En San Juan la Barrick Gold no derrama riquezas sino cianuro

La minera canadiense es noticia cada tanto por sus derrames de cianuro en ríos sanjuaninos. Los hubo en septiembre de 2015 y mismo mes de este año. Ya acumula cinco causas penales. No derrama inversiones y riqueza sino contaminación.
EMILIO MARÍN
La última vez -bueno, por ahora la última, pueden seguir otras- que la minera tuvo que admitir derrames de sustancias tóxicas en su emprendimiento Veladero, en la alta montaña sanjuanina, fue el 8 de septiembre pasado. Cuando estas cosas suceden, la población se entera rápido porque los empleados mandan mensajes a sus familias para que no consuman agua. Eso se masifica en las redes sociales, luego en los medios de prensa y ambientes políticos, comenzando por los sectores ambientalistas, y finalmente llega la mini-confirmación empresaria.
El cronista dice "mini", porque Barrick suele ir admitiendo lo sucedido de menor a mayor, para cubrir la gravedad de lo sucedido. En cuanto al derrame del 13 de septiembre del año pasado, primero dijo que la solución cianurada vertida fue de 15.000 litros y que no había llegado al río. En una segunda comunicación llevó la cuenta a 200.000 litros que sí habían bajado hasta las aguas. Y en el tercer intento se acercó a la verdad, redondeando hasta un millón de litros de aquella mezcla de agua y cianuro. Este veneno es empleado para obtener el oro y separarlo de la roca en un proceso llevado adelante en el llamado valle de lixiviación.
Los asambleístas de Jáchal llevan la cuenta de tres derrames anteriores. Los hubo el 31 de julio y 29 de noviembre de 2011, y el 22 de marzo de 2012, que fueron ocultados a la sociedad y una vez descubiertos se los estimó en cantidades ínfimas.
Luego vinieron los más grosos, el 13 de setiembre de 2015 y 8 del mismo mes del año en curso, que fueron gravísimos, sobre todo el del año pasado y que motivaron cuatro causas penales en contra de la firma canadiense. En 2015 hubo superposición de denuncias, en la justicia provincial en el juez de Jáchal, Pablo Oritja, y en la justicia federal, en Sebastián Casanello: Finalmente la Corte Suprema de Justicia resolvió que la causa quedara en el magistrado sanjuanino, invocando la competencia que surge de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos
Por eso la quinta causa, iniciada en septiembre pasado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, de Leopoldo Rago Gallo, por el ministro macrista poco versado en medio ambiente, Sergio Bergman, puede terminar unificándose en el despacho de Jáchal. Si eso ocurre muchos tendrán el derecho a sospechar que Bergman no bajó a San Juan con ánimo de colaborar con el esclarecimiento del derrame sino a demorar las cosas y tratar de salvar la responsabilidad de su cartera y de su jefe político.
La apertura de tantas causas revela un aspecto del problema: la megaminería practicada por la firma extranjera no tiene nada de "sustentable", que es el maquillaje adoptado por el capital trasnacional y los gobiernos amigos para embellecerla ante la mirada crítica de la sociedad. Más allá de los aspectos tribunalicios, que han sido benignos o impotentes para cortar la contaminación, lo que importa es la voluntad del poder político concedente. Hasta ahora los gobiernos nacionales y provinciales fueron más que concesivos con la Barrick, sin importar si eran de signo K o M.

