Empieza larga marcha hacia un sistema bancario que sirva al desarrollo

El diputado Carlos Heller presentó su proyecto de ley para el sector financiero. En general parece una iniciativa loable, que por eso mismo generará mucha oposición de la otrora llamada "Patria Financiera".
EMILIO MARÍN
El 14 de febrero de 1977 la dictadura sancionaba la ley de entidades financieras numerada como 21.526. Fue inspirada por José A. Martínez de Hoz y llevó la impronta de Adolfo Diz, presidente por entonces del Banco Central.
Esa seudo ley, como las demás de ese tiempo de escarnio, se apoyó en la represión ilegal para pasar por encima de la oposición, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones populares.
Ni siquiera se salvaron de esa represión ciertos empresarios que molestaban en el camino de los monopolios. Los empresarios Gutheim fueron secuestrados para que firmaran la cesión de un negocio de exportación de algodón a favor del superministro de Economía. Del grupo Graiver, ya se sabe, se ocuparon las fuerzas de exterminio dirigidas por el general Ramón Camps.
Ahora que la Corte Suprema de Justicia falló en contra del indulto con que Carlos Menem había beneficiado a Martínez de Hoz, sería oportuno que la vindicta pública llegue por partida doble. Por un lado, que "Joe" rinda cuentas ante la justicia por esos secuestros de empresarios, en la causa judicial que lo procesaba junto al dictador Jorge R. Videla y Albano Harguindeguy. Y que, por el otro, el país anule la ley bancaria de marras. Después de 33 años, es tiempo.
Rodrigo López, Investigador del Cefidar, afirma en "Lucha política": "desde 1977 el péndulo financiero quedó quieto, a la derecha, con máxima expresión en la convertibilidad. Hoy el argentino sigue obedeciendo a Videla y Martínez de Hoz en cómo debemos organizar nuestro crédito".
Y ese es el mérito de la iniciativa presentada el lunes 26 por Carlos Heller y el bloque de Nuevo Encuentro, en el salón José Luis Cabezas, de la Cámara de Diputados. Propuso otra norma, para barrer con la parida por la dictadura militar-cívica.
El proyecto se titula "Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros" y era una promesa de campaña de Heller cuando fue candidato en la Capital. Debe haber sido el único candidato a legislador que se ocupó del tema, mientras Gabriela Michetti trataba de embellecer el desastre macrista y Pino Solanas criticaba más al gobierno nacional y a Heller que al PRO del jefe de gobierno de la Ciudad.
Los objetivos de la norma serían tres: considerar al sistema bancario un servicio público con regulación del Estado; poner en el centro al usuario y no a las entidades financieras que lo han digitado hasta ahora; y redireccionar el crédito hacia la inversión y la producción antes que a la especulación y el consumo. Se podría agregar un cuarto fin: que se tenga en cuenta a las Pymes y a las regiones postergadas del Noroeste y Noreste a la hora de los créditos, a diferencia de lo sucedido hasta hoy cuando lo hegemonizan un puñado de grandes empresas y cinco provincias.

