Fábricas recuperadas exigen respuestas al gobierno nacional

TRABAJADORES A MERCED DE ESPECULADORES

Mario Hernández* – El Movimiento de Empresas Recuperadas denuncia que “hay más de 440 fábricas recuperadas en un limbo jurídico, y hoy un bien tan escaso como es el trabajo necesita de una ley específica en lugar de remiendos”.
Distintas fábricas recuperadas del país se movilizaron el miércoles 29 en Buenos Aires para exigir respuestas del gobierno nacional a sus reclamos. Entre los convocantes se encontraban los obreros y obreras de las fábricas ceramistas de Neuquén, que viajaron con delegaciones de Zanón, Stefani y Cerámica Neuquén, todas gestionadas por sus trabajadores. También fueron parte de la movilización los trabajadores y trabajadoras de las gráficas MadyGraf (ex Donnelley), Worldcollor y Chilavert, todas bajo control obrero, y distintas cooperativas agrupadas en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
En un comunicado, el secretario adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén, Andrés Blanco, expresó que “las gestiones obreras venimos sufriendo duramente el nuevo ajuste de Macri, como el impacto de los tarifazos, que se suman al ahogo financiero que arrastramos del anterior gobierno nacional. Esta situación pone en peligro miles de puestos de trabajo en todo el país.”
Entre las demandas de las fábricas recuperadas se encuentran la exigencia de un aporte individual del Programa de Trabajo Autogestionado (PAT) del Ministerio de Trabajo, el no aumento de las tarifas de gas, electricidad y agua, un plan para que las fábricas y empresas recuperadas sean proveedoras privilegiadas de los Estados Nacional, Provinciales y Municipales, los créditos blandos para renovar la tecnología y una Ley nacional de expropiación sin cargo favorable a los trabajadores.
La concentración se desarrolló en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano de la Capital Federal para marchar luego hasta el Ministerio de Producción y finalizar la movilización en las puertas del Ministerio de Trabajo.

Represión en RB.
En San Isidro, luego de semanas con violentas intimidaciones, la Policía Bonaerense desalojó y reprimió a trabajadores de la fábrica recuperada RB ya que el juez considera que están usurpando el inmueble, pese a tener una ley de expropiación vigente hasta el 2017. Dicha ley especifica que Cooperativas RB puede dar uso al inmueble hasta que el gobierno efectivice el pago del canon y una vez que lo haga, los trabajadores pasarían a ser propietarios del inmueble. Una version indicaba que el juzgado iba a sacar las máquinas y llevarlas a un depósito judicial. Si los trabajadores permitían que las máquinas -que tardaron siete años en pagar y son propias- se fuesen del inmueble entonces la fábrica ya no quedaría operativa.
Frente a esto un grupo de trabajadores y vecinos se apersonaron en la fábrica el jueves 23 con el objetivo de solicitar -ya que no quisieron darles una entrevista- que el juez o el fiscal asistiesen al lugar, con uno o dos compañeros que actuasen como veedores, para corroborar que no les sacaran o rompieran ninguna herramienta. Ahí fueron reprimidos brutalmente. Detuvieron a 13 manifestantes, -entre ellos Julián Ríos, voncejal del Movimiento Evita de San Martín y Eduardo Murúa, referente del MNER-, sin dar información de su paradero. Cuando más de 400 manifestantes asistieron a la Comisaría 1° para pedir información sobre los detenidos, fueron violentamente reprimidos otra vez.
Tres trabajadores permanecieron desaparecidos durante cinco horas, hasta que sus compañeros lograron ubicarlos: estaban detenidos en la Comisaría 7° de San Isidro. Ellos y el resto de los detenidos, alojados en la Comisaría 10° de Martínez y en la primera y segunda de San Isidro, fueron liberados a lo largo de la madrugada. “Presentamos un hábeas corpus y denunciamos a la policía por el abuso de autoridad. Nosotros nos estábamos manifestando de forma pacífica”, dijo Ricardo Perea, presidente de la cooperativa. Además, indicó que el herido de mayor gravedad fue Daniel Zakuski, trabajador de la planta: “Le dieron en la cara, estaba desfigurado”. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) está trabajando en el caso.

