Empresarios también van a juicio por delitos de lesa humanidad

Argentina está a la vanguardia del juzgamiento de delitos contra los derechos humanos. Lo bueno es que también están imputados numerosos civiles, entre ellos de la justicia. Empresarios también empiezan a ir a juicio por esos delitos.
EMILIO MARIN
Las políticas de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tienen reconocimiento de los organismos de derechos humanos y la sociedad argentina. Es reconocimiento, obvio, no incluye a la fracción más comprometida con la violación de esos derechos. El genocida Jorge R. Videla, luego fallecido en prisión, dijo que su peor momento llegó "con los Kirchner".
Esa muy buena nota tuvo un aplazo con la promoción al máximo escalafón del Ejército del general César Milani, investigado en tres causas por violaciones a los DDHH (una en Tucumán y dos en La Rioja). Es una grave contradicción kirchnerista que no anula el sentido general en la materia, positivo.
En la primera semana de abril comenzó un nuevo juicio por violación a los derechos humanos en Salta, el quinto de esa provincia. Y ya son 13 los procesos en marcha en todo el país: Capital Federal (3), Córdoba, Jujuy, Neuquén, La Rioja, San Luis, La Plata, Rosario, Mendoza; en la Capital Federal y Entre Ríos hay otros dos que tienen la modalidad de juicio "por escrito".
Además hay un Jury en la provincia de Buenos Aires contra el juez federal de Mar del Plata, ahora suspendido, Pedro F. Hooft, acusado de delitos de lesa humanidad. Este caso conecta con otra buena noticia. El juicio de Mendoza se realiza contra 41 imputados, entre ellos los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra. Otros funcionarios judiciales están acusados en los juicios de Mar del Plata, Chaco y La Rioja.
Como el "Proceso de Reorganización Nacional" fue de los uniformados y los civiles, expresados por Videla y José A. Martínez de Hoz respectivamente, era lógico que se sentara en el banquillo de los acusados a unos y otros. Lamentablemente los que visten con caros trajes y zapatos de marca no han sido tan imputados ni tan condenados como los militares y policías, pero en el último tiempo empiezan a ser indagados y algunos ven sus causas elevadas a juicio. Es un progreso.

Bastante tarde en Tribunales.
La prolija estadística de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sostuvo en la víspera del 38° aniversario del golpe de Estado que hasta el momento los condenados son 520 represores, de los que 114 tienen condena firme. Los procesados suman 1.135, en su mayoría ligados al aparato represivo de la dictadura. Hay más juicios ya culminados, por lo general con condenas: en 2013 concluyeron 24 juicios y en 2014 otros 17. Como quedó dicho hay 13 nuevos procesos en marcha por lo que cabe deducir que la cifra de 520 condenados pronto se habrá desactualizado.
Si bien el lote de civiles cómplices del genocidio es bastante amplio, se avanza en las causas con mayor lentitud, según la palabra autorizada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Por ejemplo, informó que son 297 los civiles investigados por su intervención en esa clase de delitos, lo que supone un 13 por ciento del total de 2.239 imputados. La entidad presidida por Horacio Verbitsky saca más elementos para calificar a la dictadura de "cívica-militar" (el cronista, tratándose de esa dictadura, prefiere invertir los factores: militar-cívica, pero la inversión de los factores no altera el producto).
El CELS alertó sobre la lentitud que caracteriza a los procesos cuando están acusados los ex jueces. Señaló que éstos son alrededor del 20 por ciento de los imputados civiles, por lo que es falso aseverar, como aún se escucha en Tribunales, que la participación de la justicia en los años de terrorismo de Estado "no fue orgánica". Sí lo fue, dijo su informe, basándose en el rechazo masivo de los habeas corpus de los familiares de los desaparecidos, las costas a su cargo, el archivo de las actuaciones y la falta de solicitud de las medidas de prueba.
El condenado ex juez Víctor Brusa, de la provincia de Santa Fe, es casi una excepción. Ojalá que los ex camaristas y jueces de Mendoza hagan engrosar la lista de ex funcionarios condenados por su participación en hechos de aberrante represión. Sería una forma práctica y política de democratizar la justicia, quizás más a fondo que los seis proyectos que había votado el Congreso a propuesta de la presidenta de la Nación y que fueron frenados por la Corte Suprema de Justicia.

