Empresas mineras avanzan en Haití apoyadas por el Banco Mundial

DESPUES DE LA DEVASTACION, LAS MULTINACIONALES

La isla es un ejemplo de cómo avanzan las multinacionales tras el oro y otros minerales sobre Latinoamérica. Denuncian que se quiere imponer una ley para la expansión masiva del sector minero apoyada por el Banco Mundial. Mientras, la población que todavía sufre las consecuencias del terremoto.
Carey L. Biron*
Una crisis política obligaría a disolver el parlamento de Haití, mientras organizaciones no gubernamentales (ONG) haitianas temen que el presidente Michel Martelly aplique por decreto un controvertido proyecto de ley sobre la minería redactado con la ayuda del Banco Mundial.
El proyecto comenzó a redactarse en 2013 con la asistencia técnica del Banco Mundial. Seis organizaciones haitianas presentaron el día 7 de enero una apelación formal a la oficina de quejas del organismo multilateral con sede en Washington en la cual expresan su preocupación porque la iniciativa legislativa no fue sometida al proceso de consulta pública que el propio banco suele exigir en sus políticas de desarrollo.
El objetivo del proyecto de ley sería la expansión masiva del sector minero, allanando el camino al ingreso de empresas extranjeras interesadas en los importantes yacimientos de oro y demás minerales del país en las Antillas.

Sin supervisión.
“Los líderes comunitarios… alientan a las comunidades a pensar críticamente sobre el ‘desarrollo’, y sencillamente a no aceptar los proyectos definidos por forasteros”, señaló Ellie Happel, abogada de Puerto Príncipe que asesoró en la apelación. “Estos proyectos suelen fracasar. Y, en el caso de la minería de oro, los habitantes aprenden que… pueden amenazar su propia forma de vida”, añadió.
El proceso de permisos para la extracción minera en Haití es engorroso y burocrático. Pero la iniciativa legislativa actual omitiría del todo la supervisión parlamentaria, e incluso cesaría el requisito de que las condiciones de los acuerdos se publiquen, según un borrador filtrado en julio.
Los detractores del proyecto temen que esta flexibilización, junto con la debilidad del gobierno de Haití para garantizar la supervisión de las empresas, puede generar problemas socioambientales, particularmente perjudiciales para una economía fundamentalmente agraria.
Además, está en duda si la explotación de esta riqueza mineral beneficiará a la población empobrecida de 10 millones de habitantes.
“La participación del Banco Mundial en la elaboración del Proyecto de Ley de Minería presta credibilidad a la ley, lo cual probablemente fomente la inversión en el sector minero de Haití”, sostiene la queja presentada ante el banco.
El “incremento de la inversión” provocará “la contaminación de vías navegables vitales, impactos en el sector agrícola y el desplazamiento involuntario de poblaciones. A los denunciantes también les preocupa la exclusión del pueblo haitiano del proceso de reforma legislativa, sobre todo cuando se contrasta con la participación… del sector privado”, destaca.

Un proceso poco transparente.
La queja se produce cinco años después del devastador terremoto que azotó a Haití y en un momento en que la inestabilidad política amenaza los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo tras la catástrofe. Dado que las elecciones se han postergado durante más de dos años, este martes 13 finalizó el período de funciones de tantos legisladores que el parlamento se quedó sin quórum.
El domingo 11 el presidente Martelly indicó la inminencia de un acuerdo, pero al parecer la oposición de izquierda no integra el mismo, y esta advirtió varias veces que el mandatario tiene previsto gobernar por decreto.
El “gobierno haitiano estaría preparado para adoptar el Proyecto de Ley de Minería por decreto, al margen del proceso democrático”, advierte la queja presentada al Panel de Inspección del Banco Mundial por seis grupos de la sociedad civil congregados en el Kolektif Jistis Min (Colectivo Justicia en la Minería). Aunque se supere la crisis política, la inquietud por el proyecto legislativo persistirá.

Apelación.
El Colectivo Justicia en Minería, que representa a unos 50.000 haitianos, redactó la apelación después de que el proyecto se filtrara en julio en su versión en francés, ya que el mismo no fue publicado formalmente ni traducido al criollo haitiano, la lengua más hablada en el país.
“El proceso ha sido muy poco transparente. Un pequeño grupo de expertos del Banco Mundial y de funcionarios del gobierno haitiano redactaron esta ley”, explicó Sarah Singh, directora de apoyo estratégico de Accountability Counsel, una organización que brinda asistencia jurídica y que ayudó con la redacción de la apelación.
“Tuvieron dos reuniones que fueron solo para invitados y en francés, donde la mayoría de los asistentes eran inversores privados y algunas ONG grandes. La respuesta del banco a la queja de que hubo falta de consulta ha sido que la responsabilidad es del gobierno”, añadió.
El Colectivo Justicia en Minería sugiere que esta falta de consulta incumple las directrices socioambientales que rigen las inversiones del Banco Mundial y que exigen una evaluación ambiental del sector entero, algo que la sociedad civil local reclama.