Cambiar de una buena vez.
No es que la vieja norma de la dictadura se mantenga igual a su texto original de 1977. Como ocurría con la vieja ley de radiodifusión 22.285, también aquella sufrió varias modificaciones. Ocho leyes y ocho decretos introdujeron cambios; a saber: Ley Nº 22.529, sancionada el 22.01.82; Ley Nº 22.871, sancionada el 08.08.83; Ley Nº 24.144, sancionada el 23.9.92; Decreto Nº 1860 del 13.10.92; Decreto Nº 1887 del 15.10.92; Decreto Nº 146 del 31.01.94; Decreto Nº 13 del 04.01.95; Ley Nº 24.485, sancionada el 05.04.95; Ley Nº 24.627, sancionada por el 21.02.96; Decreto Nº 1311 del 22.10.01; Decreto Nº 214 del 03.02.02; Ley Nº 25.562, sancionada el 23.01.02; Decreto Nº 248 del 06.02.02; Decreto Nº 738 del 05.09.03; Ley Nº 25.782, sancionada el 01.10.03; Ley Nº 26.173, sancionada el 22.11.06.
Como se advierte por las fechas de sanción, once de las modificaciones fueron en los gobiernos de Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde; en particular en los dos primeros tuvo un rol protagónico Domingo Cavallo, además de Roque Fernández y José L. Machinea, evidenciando el predominio del neoliberalismo en esas reformas.
Y mucho más importante que eso, la práctica demostró que el sector financiero siguió con sus prácticas usureras, de prestar poco y mal, de fomentar la fuga de capitales, participar de los negociados de privatización y préstamos para la exportación y reprimarización de la economía, acentuar la extranjerización de la economía en general y la banca en particular, etc.
Los bancos prestaron a tasas usureras al gobierno, por lo que éste pidió nuevos préstamos y refinanciaciones, engordando la deuda públcia; pisaron ahorros y entregaron papelitos; hasta impusieron un corralito y un corralón que desembocaron en la gravísima crisis política de diciembre de 2001, donde al cabo de las protestas sociales se contabilizaron 39 muertos en todo el país. A todo eso, de los 34 bancos públicos habían quedado 12; el resto se privatizó.
No vaya a creerse que con esos parches la vieja ley de bancos funcionó bien. La concentración de depósitos es aún alevosa en los primeros diez puestos del ranking: hay tres oficiales (Nación, Bapro y Ciudad), extranjeros como Santander, Río, HSBC y el Citi, y privados nacionales como Macro, Galicia y el Credicoop.
El negocio está concentrado. Tomás Lukin sostuvo que "en la actualidad, el 85 por ciento de las filiales de los diez bancos más grandes está concentrado en tan sólo cinco provincias: Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza" (Página/12, 6/4).
Ese "top ten" tiene el 77 por ciento de los depósitos y préstamos, y el 60 por ciento del patrimonio de todos los actores del negocio.

Será más duro que con la 125.
Ese panorama arroja más cifras contundentes: "Los bancos ganaron un 68 por ciento más durante el año pasado", titulaba LA ARENA el 22 de febrero pasado. En plata significó 8.048 millones de pesos, un 68,6 por ciento más que en 2008, para ser exactos.
Esas ganancias no vienen de prestar a toda la gente en todo el país ni para inversiones productivas. La crema de entidades presta a altas tasas a ciertas empresas, particularmente al club de las exportadoras; y para financiar el consumo y las tarjetas de crédito. Las Pymes, ciertas zonas del país (las que el neoliberalismo consideró "provincias inviables") y las empresas recuperadas por los trabajadores o cooperativas, no ven ni un crédito.
Los indigentes directamente no califican ni para las ofertas. "La Nación" del 2 de enero pasado publicó: "Los bancos excluyen de sus promociones a los más pobres; Los descuentos con tarjetas no se aplican a quienes cobran la asignación por hijo dada por el Gobierno".
Ante ese panorama, es loable que la bancada de Nuevo Encuentro haya presentado su proposición de nueva ley financiera, una vieja deuda de la democracia, como se supo decir también sobre la ley de medios.
Y es un dato positivo tener a Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, porque siendo diputada había presentado en 2007 un proyecto de nueva Carta Orgánica del Banco Central.
La economista se reunió a principios de abril pasado con los titulares de bancos, para plantearles exigencias estatales de que los privados abran más sucursales en el interior. Esto por el déficit de filiales ya apuntado.
Pero los banqueros podrían cumplir sólo formalmente, abriendo mostradores que no ofrezcan ningún préstamo nuevo sino que se ocupen de cobrar impuestos. La ley impulsada por Heller está pensada para darle más poder al Estado, al definir la actividad como "servicio público".
De cualquier modo hay que saber que reformar en términos sustanciales el negocio financiero actual desatará una oposición feroz de los empresarios extranjeros y nacionales que son los pesos pesados del sector. Y eso a pesar de que no se está planteando una solución de fondo, una reforma casi revolucionaria como sería la estatización del sistema financiero, sino algunos cambios importantes. Estos se comprometen a respetar los capitales concentrados tal como se amasaron desde el paraíso de Martínez de Hoz con los campos de concentración del Proceso.
Pero no hay que hacerse falsas ilusiones. La "Patria Financiera" se opondrá al sentido de los cambios propuestos y tratará de armar una oposición empresarial, política y mediática más fuerte y ruidosa que la armada por la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace en 2008. Así como Clarín va a la SIP, los bancos irán a Nueva York, al FMI, Banco Mundial, Club de París, Comité de Basilea y Grupo de los 20. Hasta la Corte de La Haya no paran...