Genocidas no se arrepienten, pero piden “indulgencia”

PRISION DOMICILIARIA PARA ETCHECOLATZ

Los otorgamientos de prisiones domiciliarias a los condenados por delitos de lesa humanidad, han venido creciendo. El fallo que beneficia al ex comisario Miguel Etchecolatz es una muestra de ello.
IRINA SANTESTEBAN
La eximición de prisión efectiva y su cambio a domiciliaria, ordenada por el Tribunal Oral Federal de La Plata, a favor de Miguel Etchecolatz, condenado por decenas de crímenes de lesa humanidad, ha causado profunda indignación, y no sólo en los organismos de Derechos Humanos. Es que el ex comisario es un símbolo de la represión ilegal y el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar; su crueldad para con prisioneros y prisioneras fue ampliamente probada en el juicio “circuito Camps”. También se lo considera el ideólogo de la desaparición del testigo Jorge Julio López en septiembre de 2006, al día siguiente de haber declarado en su contra.
El beneficio de la prisión domiciliaria está previsto en la ley 24660, artículo 32, que dispone: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: … d) Al interno mayor de 70 años”.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo “Vigo, Alberto Gabriel” (Causa 10.919 del año 2010), estableció un criterio restrictivo en el otorgamiento de este beneficio por parte de los jueces, cuando se trata de detenidos por delitos de lesa humanidad, que están condenados por crímenes gravísimos como homicidios, desaparición de personas, aplicación de tormentos, robo de bebés, etc.

Denuncia de los organismos de DDHH.
Desde hace meses los organismos de Derechos Humanos vienen denunciando la aplicación de políticas, por parte de las autoridades nacionales, en desmedro de los grandes avances que la Argentina logró y que le valieron reconocimiento internacional.
Desde programas que ya no tienen presupuesto ni personal, como el que denunciaron las Abuelas de Plaza de Mayo por el equipo que trabajaba en la búsqueda de identidad de hijos de desaparecidos, apropiados durante el cautiverio de sus madres; hasta la actitud del ministro de Justicia, Germán Garavano, de recibir a Cecilia Pando, dirigente que proclama el carácter de “presos políticos” de esos reos y que es una vocera de los genocidas, hasta el punto de justificar el robo de bebés durante la dictadura.
La reciente entrevista al portal de noticias BuzzFeed, en la que el presidente Mauricio Macri dijo muy displicentemente que no tenía “ni idea” del número de desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, fue la mejor demostración del “cambio” en esta materia.

Empresario “exitoso”.
Ese “ni idea” refleja un desinterés evidente de la máxima autoridad de la Nación, respecto a una etapa de nuestra historia en la que se violaron derechos de los ciudadanos y se cometieron delitos aberrantes.
La actitud del Presidente no debería extrañar, porque es un representante de la clase empresarial que tuvo un crecimiento exponencial durante la dictadura militar. Su padre, Franco, fundador del grupo Macri, pasó de tener siete empresas en 1976 a 53 en 1983.
Según la investigación sobre la Deuda Externa que realizó el abogado Alejandro Olmos Gaona y que originó la causa que llevó el juez Ballesteros, la empresa Sevel (propiedad de Macri) adeudaba a fines de 1983, 124 millones de dólares. Sevel, como muchas otras empresas (Acindar, Banco Río, Banco de Galicia, Bridas, Alpargatas, Papel de Tucumán, Juan Minetti, IBM, Ford, Propulsora Siderúrgica, Loma Negra, etc.) se beneficiaron con la estatización de la deuda privada, medida impulsada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Así, el Estado (o sea todos nosotros) se hizo cargo de una deuda enorme, que a fines de 1983 fue calculada en 23 mil millones de dólares, el doble del valor de la deuda externa en aquel momento.

Recortando gastos.
Según refiere la periodista Alejandra Dandan (Página 12, 31/07/2016), el secretario de Justicia Santiago Otamendi, se reunió con miembros del Poder Judicial en distintas jurisdicciones, para explicar la “nueva política criminal”. El centro de su análisis se enfocó más en el recorte de gastos, que en el mejoramiento de las condiciones de detención de los presos, que ha sido en los últimos años motivo de reiterados reclamos por parte de organismos internacionales. Y entre las recomendaciones, Otamendi se pronunció a favor del otorgamiento de prisiones domiciliarias a los mayores de 70 años, tal como lo dispone la ley 24660.
Como la mayoría de la población carcelaria es joven -se calcula el promedio de edad entre 21 y 34 años-, la franja etárea de más de 70 años corresponde casi exclusivamente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Si bien el funcionario no mencionó esta circunstancia, es seguro que no desconoce estas cifras, con lo cual el gobierno, con la excusa del “recorte de gastos” estaría propiciando las prisiones domiciliarias de los genocidas, tal como lo están denunciando los organismos de DDHH, como una amnistía encubierta.

