Evo Morales aceptó el referendo revocatorio y la derecha tuvo mucho miedo

Hace meses que el presidente boliviano había propuesto una consulta popular que ratificara o revocara su mandato, el del vicepresidente y los de los prefectos opositores. Ahora fue aprobada por el Senado y la derecha teme por sus cargos.
EMILIO MARIN
Para las clases dominantes de Bolivia es un suplicio tener de presidente a un indio. Peor aún, a un indio de ideas socialistas y partidario de la recuperación de los recursos naturales y empresas antes privatizadas por gobiernos neoliberales. Evo Morales les provoca ese sentimiento racista que surge desde las tripas a personajes como Branko Marinkovic, el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz que a la vez es propietario de 26.000 hectáreas y buena parte del complejo aceitero y exportador.
Quiere decir que el enfrentamiento agudizado desde enero de 2006 en Bolivia, cuando asumió Morales, no es sólo ni principalmente una cuestión de “razas” o etnias sino política y social, un asunto de lucha de clases.
Esa mayor confrontación escaló sobre dos peleas. La fundamental fue provocada por las medidas de nacionalización dispuestas sobre hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y la propiedad latifundista ociosa.
El Estado relanzó la estatal YPFB, recuperó la mayoría accionaria en los yacimientos de petróleo y gas, indemnizó a Petrobras para contar con dos refinerías, se asoció a la venezolana PDVSA para buscar petróleo, invirtió en un complejo separador de líquidos para procesar y exportar gas, etc.
El 1º de mayo último culminó esa etapa de la nacionalización de esos recursos naturales, para disgusto y pleitos de la mayoría de las multinacionales que se sintieron afectadas. También acudió a acciones judiciales Telecom Italia, que pidió el embargo de fondos bolivianos en el exterior, luego que su controlada Entel fuera nacionalizada.
Y adoptar medidas a favor de la justicia social, tales como requerir títulos legales a los latifundistas para -en caso de no tenerlos- poner esas tierras a disposición de comunidades de campesinos humildes, generó un incendio con esos terratenientes. Algunos resistieron a tiros la inspección de comisiones gubernamentales, caso del estadounidense Ronald Larsen en su hacienda de Caraparicito.
La otra escalera de la confrontación fue la pulseada política, donde el gobierno de Morales avanzaba con el debate de una nueva Constitución Política, y la derecha atrincherada en varios departamentos ricos se hacía fuerte con un discurso de autonomía. En los hechos esto equivalía a separatismo, en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, las zonas más productivas, dominadas por los respectivos Comités Cívicos y los partidos de la oposición: Podemos, Unidad Nacionalista-FR y MNR.
En diciembre último esa Constitución fue votada en Oruro, por la mayoría de los constituyentes oficialistas del MAS y aliados, con boicot de la oposición. La Corte Nacional Electoral debía llamar a referendo para aprobar o no lo votado por esa Asamblea Constituyente. Pero ese proceso fue frenado por una oposición decuplicada de la derecha, sobre todo por el separatismo cruceño de fuertes lazos con la embajada norteamericana de Philip Goldberg y agencias como la Usaid, la CIA y el Departamento de Estado.