Un especulador.
La fábrica RB funciona como cooperativa desde el año 2003, tras sufrir dos años de vaciamiento e irregularidades en el pago de los sueldos. La empresa, fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre patronal durante la crisis económica de 2001, y se dedica a la producción de diversos instrumentos y aparatos de medición y control (instrumental automotor y de uso naval, instrumentos de magnitudes eléctricas y temperatura, sistemas de cobro y expendio automático de pasajes, etc.) y es proveedora de firmas como Metrovías y Edenor, entre otras.
En el año 2007, los trabajadores lograron la Ley Provincial de Expropiación, pero el poder ejecutivo provincial -en ese momento a cargo de Daniel Scioli- nunca cumplió con el pago dictaminado por la ley, por lo que ésta tiene aún un carácter transitorio, que vence en 2017.
Paralelamente, el empresario Eric Heuser compró en el año 2002 una hipoteca que el dueño anterior había contraído. Este empresario, conocido en la zona por sus negociados durante la dictadura, esperó 12 años para que el terreno se valorizara al calor del boom inmobiliario, y en 2015 inició una causa en fuero diferente al que tutela los bienes, de la mano del juez Díaz, con quien mantiene un vínculo de amistad.
Esta dupla empresarial-judicial es la que determinó dos desalojos en 2015, en junio y en septiembre, pero que con la fuerza de los trabajadores y la solidaridad del barrio, lograron ser revertidas al poco tiempo. Ahora, con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder, Heuser y Díaz volvieron al ataque: luego de semanas de violentas intimidaciones, se produjo el desalojo, con gases y golpes.
Heuser no tiene un interés económico en el mantenimiento de la producción, sino en el lucro inmobiliario a través del control del terreno de la fábrica. La empresa recuperada RB, está ubicada en una coqueta zona de Martínez, en San Isidro. Detrás del desalojo la verdadera intención es construir un emprendimiento inmobiliario, algo que se convirtió en uso y costumbre en la zona norte del Conurbano bonaerense. “El terreno en donde está ubicada la empresa vale millones de dólares, está al lado de una planta de IBM, es una zona de suelos muy caros, por eso está la complicidad entre los dirigentes, la policía y la justicia”, explicó Bruno Chiodi, de Patria Grande Zona Norte.

Veto de Vidal.
Se repite el caso de la Cooperativa Petinari, una empresa dedicada a la fabricación de acoplados. Ellos tuvieron su propia ley de expropiación y la gobernadora Vidal la vetó. El día anterior al violento desalojo de RB, los distintos bloques del Frente para la Victoria, el de Unión por los Argentinos (UNA) y el Frente Amplio Progresista (FAP) le dieron su apoyo, mientras que los oficialistas de Cambiemos se abstuvieron. Ahora el proyecto tiene que ser tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para poder votarse en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que el año 2014 el proyecto obtuvo una media sanción que luego no se completó al no haber sido tratado en la Cámara de Senadores. Los diputados provinciales del massismo y el kirchnerismo dejaron planteado su compromiso en apoyar la Ley de Expropiación, y en conjunto adelantaron que acompañarían la pelea de los trabajadores con las medidas que sean necesarias para preservar los puestos de trabajo y aprovechar toda la capacidad productiva de la planta.
Destacaron el esfuerzo de los trabajadores que han logrado sacar adelante la producción en la ex Donnelley y sumar nuevos compañeros y compañeras a la cooperativa. Sostuvieron la necesidad de preservar la fuente de trabajo, desarrollando trabajo para poder hacer rendir la planta al máximo y mantener la continuidad de la cooperativa. Por su parte, los trabajadores les transmitieron su experiencia luego de casi dos años de gestión obrera. Contaron todo lo que se ha avanzado en mejoras en la planta y en las condiciones de trabajo y destacaron la construcción de una guardería para los hijos de los trabajadores. Recordaron los difíciles momentos que tuvieron que atravesar tras el cierre y la ida del país de los dueños de Donnelley. La situación que se vive hoy por el problema que significaron los tarifazos y cómo están coordinando con otras empresas recuperadas para tirarlos atrás.

Limbo jurídico.
Los trabajadores de la cooperativa sostuvieron la necesidad de lograr la Ley de expropiación para ganar la estabilidad que les permita proseguir con la gestión de la cooperativa y el sostenimiento de los puestos de trabajo. “Hay más de 440 fábricas recuperadas en un limbo jurídico enorme”, advirtieron. Eduardo Murúa expresó que desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas “venimos reclamando hace 18 años que nuestra patria debería tener una ley de expropiación de unidades productivas para no perder los puestos de trabajo”. Además, remarcó que “hoy un bien tan escaso como es el trabajo necesita que tengamos una ley específica, tenemos remiendos y leyes que no terminan de concretarse y hay más de 440 fábricas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras en un limbo jurídico enorme”.
“Si tuviéramos una ley como la que proponemos, con una compensación de los créditos que tiene el Estado y los bancos oficiales en impuestos, y los trabajadores, nos quedaríamos con la empresa sin poner un peso”, explicó el referente. (Rebelión).

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