Asistencia técnica.
La evaluación se acompañaría de un debate público en torno a sus conclusiones y a la función que la minería a gran escala ejercería en el desarrollo de Haití.
Sin embargo, el Banco Mundial no está invirtiendo en la minería de Haití y no queda claro si se requiere la asistencia técnica de la institución para cumplir con sus políticas de garantía. En una carta fechada el 26 de noviembre, el banco aseguró que su participación en la redacción de la ley se limitó a compartir las mejores prácticas internacionales.
Pero en opinión de Singh y otros, las garantías se aplican a este caso, especialmente teniendo en cuenta el alcance del proyecto de ley.
“Esto cambiará todo el régimen legal. La idea de que el banco pueda hacer eso y no aplicar las garantías parece sumamente problemático”, observó.
Una portavoz del Banco Mundial confirmó que el organismo tiene un mes para responder a la queja, tras lo cual la junta directiva del banco decidiría si amerita una investigación.

Moratoria legislativa.
La prospección de minerales creció mucho en el último lustro en Haití, aunque ninguna compañía trascendió esa etapa aún. En 2012, cuando el gobierno aprobó el primer permiso de minería en años, el parlamento se opuso y emitió una moratoria no vinculante a las extracciones en general hasta que se realizara una evaluación del sector.
Desde su independencia en el siglo XIX, varias empresas extranjeras explotaron el oro de Haití en lo que fue una “experiencia negativa, incluso catastrófica”, según un comunicado del Colectivo Justicia en Minería tras la filtración del proyecto legislativo en julio.
“La explotación minera no ha contribuido al desarrollo de Haití. Por el contrario, la historia de la explotación del oro está caracterizada por la sangre y el sufrimiento desde el principio”, denuncia el comunicado.
“Si tenemos en cuenta la importancia y las posibles consecuencias de la explotación de minerales, observamos este cambio en la ley como una especie de escándalo que puede facilitar el saqueo, sin que la gente esté al tanto de las consecuencias”, agregó el colectivo.

Promesas incumplidas.
Mientras la ley a favor de las mineras multinacionales avanza, el país todavía sufre las consecuencias del devastador terremoto que sufriera hace cuatro años. El 12 de enero de 2010 un sismo de 7.0 grados de magnitud mató en Haití casi 25.000 personas, colapsó casi 500.000 edificaciones -dejando 1,5 millones sin techo- y se desató la destrucción generalizada. El costo estimado de los daños solo al sector de la vivienda casi alcanzó 2.500 millones de dólares.
Cuatro años después, unas 200.000 personas todavía están varadas en los campamentos. Apenas se construyeron 7.515 nuevas viviendas permanentes, mientras que se repararon 27.000 y unas 55.000 familias recibieron un único pago de unos 500 dólares para dejar los campamentos.
Pero ahora, esas familias “enfrentan otra crisis de vivienda, pues su subsidio de vivienda se agota”, concluyó un estudio del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, con sede en Washington.
Un plan del gobierno de Estados Unidos para construir 15.000 nuevas viviendas redujo sus objetivos en alrededor de 80 por ciento, según el Centro de Investigación en Economía y Política. Ahora el plan es construir solamente 2.500. Aunque la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) construyó unas 900 casas en Haití, decidió discontinuar esa actividad.
En general, de los 6.430 millones de dólares desembolsados por donantes bilaterales y multilaterales a Haití entre 2010 y 2012, apenas 9 por ciento pasaron por el gobierno haitiano. El resto fue directamente para contratistas extranjeros.
“Realmente es un negocio redituable para los contratistas estadounidenses ganar dinero a partir de este desastre”, dice Dan Beeton, del Centro de Investigación en Economía y Política. “Esta fue una oportunidad de convertir un desastre en algo que podría beneficiar a los haitianos al reconstruir su propio país, pero simplemente los pasaron por alto”, agrega.

Enfermedades.
En tanto, no resulta sorprendente los residentes del campamento teman contraer alguna de las varias enfermedades originadas en la mala calidad del agua que afectan a Haití, particularmente el cólera. Estudios realizados por varias autoridades, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, sostienen que la bacteria ingresó a territorio haitiano con los soldados nepaleses que integran la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), de 9.500 miembros.
Introducida en el país en octubre de 2010, hasta la fecha la enfermedad ha infectado a casi 700.000 personas y matado a casi 8.500 de ellas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, todavía aproximadamente dos personas mueren por día de cólera. Aunque agencias de la ONU consideran que se trata de una epidemia y una crisis humanitaria, hasta ahora el foro mundial ha rechazado demandas de compensación.
“El cólera y la vivienda son ignorados, pero van juntos”, dice Beeton. “No hay agua limpia, así que la enfermedad se propaga. La (no) erradicación del cólera es también falta de voluntad política”, asegura.
La ONU tiene 18 entidades, incluida la Minustah, operando actualmente en Haití. Ellas colaboran con aproximadamente 43 grandes organizaciones no gubernamentales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno y cientos de agencias más pequeñas.
Sin embargo, el financiamiento reducido ha menguado la ayuda humanitaria, aunque el presupuesto de la Minustah sigue siendo alto, de casi 577 millones de dólares para el período julio 2013-junio 2014.
“La Minustah es un despilfarro de dinero, porque en Haití no hay ningún conflicto armado y en cambio el dinero podría gastarse en poner fin a la epidemia de cólera que iniciaron sus efectivos”, opina Beeton.

*Periodista. Inter Press Service