Podio de tres.
Los que la venían "sacando muy barata" eran los empresarios -generalmente monopolistas- que fueron sostenes de la dictadura y beneficiarios de muchas de sus medidas y leyes más importantes, como las de inversiones extranjeras y la de entidades financieras. Lamentablemente estas dos siguen vigentes, aún con modificaciones que no alteraron sus esencias ni sus consecuencias negativas directas en la vida económica del país.
Como se sabe, Martínez de Hoz murió penalmente "inocente" a pesar de haber sido el ideólogo de la dependencia, la destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en la industria y actividades productivas, el endeudamiento externo y el modelo de valorización financiera que tanto apoyaron las cámaras patronales, en especial las de banqueros y la Sociedad Rural. Achicar el Estado es agrandar la Nación, decía ese culto banco-ruralista.
De todas maneras hay tres empresarios que pueden dar por seguro que estarán en el podio de los primeros condenados en las causas. Dos ya están procesados y un tercero, imputado.
Los procesos más avanzados son contra Carlos P. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma (y otro directivo, Alberto Lemos), por 29 secuestros y desapariciones en Libertador San Martín (Ledesma-Jujuy). Se trata de dos causas paralelas, vinculadas con la represión ilegal conocida como "La noche del apagón", de 1976. La Cámara Federal de Salta confirmó esos procesamientos y ahora se aguarda que el juez federal Fernando Poviña eleve dichas causas a juicio.
A Blaquier le puede disputar el cetro otro empresario norteño, Marcos Levin, ex propietario de la empresa de transporte de colectivos La Veloz del Norte. En marzo pasado el juez federal Leonardo Bavio elevó a juicio la causa que lo involucra junto a tres policías, uno de ellos titular por entonces de la Comisaría 4° de Salta. Torturaron a una veintena de trabajadores de La Veloz en dicha comisaría, que funcionaba en 1977 como centro clandestino de detención, y los obligaron a firmar declaraciones donde se responsabilizaban de un supuesto fraude contra la empresa. Así La Veloz se sacaba de encima a empleados molestos y se evitaba pagar indemnizaciones y juicios...

"Gaceta Marinera".
El otro empresario que ya debió comparecer dos veces ante la justicia, eso sí, con un retardo de casi cuatro décadas, es Vicente Massot, director del pasquín La Nueva Provincia de Bahía Blanca (alias "Gaceta Marinera" por sus tupidos vínculos con la Armada en tiempos masseristas).
Massot en sus años mozos, armas en mano, intimidaba a los trabajadores gráficos de su empresa, dos de los cuales fueron marcados, secuestrados y asesinados: Enrique Heindrich y Miguel Angel Oyola. Coherente con su paso fundador de las revistas neonazis Cabildo, El Fortín y Restauración, Massot, con su hermano y su madre, fueron voceros mediáticos de la dictadura. Ellos también editorializaban que estaban "en guerra".
Años más tarde, Massot fue viceministro de Defensa durante el menemismo y en 1993 debió renunciar por haber justificado públicamente la tortura. Había propuesto el ascenso de dos marinos torturadores y genocidas de la ESMA, Rolón y Pernías.
Cuando murió su gran referente político, el ex almirante Emilio Eduardo Massera, Massot escribió un editorial que culminaba de esta manera: "La muerte del almirante Massera ha despertado la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Unos y otros parecen no darse cuenta que prolongan así la pasada guerra civil. Massera, cargado de años y con la experiencia de su derrota política a cuestas, hacía ya tiempo que había dado por terminada dicha contienda. En ello demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra".

Pérdidas y ganancias.
Era hora que algunos de esos personajes empresarios y de los medios, camaristas y personajes de la iglesia (éstos en muchísima menor medida) hayan empezado a pagar por su actuación en el Proceso.
Lo lamentable es que en algunos casos, mientras tienen problemas con la justicia siguen ganando fortunas en una economía concentrada, con monopolios y banqueros tomando la parte del león.
Blaquier afronta esos dos procesos en Jujuy, pero al mismo tiempo su floreciente emporio, Ledesma, informó a la bolsa el 10 de abril que su último balance trimestral, cerrado el 28 de febrero pasado, le dio una ganancia de $85,2 millones.
Y los bancos, amparados por la ley de entidades financieras de 1977, ganaron en 2013 29.169 millones de pesos; en primer término tuvieron beneficios los bancos extranjeros y en segundo lugar los privados nacionales.
Hacer justicia con los genocidas es muy necesario. Quitarles los privilegios y posiciones dominantes a los socios de la dictadura, también. Carlos Heller viene proponiendo desde 2010 anular la ley de bancos de 1977, infructuosamente...