Es una cooperativa, no una multinacional

El conflicto que se desató en General Pico por los reclamos de los usuarios de la cooperativa eléctrica de esa ciudad es verdaderamente ejemplar, un perfecto caso testigo de cómo puede resolverse una controversia en el marco de una institución solidaria y popular. Muy diferentes hubiesen sido las cosas si en lugar de una cooperativa había una corporación multinacional enfrente.
Es que los vecinos de la ciudad son los verdaderos "dueños" de Corpico y los miembros de su consejo de administración sus representantes. Por lo tanto, si bien hubo reclamos airados y hasta amenazas de llevar el caso ante la Justicia, pudo haber diálogo y entendimiento pues no se trata de "dos partes", como en la relación comercial cliente-empresa que se impone cuando un servicio es prestado por una sociedad anónima.
Todavía más. Bien puede decirse hoy que Corpico es víctima de su propia solidaridad pues no solo factura los servicios que ella presta sino también otros del ámbito municipal. El problema es sabido: varias comunas, entre ellas la piquense, no han encontrado mejor camino para mejorar los índices de recaudación de sus tasas, que endilgarle esa responsabilidad a las cooperativas de servicios públicos. Y éstas aceptaron a pesar de los inconvenientes y el mayor volumen de trabajo que ello implica como una forma de contribuir con el Estado municipal. Desde esta columna siempre se ha dicho que aquí en La Pampa, el Estado -tanto provincial como comunal- no tiene mejor aliado que las cooperativas de servicios públicos. Lamentablemente no todos los gobernadores que pasaron por el Centro Cívico se dieron cuenta. No porque no conocieran sobre cooperativismo sino por especulaciones políticas de poca monta.
En este caso Corpico ha sido víctima de tres factores que aunaron sus efectos negativos. En primer lugar, se hizo cargo del cobro de servicios ajenos a su actividad como contribución al Estado municipal. El efecto inmediato es la lógica "inflación" del monto de la factura a pagar por el usuario, que se nota más cuando esos otros servicios también incrementan su valor.
Segundo: aplicó un aumento tarifario que se estableció en esferas oficiales nacionales y provinciales, muy por encima de su propio nivel de decisión. El tarifazo en la energía eléctrica lo resolvió el gobierno nacional pero acá en La Pampa son las cooperativas las que tienen que cobrarlo. Por último, padeció una acción del sindicato Luz y Fuerza que, como todos saben, mantiene un nivel de exigencia y hasta belicosidad mucho más alto con las cooperativas que con las grandes compañías privadas que, además, le podaron buena parte del convenio colectivo de trabajo. Dejar de tomar los estados de los medidores es un grave atentado contra la economía de una cooperativa, casi un boicot para torpedear su funcionamiento.
Los vecinos que alzaron sus reclamos fueron recibidos por las máximas autoridades de la cooperativa, algo impensable si el servicio fuera prestado por una gran multinacional, como ya todos sabemos y padecemos. La respuesta ofrecida por Corpico aparece, en principio, como lógica al promediar los consumos en ausencia de los datos de los medidores. El ofrecimiento de plantear alternativas en algunos casos especiales y buscar la opción más conveniente para el usuario, como lo señaló el presidente de la entidad, sería impensable en una compañía privada que presta servicios públicos. Eso también es muy conocido.
Pero además los socios tienen la posibilidad de convocar a una asamblea para debatir este y cualquier otro problema y plantear los cambios que consideren pertinentes; incluso renovar las autoridades de la cooperativa. Esta sí que es la diferencia esencial entre las empresas de la economía solidaria y las de capital lucrativo.
Son demasiadas, y muy importantes, estas diferencias como para no verlas.