El gobierno nacional no modificará el Impuesto a las Ganancias

Para sostener políticas sociales, el Estado necesita recaudar fondos, pero no puede llamarse "inclusivo" un
modelo cuyo sistema impositivo se basa en los impuestos al consumo y en gravar casi con las mismas alícuotas, a los
salarios que a las grandes empresas.
IRINA SANTESTEBAN
Luego de la reunión entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y una delegación de la CGT oficialista, encabezada por su secretario general, el metalúrgico Antonio Caló, el gobierno ratificó que no tiene pensado modificar en lo inmediato ni el monto del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, cuarta categoría (salarios), ni las escalas que determinan el cálculo del porcentaje que deben pagar los asalariados que son alcanzados por el tributo.
En una entrevista el pasado lunes, en el canal América, el presidente de la Anses, Diego Bosio, explicaba al periodista Rolando Graña, que de la totalidad de los ingresos de ese organismo durante 2013, un 60,2%, 193.104 millones de pesos, provinieron de aportes y contribuciones, y el resto, 127.884,2 millones de pesos, correspondieron a impuestos coparticipables, de cuyo total, 15% tiene como destino a este organismo. A la vez, de los ingresos provenientes de los impuestos, un 17,5% corresponden al IVA (Impuesto al Valor Agregado) y un 16,6%, a Ganancias.
Esta es la explicación que sostiene hace años el gobierno de Cristina Fernández, para negarse a disminuir el impacto que ese tributo está teniendo, cada vez más, sobre los salarios del sector de trabajadores que mejores ingresos tiene, y que hoy alcanza a 1,5 millón de empleados formales. Constituye un 15% del total de la masa asalariada, y no guarda relación con las cifras que el mismo gobierno difunde, y que muestran que más de la mitad de los trabajadores perciben un salario promedio, a nivel nacional, de 6.500 pesos. De esta forma, el gobierno intenta plantear que quienes se quejan del impuesto a las Ganancias, serían algo así como una "élite laboral".

Pagar impuestos, pero ¿quiénes?
El diputado nacional Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, fuerza aliada al gobierno nacional, dice respecto a la política impositiva, que "es una herramienta de distribución fundamental. Junto con la salarial, son herramientas que los estados tienen para distribuir. En la Argentina se necesita una reforma tributaria profunda, porque el país tiene un sistema tributario regresivo que grava más al consumo que a la riqueza, entonces hay que hacer un cambio de concepto y definir un nuevo modelo impositivo".
De las propias declaraciones de Bosio, surge que el impuesto que más aporta a la Anses es el IVA, de carácter netamente regresivo, pues al pagarse junto con el producto que se adquiere, lo hace en la misma proporción, cuando compra un desocupado que un poderoso empresario.
La explicación del gobierno, aunque tenga su lógica -"si se reducen impuestos, no se puede aumentar las jubilaciones, ni afrontar las políticas sociales"- no resiste el claro análisis de Heller. No se cuestiona, por lo menos desde esta nota, que una parte de la recaudación impositiva se destine a la Anses, sea para mejorar los ingresos de los jubilados, sea para afrontar las política sociales. Lo que está en discusión es determinar a quién se le exige tributar, y en qué medida, para que el Estado pueda cumplir con su rol, y mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, además de cumplir con el pago de quienes aportaron toda una vida, y tienen derecho a un haber jubilatorio digno.

