en una mejora en las condiciones estructurales de la economía provincial. La transferencia de recursos hacia ese sector puede provocar una cierta prosperidad en los pueblos pero no mejora sustancialmente el empleo estable ni lo diversifica más allá del comercio y los servicios ligados a la actividad.

IV - En la semana se supo que el traspaso del acuífero, que en principio había despertado entusiasmo en las filas del gobierno municipal que asumía en la capital provincial, comenzó a despertar dudas sobre su conveniencia. Desde el gobierno provincial se urge a los ediles para que aprueben el convenio que fue girado para su tratamiento. Pero los concejales oficialistas creen que la transferencia obedece más a las urgencias de la empresa AdelC de reparar los desastres de Gualtieri en el acueducto que a las necesidades de la municipalidad santarroseña que, de perderlo, perdería el manejo de buena parte del abastecimiento de agua y una fuente de recursos. (LVS)