La edad no redime.
A pesar del tiempo transcurrido, y del repudio mayoritario de la sociedad al accionar criminal de los responsables de los delitos de lesa humanidad, éstos no han evidenciado arrepentimiento. Ni siquiera han tenido una conducta piadosa hacia las familias de los desaparecidos y de los hijos apropiados en aquellos años. No han revelado ni el destino de los cuerpos ni la identidad de los bebés (hoy adultos), y los 120 jóvenes hoy recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, lo fueron por el trabajo incansable de esas mujeres valientes. Se calcula que hay otros 400 jóvenes que todavía viven con una identidad falsa, y sin embargo ninguna información han brindado los autores de ese aberrante delito.
Esa conducta criminal fue la base del fallo “Vigo”, de la Corte Suprema, que contradijo una sentencia de la Cámara de Casación Penal, por la que se otorgaba la prisión domiciliaria a un condenado por delitos durante el terrorismo de Estado.
Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos, han notado un cambio en la doctrina de la Corte, cuando en el fallo sobre la prisión del médico policial Jorge Antonio Bergés, quien intervino en partos clandestinos en el centro de detención conocido como Pozo de Banfield, le fue revocada la prisión domiciliaria, porque su estado de salud no estaba corroborado por informes del Cuerpo Médico Forense.
Entonces ahora, los abogados de los genocidas, piden la intervención de ese cuerpo médico para fundamentar sus pedidos de prisiones domiciliarias para sus defendidos.

“Ignominia”.
La resolución del Tribunal Oral Federal de La Plata, que permite al ex comisario Etchecolatz cumplir condena en su domicilio, es la demostración de estas directivas. Este personaje fue acusado de haber organizado desde la prisión, con ayuda de “amigos” dentro de las fuerzas de seguridad, el secuestro y posterior desaparición de Julio López, quien el día anterior había declarado contra él en la audiencia. El testigo se había referido a la extrema crueldad de Etchecolatz, relatando los tormentos propinados a una prisionera, a quien luego ejecutó de un disparo.
Para lograr ese fallo favorable, el ex comisario había amenazado con iniciar una huelga de hambre y en un escrito había calificado como una “ignominia” que no se le permitiera gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Justamente él, que no tuvo piedad con la abuela Chicha Mariani, en la búsqueda incansable de su nieta Clara Anahí, luego del asesinato de sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi. Mano derecha del general Ramón Camps, Etchecolatz fue también responsable del secuestro, detención, torturas y posterior desaparición de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas. Estela Carlotto tuvo más suerte que Chicha y pudo recuperar a su nieto, Guido Ignacio.

Sentencia histórica.
A pesar de todo, aunque se evidencie un gradual intento de licuar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, los procesos siguen su curso.
Mañana jueves 25 de agosto, en Córdoba tendrá lugar una jornada histórica, al leer el Tribunal Oral Federal la sentencia en la Megacausa de los campos de concentración La Perla y La Ribera. Este proceso se conformó con 21 causas que fueron unificadas en lo que se llamó “Megacausa”, en el cual se juzgaron delitos de los que fueron víctimas 716 personas, 340 de ellos sobrevivientes, mientras que 600 testigos declararon en 352 audiencias.
Los acusados, que mañana escucharán el veredicto del Tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier, son 43, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, quien podría recibir su condena número 12 a prisión perpetua, más otras dos a más de veinte años. El ex mandamás del Tercer Cuerpo de Ejército cumple su pena en su domicilio, beneficio que le fue otorgado, debido a su estado de salud. Sin embargo, no le impidió asistir a muchas de las audiencias, incluso a hacer uso de su derecho de defensa, pronunciando su descargo con los conocidos argumentos de que hubo “una guerra contra el marxismo” y que se estaría juzgando a “los vencedores”.
Sonia Torres estará en la audiencia, como desde diciembre de 2012, cuando comenzó este largo proceso que mañana llegará a su final. Para la presidenta de las Abuelas de Córdoba, sin embargo, no hay final, pues la búsqueda de su nieto nacido durante el cautiverio de su hija Claudia Parodi, sigue vigente. Cuando declaró en la audiencia, Sonia increpó a los acusados y les rogó que le dijeran dónde estaba su nieto. No tuvo respuesta. ¡Esos son los “ancianos” que piden prisión domiciliaria!

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