Entre el plebiscito y el destino nacional

La experiencia de 2016 obliga a repensar hasta qué punto la institución democrática del plebiscito está siendo bien utilizada en favor del buen gobierno y del progreso de los pueblos.
Los ejemplos de Reino Unido y de Colombia, aún cuando el tema a decidir era bastante diverso, presentan similitudes impactantes:
En ambos casos, la población fue convocada a decidir, simplistamente, por sí o por no, cuestiones de una complejidad enorme. En el caso británico, la permanencia o no en la Unión Europea, una construcción política supranacional que lleva más de cincuenta años de proceso histórico, y que ha generado intrincadísimas redes económicas, sociales y políticas. En el caso colombiano, la aprobación de un tratado de paz largamente negociado, que busca poner fin a una guerra civil que también data de la década del ’50 del siglo pasado.
En ambos casos, la opción triunfante fue fogoneada por sectores de la derecha populista que, evocando el sentido de identidad, el miedo y otros sentimientos poco altruistas, apostaron a la ruptura antes que a la concordia.
En ambos casos el principio de la democracia directa se vio caricaturizado, ya que se verificó una alta abstención -incomprensible en temas de tanta importancia- y además, quienes terminan decidiendo son los sectores sociales menos involucrados en la problemática a resolver. En Inglaterra, por una población rural y veterana, contraria a los citadinos más cosmopolitas; en Colombia, fueron los grandes centros urbanos -alejados de la zona de lucha armada- quienes impusieron su voluntad.
En ambos casos, lo que estos sectores sociales perciben como un triunfo, no deja de ser una ilusión: el Reino Unido nunca podrá “divorciarse” de Europa, ni interrumpir el flujo migratorio que -dicho sea de paso- se inició en sus épocas imperiales. Colombia, por su parte, siempre seguirá siendo un país que incluye a todos sus habitantes, hayan o no participado en la guerra civil y sus atrocidades.
Desde luego, para no bastardear al plebiscito como institución, es imprescindible formular correctamente las preguntas que se llevarán a la población, y asegurar que el debate previo sea lo más amplio e ilustrador posible. Ese sería el aspecto técnico de la cuestión.
Sin embargo, no debe soslayarse también la existencia de un fuerte elemento político en esta cuestión. Muchas veces, los gobiernos que convocan a consultas populares no lo hacen estrictamente por un apego a la democracia directa, sino por especulaciones sobre su situación de relativa fortaleza o debilidad ante el electorado, cuando no en busca de un respaldo popular a medidas impopulares.
Es entonces cuando, mirando a la historia, se añoran los estadistas que realmente estaban a la altura de sus circunstancias. Winston Churchill no consultó a sus ciudadanos para preguntarles si querían aportar su “sangre, sudor y lágrimas” para acabar con el nazismo. Aunque luego le tocara pagar un alto costo electoral. Helmut Köhl no preguntó al pueblo alemán si estaban todos de acuerdo en afrontar los altos costos de la reunificación con la Alemania del Este. Era el destino nacional el que estaba en juego.
Está claro que no existe, ni se avizora, un sistema de representación política más adecuado que la democracia. Pero una democracia sin contenido, o peor, incapaz de neutralizar por el discurso tóxico de los intolerantes, no hace más que fomentar su propio descrédito.

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