Ganancias, miedo al efecto dominó

I - El secreto mejor guardado del gobierno de la provincia tomó trascendencia en la semana y provocó un debate de alcance nacional: Carlos Verna firmó un decreto disminuyendo la carga del impuesto a las Ganancias a los empleados públicos pampeanos. Si se prescinde de la pirotecnia política que se desató al conocerse la decisión y contaminó la cuestión de fondo, la noticia es, sin dudas, que se tomó una medida en defensa del salario de los estatales similar a la que, antes, tomó el gobierno nacional, el Congreso de la Nación y varias provincias a favor de sus empleados. El impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios ha sido tema de debate en la Argentina en los últimos años y fue una de las armas electorales principales del presidente de la Nación, cuya promesa de eliminar ese gravamen a los sueldos fue determinante para que ganara el ballotage que lo catapultó a la Casa Rosada.

II - La fundamentación del decreto no puede ser discutida por el gobierno de la Nación a riesgo de reconocer que está sosteniendo un indefendible privilegio para sus empleados mientras se lo niega a los de las provincias. Por esa ausencia de argumentos y de coherencia a la hora de cuestionar al gobernador pampeano, le soltaron la cadena a sus perros mediáticos y los medios nacionales que le son adictos, y a no pocos medios pampeanos, que salieron a embarrar la cancha intentando tergiversar la medida ocultando lo principal. "Verna se aumentó el sueldo a él y a sus funcionarios", "por decreto dejó de pagar ganancias" y otros títulos por el estilo sirvieron para confundir a buena parte de los ciudadanos que, así inducidos, se indignaron por la decisión de La Pampa.

III - Pero la verdad es que La Pampa no hizo ni más ni menos que lo que la presidencia hizo antes para favorecer a sus empleados y funcionarios (a los propios ministros y, seguramente al propio presidente), a los empleados del Congreso de la Nación, del Anses, etcétera, y también lo que hicieron otras provincias patagónicas, por no mencionar lo que es una patética injusticia impúdicamente exhibida a la luz del día: que la justicia de la Nación y las provincias no pagan Ganancias y han extendido ese privilegio (que aseguran es de raigambre constitucional) a sus empleados que no están amparados por esa interpretación del texto de la Constitución.

IV - El gobierno nacional salió a anticipar que irá a la Corte para que se ilegalice el decreto pampeano pero, para hacerlo, deberá tener cuidado, pues la Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que la igualdad será la base para imponer tributos. Si quiere atacar a La Pampa por el decreto, deberá leer con cuidado los argumentos de La Pampa para disminuir la base impositiva de sus empleados, pues allí no hace otra cosa que imitar lo que ya hace la Nación, la Justicia, el Congreso y otras provincias. La Corte se verá en problemas para armar un argumento coherente y convincente que anule el beneficio para La Pampa mientras la mantiene para el resto.

V - En la última reunión del Consejo Federal de Impuestos, el representante del Poder Ejecutivo tuvo que escuchar la protesta de los representantes de las provincias indignados porque se estaban enterando, a través de la explicación que La Pampa dio a su decreto, que la Nación había disminuido la base imponible del impuesto a las Ganancias a sus empleados y funcionarios y que ahora intenta perpetuar ese privilegio pidiéndole a la Corte que se lo niegue a los empleados estatales pampeanos. El funcionario macrista escuchó algo más: otras provincias anticiparon que están estudiando imitar a La Pampa y pagar Ganancias como lo hace la Nación, el Congreso, Anses, la Justicia, etcétera.

VI - La Pampa había confiado en que el secreto de la medida acordada con los gremios iba a garantizar su aplicación por un tiempo largo sin problemas. Pero trascendió y cuando eso ocurrió salió con los tapones de punta acusando al radicalismo santarroseño de operar contra los intereses de La Pampa. (Que la acusación haya desencajado al intendente santarroseño que salió a repartir acusaciones a diestra y siniestra, insinúa que, tal vez, no es inocente en la operación que denuncia el gobierno provincial). Pero esa pelea hoy poco importa, más allá de los réditos políticos que se pueda o no cosechar de ella.
La Pampa enfrenta hoy a la Nación y a una Corte que es hoy funcional a sus necesidades políticas. Ante el peligro de que el gobierno nacional pida una cautelar para suspender la vigencia del decreto, la provincia debería analizar un amparo que proteja los derechos constitucionales de los pampeanos de la maniobra que prepara el macrismo para suspender el beneficio impositivo sin entrar en la cuestión de fondo. (LVS)