Actualizar montos y alícuotas.
En Córdoba, ocho gremios presentaron en septiembre del año pasado, una acción colectiva de amparo, para pedir al Poder Judicial que obligue al Poder Ejecutivo a actualizar tanto el monto del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que afecta los salarios, como las escalas que fijan las alícuotas de dicho tributo. Dicho amparo, patrocinado por el abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, fue rechazado por la Cámara Federal de Córdoba, y ahora ha sido apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rodríguez Villafañe afirma en dicha presentación, que si el mínimo no imponible se hubiera actualizado conforme el índice de Ripte (Remuneración Impositiva Promedio de los Trabajadores Estables), que es utilizado para la actualización de las deudas laborales, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, ese monto al momento de la demanda de amparo -septiembre de 2013- debería llevarse aproximadamente, a los 30.000 pesos. Y lo mismo plantea para el caso de la actualización de las escalas para el cálculo de las alícuotas, sin actualizar desde 1999, y que han llevado a que hoy, a la mayoría de quienes tributan el impuesto a las Ganancias, se les aplique la alícuota más alta, 35%. Es decir, un trabajador con ingresos por encima de los 120.000 pesos anuales, en bruto, luego de las deducciones de ley, aporta un porcentaje del 35% sobre lo que excede de ese monto, y en la misma proporción tributan Ganancias las grandes empresas y sus dueños, los empresarios con altísimos ingresos.
Por ello, sin necesidad de exigir, como hacen algunos dirigentes sindicales opositores, la eliminación del impuesto sobre los salarios, porque está bien que lo paguen quienes tienen altos ingresos (sin excepciones), el reclamo de actualización es correcto y además, congruente con la necesidad que expresa Heller, de que la Argentina tenga un sistema impositivo progresivo, para que paguen más, quienes más ganan, y más tienen.
De esta forma, aunque el Estado deje de percibir lo que hoy aportan la mayoría de ese 1,5 millón de trabajadores que tributan Ganancias, lo compensaría, o quizás recaudaría más aún, si por ejemplo se elevara la alícuota para los que tienen muy altos ingresos, o para las empresas que tienen grandes ganancias. Ejemplos en el mundo sobran, como en EEUU, donde esa alícuota llega hasta un 52% para las empresas con alta rentabilidad, o en los países del norte europeo, donde se aporta hasta un 62%. De esta forma, un tributo como Ganancias, tendría realmente un carácter progresivo.

Gravar la renta financiera.
Y más aún, si se extendiera la obligación de pagar Ganancias a aquellas actividades que hoy están exentas, como la renta financiera, la minería, etc., la recaudación aumentaría y notablemente.
El año pasado, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, anunció que el bloque oficialista estaba analizando la posibilidad de extender la obligación de tributar Ganancias al sector financiero, reconociendo que era uno de los que más ganancias tenían.
Los bancos en Argentina tuvieron el año pasado, una ganancia de 29.000 millones de pesos; y este año, sólo en el mes de enero, de 10.000 millones. Es a todas luces muy injusto que este sector no tribute Ganancias por las transacciones financieras, y sí lo haga un trabajador bancario o camionero.
Según el portal de Internet iProfesional, del 19 de julio del año pasado, si se hubiera aprobado una iniciativa como esa, que hubiera gravado con un 35% la renta financiera, se hubiera podido recaudar, a valores de ese momento, unos 17.000 millones de pesos. Ese valor hubiera representado entre un 1,8% y un 2,5% del total de la recaudación tributaria de 2012, según esta publicación.
Pero eso no ha sucedido, ni tampoco está en la agenda parlamentaria del oficialismo una reforma del sistema tributario como plantea Heller, que deje de tener el centro en el impuesto al consumo, a través del IVA, para llevarla hacia los sectores, como el financiero, de alta rentabilidad.

Reclamo de la CTA.
Para hoy está prevista una reunión del jefe de gabinete, Jorge Capitanich con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige Hugo Yasky, que reclamará la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias, para que deje de ser una injusticia y sea un "impuesto a los altos ingresos" y pedirá también el no descuento de este tributo en el aguinaldo. En base a un análisis del director del Centro de Estudios de la CTA, el economista Eduardo Basualdo, Yasky pedirá al jefe de gabinete la apertura de un debate sobre la necesidad de una amplia reforma del sistema tributario, para que quienes más tienen más paguen. Entre los reclamos que llevará hoy la central obrera están: la equiparación de las asignaciones familiares en todo el país, para evitar las desigualdades que hoy existen y que desnaturalizan el acceso a un derecho que debe ser universal; la convocatoria al Consejo del Salario y puesta en funcionamiento de la Comisión de Empleo, con un ámbito tripartito para un sistema de monitoreo permanente de la evolución de la conflictividad vinculada a suspensiones y/o despidos; y el adelanto, de manera excepcional, del aumento correspondiente al segundo semestre de la movilidad jubilatoria, como un paliativo para los jubilados cuyos ingresos se han visto erosionados principalmente por el aumento de los medicamentos y de los alimentos.