Fallo que pone las cosas en su lugar

La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que sobreseyó a un joven santarroseño procesado por consumo de marihuana puso fin a un intrincado proceso judicial de neto corte autoritario y, a la vez, permitió ver todo lo que aún falta recorrer en la materia dentro de la estructura judicial.
El proceso kafkiano -al igual que la inmortal novela- comenzó con un acto abusivo de la policía que se encarnizó con dos muchachos quienes, en un lugar apartado del parque de la laguna Don Tomás, se propusieron fumar marihuana. Sufrieron un trato digno de los narcotraficantes más peligrosos, les abrieron una causa penal por tenencia de estupefacientes y terminaron en la tela de araña martinfierrana de la justicia que, como bien relata el gran poema nacional, atrapa al bicho chico y deja libre al grande.
El tribunal que puso las cosas en su lugar insistió en la inconstitucionalidad de la ley que habilita la persecución por tenencia de droga para consumo personal y cuestionó el accionar de jueces y fiscales que siguen desconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que fue muy clara en su intervención del año 2009.
En esta problemática se observa en la corporación judicial una reacción muy similar al del aborto no punible. El resultado es lamentable: cada magistrado falla según su propia ideología en lugar de seguir las directrices trazadas por el máximo tribunal del país. Es cierto que hay una deuda legislativa en el Congreso de la Nación y en ella se apoyan los jueces que militan en el lado oscuro de la vida. Pero la doctrina abrazada por la Corte lleva años de alumbrar en el sentido de respetar los derechos humanos y trazar una clara divisoria entre consumo y tráfico.
Hasta en jueces que comparten un mismo tribunal se advierten estas profundas discordancias, por no hablar de tantos fiscales que se deleitan actuando como cruzados del “ancien régime” conservador. Parecen olvidar que son funcionarios de un poder del Estado que debe respetar los avances sociales, jurídicos y políticos en una materia que, cada día más, ya no acepta una mirada meramente represiva.
La Asociación de Pensamiento Penal saludó el fallo de la CFCP y anunció la presentación de un documento que aporta datos escalofriantes. Por ejemplo, que el 70 por ciento de las causas que tramitan en el fuero federal tienen su origen en denuncias policiales por consumo de drogas y apenas el tres por ciento por casos de tráfico.
La política oficial de combate a las drogas no es ajena a este preocupante escenario. Los continuos vaivenes, la ausencia de una orientación clara (que se manifiesta precisamente en un déficit de actualización legislativa), la discusión acerca de qué es y qué no es una droga promueven los desencuentros y alientan el surgimiento de los discursos mesiánicos y los engendros represivos. El acercamiento del gobierno nacional -también en esta materia- a la órbita de Estados Unidos hace las cosas más difíciles. La militarización del combate al narcotráfico que promueve ese país ha desencadenado verdaderas tragedias en la región, al tiempo que ha estimulado la propagación del enfoque punitivo a otras áreas de la compleja problemática de las drogas y las adicciones.