Flojo de papeles

I. La causa de los cuadernos -el “Gloriagate” como lo bautizaron algunos periodistas- arroja más sombras que luces y despierta muchos interrogantes. El primero de ellos es la ausencia de los originales y la forma en que se conoció. El chofer meticuloso que anotaba todo con una precisión de escribano había “olvidado” que los había quemado, y encima esa confesión la realizó después del inicio de las investigaciones mientras participaba de la búsqueda junto al fiscal en su propia casa. Por lo tanto la prueba clave de la causa es un conjunto de fotocopias sobre las cuales no se pueden realizar pericias fundamentales como la fecha de escritura, entre otras.
La “caída” de la causa en el juzgado de Claudio Bonadio, sin mediar el sorteo de rigor, es otro punto oscuro. Este magistrado, por obra de la casualidad o la divina providencia, ha acaparado todas las causas que apuntan a la expresidenta Cristina Kirchner, a saber: dólar futuro, memorándum con Irán, muerte de Nisman, hoteles… Es también el juez que acumula decenas de pedidos de juicio político, récord por lejos en la magistratura.
Las numerosas detenciones fueron realizadas de madrugada y con la presencia oportuna de fotógrafos de medios aliados al macrismo, una conocida metodología de mortificación made in Bonadio. Lo mismo con la aplicación de la prisión preventiva bajo la “doctrina Irurzun” aunque en forma selectiva. Los empresarios cercanos al gobierno la esquivaron o recuperaron la libertad en forma expeditiva.

II. No pocos periodistas vinculan esta causa con la de los “aportantes truchos” que salpica, por ahora, a la gobernadora de Buenos Aires y otras figuras del macrismo. La presencia de “aportes” empresarios disfrazados mediante una ingeniería del ocultamiento para financiar las campañas electorales está presente en ambos expedientes. Las confesiones en el “Gloriagate” lo confirman.
Ahora bien, lo que diferencia a ambas causas es el desarrollo de cada una. La de los cuadernos cuenta con toda la atención mediática de la gran prensa porteña, a la otra hay que buscarla con lupa. La primera ya tiene una docena de detenidos, la segunda, ninguno. En materia de aportes probatorios es notable la diferencia. Mientras Bonadio cuenta con fotocopias de anotaciones de un chofer y, por ahora, no mucho más, la otra causa se respalda en planillas oficiales de la Justicia electoral en donde constan los datos de las personas y los montos de dinero que aportó cada una en forma fraudulenta. Pero además están los testimonios directos de los perjudicados por esas maniobras -empleados públicos, dirigentes y ex candidatos macristas- que presentaron sus denuncias al figurar como donantes de montos de dinero fuera del alcance de sus posibilidades.
La declaración de Angelo Calcaterra es reveladora. Se trata del primo del presidente y ex titular de Iecsa, una de las empresas apuntadas. Sin embargo él no fue detenido sino su segundo, Javier Sánchez Caballero, algo que no ocurrió con otros empresarios titulares que resultaron tras las rejas. Calcaterra admitió haber pagado entre cien y doscientos mil dólares, una suma muy inferior a la que el chofer escribió en el cuaderno (11 millones de dólares).

III. La lucha contra la corrupción cuenta con el respaldo de toda la sociedad. Hay conciencia del daño político y económico que provoca este flagelo. Sin embargo su uso espurio con fines electorales desnaturaliza su objetivo principal. Hoy en Argentina y los países de la región ha sido degradada a método de persecución política en el marco de lo que se ha denominado “lawfare”, es decir, guerra jurídica.
Las operaciones del Poder Ejecutivo en el Judicial tampoco ayudan a la transparencia. La elección de juzgados -“forum shoping”- o las presiones hasta el límite de provocar renuncias de jueces y fiscales enturbian lo que debería ser lo más transparente de todo: el combate a la corrupción con independencia del color político de los implicados.