Santa Cruz, punta de lanza.
El discurso “autonómico” de Santa Cruz y demás prefecturas vio en la nueva Constitución un peligro mortal. Es que ésta no sólo hablaba de autonomía de regiones y departamentos sino también de las comunidades de pueblos originarios, esos mismos que los latifundistas tienen reducidos a la esclavitud. Así se comprobó recientemente que ocurre con los guaraníes en fincas del este del país.
En consecuencia, el prefecto de Santa Cruz y el Comité Cívico se pusieron manos a la obra para convocar a un referendo que votase la autonomía. No les importó que la Corte Nacional Electoral presidida por José Luis Exeni lo declarase ilegal, con respaldo de la OEA y las cancillerías y tribunales judiciales de otros países de la región. Lo hicieron lo mismo el 4 de mayo y dijeron que el 85 por ciento de los votantes había dado su consentimiento a la declaración de autonomía. Lo que no dijeron es que 39 por ciento del padrón no votó y que el 11 por ciento de los que lo hicieron usaron la papeleta del No, con muchas denuncias de fraude.
A lo largo de junio están convocadas votaciones similares en Beni, Pando y Tarija, que con Santa Cruz componen la llamada “Media Luna” del este.
A partir de allí sucedió un hecho sorprendente, sobre el cual no hay explicaciones coincidentes: el Senado dominado por la derecha y presidido por Oscar Ortiz, del partido Podemos, votó el 8 de mayo la ley sobre Consulta Popular Revocatoria del Mandato del presidente y los prefectos.
Era una propuesta original de Morales para tratar de desempatar la crisis política e institucional, apelando al voto democrático para que él o sus opositores dejaran los cargos. El proyecto, aprobado en Diputados, con mayoría del MAS, hacía varios meses que estaba cajoneado en la Cámara Alta por decisión opositora. Esta decía tener numerosas objeciones al texto enviado por el Ejecutivo, pero al cabo de todo ese tiempo, de golpe, lo aprobó sin modificar ni en una coma lo votado por Diputados.
El presidente se apresuró a decir ese mismo jueves 8 que aceptaba lo decidido por el Senado y promulgaría esa ley no bien la recibiera. Ya lo hizo y se fijó el 10 de agosto como fecha de realización del referendo revocatorio.
El sistema es muy simple: para revocar a Evo tiene que ganar el No por más votos que los obtenidos por éste en su mandato original, que fue del 53,7 por ciento y algo más de 1.500.000 votos. ¿Alcanzará la derecha el 54 por ciento contra un mandatario que en dos años y cuatro meses ha mejorado la situación de los bolivianos, combatido la pobreza, alfabetizado a casi 600.000 personas con el método “Yo sí puedo” cubano y recuperado muchos recursos naturales?

Preocupación derechista.
Varios prefectos ganaron sus cargos en 2005 con una baja votación. Por ejemplo, el de La Paz, José Luis Paredes (del derechista Podemos) asumió con el 38 por ciento de los sufragios. Quiere decir que si el 38 por ciento más uno de los votos le dice que No, se tendrá que ir. Su colega de Cochabamba, Manfred Villa Reyes, ex militar de Fuerza Republicana-UN, debería obtener el 48 por ciento de votos por el Sí para evitar tener que hacer las valijas. Y así de seguido los demás.
La preocupación derechista no pasa tanto porque puedan perder en sus respectivos departamentos, lo que podría suceder en esos dos casos. Más que nada es el temor de que el presidente Morales y el vice Alvaro García Linera puedan revalidar sus cargos, como en agosto de 2004 hizo el venezolano Hugo Chávez. ¿Cómo acometer luego campañas desestabilizadoras y golpistas si las autoridades nacionales han sido confirmadas por el voto popular?
Esa es la rabia que hoy rumia la derecha, sobre todo el prefecto Costas y el empresario Marinkovic, ambos de Santa Cruz. Es que el escenario que imaginaban era disfrutar del triunfo del 4 de mayo, atizar las consultas separatistas en los otros tres departamentos hasta el 22 de junio y finalmente poner a Morales contra la pared: o reconocer esos resultados o irse del Palacio Quemado, por las buenas o por las malas (“o por las peores también”, como cantaban en otro sentido político Los Olimareños).
De pronto, la ley de consulta revocatoria del Senado les cambió completamente el panorama. “Es una estupidez política”, fulminó un ex titular del Centro Cívico cruceño. Destilando veneno, los cuatro prefectos más extremistas se negaron a concurrir a una reunión con el presidente y enviaron una carta por medio de Reyes Villa, quien sí acudió con los otros jefes departamentales, de los cuales tres son del MAS (uno interino).
¿Por qué el derechista Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, dio ese paso que puede terminar siendo favorable a la continuidad de Morales? ¿Acaso Quiroga quiso dominar la escena nacional y marcar hegemonía sobre Costas y Marinkovic? En tal caso sería una batalla interna de la derecha, entre sus expresiones políticas y los dirigentes sectoriales o “sociales”. ¿O será que la agrupación Podemos subestimó la situación del presidente y habilitó la consulta en la creencia que puede revocarle el mandato? La verdadera correlación de fuerzas se sabrá el 10 de agosto a la noche, aunque es probable que el resultado no cambie el panorama institucional actual: Evo seguiría en el Palacio Quemado y varios de sus enemigos en las prefecturas.