Elecciones 2019: dos proyectos en pugna.

En la próxima compulsa electoral nacional compiten entre sí diferentes concepciones que marcan de un profunda manera dos conceptos opuestos de país.
CARLOS MENDOZA
Lo que está fundamentalmente en juego en estas elecciones es la disputa entre dos proyectos de país y de gestión del Estado. Insertos, claro, en el capitalismo, pero bien distintos entre ellos, ya que responden a los intereses de diferentes clases y capas sociales.
Uno es el proyecto denominado neoliberal, en curso de aplicación por Cambiemos y aplicado anteriormente por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar y por Cavallo en el menemismo y en la Alianza.
El otro es el proyecto denominado industrialista o populista (con el significado positivo que le dio Ernesto Laclau a esa categoría) o también neokeynesiano, con antecedentes en los gobiernos de Yrigoyen, Perón y de Néstor y Cristina Kirchner.
Por supuesto hay intereses socioeconómicos y, por lo tanto, de clases y capas sociales detrás de cada uno de esos proyectos.
El proyecto neoliberal es impulsado por los sectores oligopólicos transnacionales y sus expresiones y socios subordinados locales. Fue lanzado mundialmente desde el llamado "Consenso de Washington" realizado en 1989 que, ante la crisis estructural y de tendencia permanente del capitalismo desde mediados de los '70, con su problema congénito de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia en las actividades industriales, comerciales y de servicios, se compensa esto impulsando la aplicación, en todo el mundo capitalista, de medidas gubernamentales que, básicamente, permitan la libertad absoluta para la circulación de los capitales y la repatriación de sus beneficios, favorezcan la especulación financiera como forma de redistribuir renta mundial en favor de los monopolios y aumenten la explotación de la fuerza de trabajo mediante la flexibilización laboral y la baja de salarios, para sostener la tasa de ganancia.

Proyecto industrialista.
El proyecto industrialista o populista interesa objetivamente a la clase asalariada (activa y pasiva), a los sectores burgueses vinculados al mercado interno (especialmente a la industria, a las economías regionales y particularmente las pymes y a vastos sectores de capas medias. Realza el rol central del Estado, como regulador y mediante su intervención directa o indirecta en áreas estratégicas, como la energía y los servicios públicos. Básicamente, impulsa la protección del mercado interno y la industrialización con aliento a la demanda, mediante la aplicación de regulaciones económicas sobre la tasa de interés, el tipo de cambio, la compra-venta de divisas, el comercio exterior, la fijación de precios, y otras medidas regulatorias. Todo lo cual conlleva aumentar la ocupación, el salario (estimulando las paritarias), las jubilaciones, las asignaciones familiares, la ayuda social a los sectores más necesitados, invertir en salud pública, educación pública y ciencia y tecnología e impulsar la obra pública. Para ello se requiere, entre otras medidas, percibir impuestos de los sectores de mayores ingresos, como ser impuestos más progresivos a las ganancias, a las rentas financieras especulativas, a las importaciones de bienes de lujo, a las grandes riquezas, a la herencia, la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias (como forma de impuesto a la renta de la tierra que perciben los terratenientes). Un asunto importante, que por ejemplo se verificó con el gobierno anterior, es que el aumento de los ingresos de los sectores populares aumenta la demanda y, como consecuencia, la actividad económica y con ello aumenta la recaudación fiscal, generándose así un círculo virtuoso.
Claro que si ahora viniera un gobierno que defienda los intereses de los sectores populares, se encontraría con una extraordinariamente pesada herencia. No solo por la recesión económica, la desindustrialización, el desempleo y la mucha mayor pobreza e indigencia, sino por el grave endeudamiento externo que dejará como destacadísimo legado el actual gobierno, cuyo peor componente no es tanto la importante deuda con el sector privado internacional sino nada menos que con el FMI.
Si con el sector privado se podría intentar imponer una restructuración de la deuda externa a la Néstor Kirchner (que logró el récord mundial de una quita de capital del 75%), con el FMI no se puede hacer más que renegociar la deuda de la mejor manera que se pueda, porque negar el pago o intentar imponerle una determinada reestructuración significaría someterse a sanciones económicas de EE.UU., la Unión Europea y Japón, nada menos.
Otra diferencia de gran importancia se refiere al tema de la Justicia, lo cual tiene intrínsecamente que ver con la democracia, ya que el neoliberalismo está demostrando que utiliza su clara hegemonía en los poderes judiciales de los países para hacer cosas como encarcelar opositores políticos, en los países donde gobierna este sistema, acusándolos de cualquier delito, manteniéndolos presos mientras se buscan pruebas, es decir sin condena, como viene sucediendo en nuestro país durante el gobierno de Cambiemos.

Los medios.
Otro asunto de gran importancia es el tema de los medios de comunicación. Mientras el neoliberalismo favorece su concentración en manos de los grupos oligopólicos, como ha hecho el gobierno de Cambiemos, el proyecto popular impulsa el pluralismo y la democratización de los medios, mediante leyes que impongan su desmonopolización. Un próximo gobierno popular debería, como mínimo, derogar el decreto de Macri que eliminó artículos fundamentales de la ley de medios votada de manera ampliamente mayoritaria por el Congreso durante el gobierno anterior y cuya constitucionalidad, es bueno recordar, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. (Extractado de Rebelión.Org).