Ganancia vs. salario

Julio C. Gambina – El gobierno tomó deuda pública la semana pasada, ofreciendo bonos con un rendimiento del 22,5%, o la inflación más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los privilegiados. Pero al mismo tiempo aspira a colocar un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una futura negociación si la inflación resultara mayor. En este caso no hay ajuste automático al alza, sino la posibilidad de una nueva negociación. Todo dicho en potencial.
Queda claro que existen dos varas muy diferentes: Una generosa para satisfacer al inversor capitalista, otra restrictiva para las actualizaciones salariales de los trabajadores. Es un tema preocupante pues todo indica que el alza de los precios para este año se proyecta de manera similar a la del 2017, y sabemos que la inflación es un mecanismo regresivo de distribución del ingreso.

Horizonte de conflictos y represión.
Aparece claramente un horizonte de conflictividad creciente: paro bancario y las movilizaciones del 15F y del 21F promovidas por movimientos sociales y centrales sindicales, como parte de un plan de acción que puede derivar en la convocatoria a un paro nacional a corto plazo. En torno al conflicto se juega la disputa del sentido común en la sociedad, ya que no solo interviene la lógica económica, de bolsillo, en el humor político de la sociedad. Por eso, en el discurso oficial se insiste con una lógica argumental contra el “sindicalismo”, englobando a todas las organizaciones sindicales en el fenómeno de la corrupción y las prácticas clientelares.
Resulta más una crítica a los pobres que una sostenida política contra la pobreza, exacerbada por los medios masivos de comunicación. En ese plano se inscribe la nueva política de combate del delito abonando un clima social cultural por la represión. Insisto en el discurso oficial porque hace al consenso social en disputa, aun cuando las condiciones de vida sean cada vez más desfavorables para las mayorías.
También desafía la cuestión a quienes bregan por un nuevo modelo de organización sindical y social, para reorientar prácticas y propuestas desde una radicalización democrática y construir nuevas subjetividades que interpelen a la sociedad para un nuevo rumbo de la economía y la política.

Crece la deuda y la especulación.
Los bonos colocados sumaron el equivalente de 3.500 millones de dólares, más una renovación de Letras del Tesoro por 1.000 millones de dólares. En total suman 4.500 millones que se adicionan a los 9.000 millones emitidos en enero pasado, Son nuevos 13.500 millones de dólares en los dos primeros meses del año. La previsión para todo el 2018 alcanza a los 30.000 millones de dólares. Una verdadera hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, máxime cuando la expectativa es de crecimiento de las tasas internacionales de interés.
Ese aumento de las tasas empujado por EE.UU. es lo que explica en estos días el derrumbe de las bolsas en el mundo, con epicentro en Nueva York, con consecuencias sobre todos los países. En la economía argentina se percibe en la suba de la divisa lo que supone una devaluación que afecta la capacidad de compra de los sectores mayoritarios.
Entre los especuladores se resuelve la incógnita cambiando acciones por dólares u otras monedas; vendiendo Letras del Banco Central y comprando bonos del tesoro; pero el problema es para la mayoría de la sociedad, la que vive de su trabajo o la que produce o comercia con los que perciben ingresos fijos.

Canalizar la protesta.
Los trabajadores se aferran a sus puestos de trabajo ante el temor del despido, presionando a una lógica defensiva que facilita la irregularidad en el empleo. Es un fenómeno con consecuencias directas sobre empresarios pequeños y medianos que orientan la producción o el comercio en este sector de bajos ingresos. Ambos sectores se empobrecen y necesitan canalizar su descontento, lo que exige organización y unidad, algo que puede percibirse en la articulación detrás del 15F y del 21F.
Queda clara la iniciativa política del gobierno y las clases dominantes, que solo puede contrarrestarse con otras iniciativas en sentido inverso. La incógnita es qué iniciativa se impone, la del poder económico y político en aumentos de precios (entre ellos el dólar), tarifas y deuda pública, o la protesta social organizada hacia otro rumbo económico para favorecer necesidades sociales. (Rebelión).