En la encrucijada

El intendente de Eduardo Castex, Darío Balsa, se declaró culpable del delito que le imputaban a fin de acogerse a los beneficios de la probation y evitar la condena y el antecedente penal. De tal modo aceptó que, en el ejercicio de su profesión como médico, falsificó la firma de un paciente para cobrar en forma fraudulenta varios bonos de consulta a una conocida prepaga cooperativa.
El funcionario puede haber sorteado con esa estrategia la persecución judicial, pero ahora tiene ante sí un problema nada menor, esta vez de naturaleza política: debe rendir cuentas ante quienes le confiaron el voto y, más todavía, ante toda su ciudad ya que desde junio pasado cuando el jefe comunal titular, Julio González, fue designado al frente del Ministerio de Seguridad él lo reemplazó en la conducción de la municipalidad.
No es solo un problema de conciencia el que debe asumir. Lo sería si solo estuviera ejerciendo su profesión. Pero hoy es la máxima autoridad política de una de las más grandes poblaciones del interior pampeano y, como tal, el que debe observar el cumplimiento de la ley de todos los contribuyentes. Qué autoridad -política y personal- puede mostrar con este antecedente al haber admitido que cometió un delito en perjuicio de un paciente. Desde luego, en tiempos en que el país se encuentra sacudido por casos de corrupción de mucha mayor magnitud, este caso puede parecer insignificante. Sin embargo no es la escala del ilícito la que define la situación de las personas ante la ley. La responsabilidad es ineludible en todos los casos aunque el monto de la pena que aplique la Justicia sea proporcional al daño provocado.
Hay además otro aspecto que tampoco puede eludir el intendente y que, como dirigente político, debería considerar. A menos de un año de las próximas elecciones su caso pasó a constituir una notoria debilidad para su propio partido, el justicialismo, circunstancia que no va a dejar de aprovechar la oposición en su afán legítimo de acceder al gobierno de la ciudad.
Cuando el intendente decidió que le convenía acogerse a la probation para mejorar su defensa ante los tribunales ¿evaluó también su situación política? Esta es la pregunta que hoy debe estar circulando por las calles de Eduardo Castex.

Informar sin demora
La explosión del gasoducto que corre paralelo a la ruta nacional 151 conmocionó a los habitantes de la cercana localidad de Puelén. “Las casas y los vidrios temblaron”, dijeron los pobladores y por fortuna nadie circulaba por la carretera al momento del siniestro. El enorme cráter que se generó en torno del tramo colapsado es otra muestra de la energía que liberó el estallido.
No se recuerda en nuestra provincia un accidente de tal magnitud en el sistema de transporte de gas natural y el hecho de que ocurrió en una zona con baja densidad poblacional no debería ser excusa para subestimarlo. Hay ramales a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, algunas de sus trazas están dispuestas muy próximas a rutas con alto tránsito e incluso llegan a las cercanías de centros urbanos mucho más poblados en el sector este de la provincia.
Ante esta situación los funcionarios del Enargas y los directivos de la empresa responsable del uso y mantenimiento del gasoducto colapsado deberían informar sin demora no solo a las autoridades provinciales sino también a la población. Se entiende que una investigación de las causas va a tomar tiempo y que hoy es prematuro para ensayar hipótesis, pero la información veraz es la única herramienta para evitar el rumor y el miedo, dos enemigos de la seguridad pública.
Quienes viven o circulan en cercanías de las redes que conducen a alta presión un combustible altamente inflamable no pueden ignorar si hubo errores de manejo, fallas de mantenimiento o fatiga del material entre tantas otras causas que determinaron semejante explosión.