Muy grave.
Esa crítica a las políticas gubernamentales pega primero, en lo temporal, sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien se reunió dos veces con el máximo capo de la firma canadiense, Peter Munk. Es un empresario acusado de depredar recursos naturales y dejar contaminación a su paso, pero también de otras conductas políticas nada correctas con lo peor del mundo. George Bush padre era uno de los accionistas de la empresa. Munk fue acusado de ser protector del traficante de armas Adnan Kassoghi, que tuvo participación en el escándalo conocido como Irán-Contras.
Barrick ya estaba acá desde tiempos de Néstor Kirchner, en 2005, y muy bien recibida en San Juan, con el gobernador José Luis Gioja, actual presidente del Partido Justicialista.
La propaganda oficial de la empresa, en una solicitada de años atrás, presumía que tenía que ver con el 30 por ciento del PBI de la provincia cuyana. El porcentaje se elevó al 37 por ciento en la cobertura que "La Nación" hizo del derrame del año pasado. Como sea, un factor decisivo de las finanzas provinciales.
Y la excelente sintonía con el gobierno nacional mejoró aún más con el advenimiento de Mauricio Macri. En febrero pasado, dos meses después de asumido, el presidente firmó el Decreto 349/2016 eliminando las retenciones a la minería vigentes desde 2007. La quita implicó un favor de 233 millones de dólares anuales y fue un estímulo para que exportaran más y ganaran más millones. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las exportaciones mineras entre enero y julio de este año totalizaron 535 millones de dólares, superando en 32,8% los 403 millones exportados en igual período del año pasado. Macri lo hizo...
Con semejante nivel de ganancias -establecidas sobre la base de una producción que las propias empresas miden- la Barrick pudo pagar perfectamente la multa de 9.3 millones de dólares establecida por el derrame de 2015.
En aquella ocasión hubo un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que midió en las aguas de Jáchal niveles altos de contaminación, por encima de los valores permitidos. Eso motivó un estallido de ira de Gioja, quien declaró que esos informes "sembraban terrorismo". Un grupo de expertos de la ONU (la dependencia se llama Unops) elevó su informe en diciembre, con una nota algo menos catastrófica: no había habido peligro para la vida humana pero sí para la vida de especies en esos ríos. Sobre aquel derrame, escribió Darío Aranda en Página/12 (15/9): "se confirmó que se contaminó con metales pesados peligrosos los ríos de deshielo. También confirmó valores elevados (contaminación) de manganeso, aluminio, arsénico, boro, cloruros y sulfatos".
Y ahora, al cumplirse justo un año de aquel gravísimo suceso, se rompe otra vez una cañería para zozobra de los vecinos de San Juan y las protestas de la "Asamblea Jáchal No Se Toca". La cosa se puso tan fea que el gobernador, Sergio Uñac, resolvió paralizar las actividades de Veladero y removió al secretario de Gestión y Control Ambiental Minero, Marcelo Ghiglione. Uñac, híper amigable con la megaminería, fue puesto en la incómoda situación de paralizar la mina más tristemente famosa y decir que Barrick ya no tenía más margen para seguir conduciéndose como lo hacía.

Lluvia de inversiones.
El juez Oritja mantiene la causa por los derrames, donde tiene imputados 9 directivos de la Barrick. Y el fiscal Sohar Aballay solicitó que la minera no pueda reanudar sus tareas sin el visto bueno judicial. Y para ello le han impuesto una serie de obras que según el comunicado de Barrick están en marcha para mejorar "7,5 kilómetros de bermas circundantes que constituyen el perímetro del valle de lixiviación, utilizando bolsas aislantes e impermeables para incrementar su altura rellenas con material estéril". Las bermas son muros de contención que se emplean en piletones. También se comprometieron a una inspección integral de todos los circuitos de las tuberías que transportan solución de proceso del valle de lixiviación a la planta.
De ese modo la minera se está preparando para volver a las suyas, pasado este "mal momento" de septiembre; confía en que los márgenes de los que habló el gobernador volverán a estirarse.
Y muy especialmente confía en que el gobierno nacional se jugará por la continuidad de Veladero. Esa expectativa tiene en cuenta que el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, acaba de volver de la cumbre internacional de minería en China, llamada Mining, donde expuso la política de brazos abiertos del macrismo para recibir inversiones mineras. Según el funcionario, le prometieron que vendrían en los próximos siete meses alrededor de 7.000 millones de dólares de inversiones para el sector, y lo contrastó con los 10.000 millones que hubo, según él, entre 2005 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas.
Barrick también abriga la casi segura esperanza de que la justicia federal tampoco le significará un grave obstáculo en cuanto a la denuncia de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Segui. Ambos letrados pidieron el cierre de Veladero invocando la ley 26.639 de Glaciares, del año 2011. La presentación ante el juez Casanello y con intervención del fiscal Ramiro González, ya llevó al allanamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para buscar documentación.
Al menos aquella ley había sido una iniciativa de la oposición (del diputado Miguel Bonasso) pero negociada con el kirchnerismo (Daniel Filmus). En cambio, hoy el PRO-Cambiemos no luce como dispuesto a aplicar esa norma legal que tanto tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Como quedó consignado, su apuesta principal es a atraer la inversión extranjera en general y la minera en particular. Además, si esta causa por los glaciares prosperara, podrían ser imputados ministros como Bergman y su colega de Energía y Minería, el cuestionado Juan J. Aranguren.
Entre defender los glaciares y los negocios de la Barrick, es seguro que Macri, un presidente a la medida de las trasnacionales, elige a la canadiense.