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Golpe judicial made in USA

Una investigación periodística acaba de arrojar una bomba sobre el sistema político de Brasil al revelar que el expresidente Lula da Silva fue condenado tras un proceso viciado de ilegalidad y encarcelado sin pruebas. Lo que era sospecha ahora se confirma gracias a las filtraciones que publicó en el sitio web The Intercept un periodista estadounidense, Glenn Greenwaald, quien había obtenido el Premio Pulitzer por sus investigaciones sobre el espionaje ilegal de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. para el diario británico The Guardian.
Estas revelaciones constituyen un verdadero escándalo al desnudar el fraude que cometió el juez Sergio Moro y el equipo de fiscales encabezados por Deltan Dallagnol. Los chats y las conversaciones publicadas dejan al descubierto que la independencia entre ambas partes -un principio básico del sistema judicial- era pura ficción y que se confabularon para llevar a prisión a Lula y sacarlo de la carrera electoral.
Las filtraciones muestran que los fiscales hablaban abiertamente entre sí de que su objetivo principal era evitar un triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) en octubre de 2018. Esta aberración institucional corre pareja a la invención de la «prueba» principal contra Lula, la donación de un departamento por parte de la empresa OAS a cambio de un contrato con Petrobras.
Semejantes descubrimientos significan una herida de muerte a toda la «operación Lava Jato» al revelar que fue una gigantesca manipulación para demoler al PT y, de paso, pavimentar el acceso de Sergio Moro al Ministerio de Justicia. Luego de ofrecer una explicación endeble, Moro se fue de vacaciones mientras el ambiente político de Brasil se caldea con el crecimiento de las demandas de libertad para Lula.
Los argentinos no debiéramos sentirnos ajenos a este bochorno del vecino país. Aquí también buena parte del aparato judicial está hoy al servicio de la persecución de opositores políticos, a quienes se encarcela sin condena mediante el abuso de la prisión preventiva y se arman causas con una endeblez probatoria que alarma. El objetivo principal es el mismo, una expresidenta de un gobierno «populista»: Cristina Fernández de Kirchner.
En verdad, no debiera asombrar la coincidencia metodológica. Brasil, Argentina, Ecuador… con matices, siguen un mismo rumbo ordenado desde Estados Unidos con el propósito de afianzar los gobiernos amigables de derecha y demoler toda posibilidad de regreso al «populismo». Sergio Moro fue uno de los jueces latinoamericanos que más viajó al país del norte a participar de los «encuentros de intercambio» judicial desde donde se promueven los lineamientos a aplicar en América Latina. La figura del «arrepentido», tan útil para acusar sin pruebas y fabricar causas, es una reciente adquisición por esa vía.
Hay un término: «lawfare», o guerra con la ley, para definir esta estrategia de Washington destinada a asegurarse la fidelidad de su patio trasero latinoamericano. En este marco jueces y fiscales pasaron a desempeñar el mismo rol de perros guardianes que décadas atrás cumplieron los militares. El cambio metodológico es notable aunque los objetivos sigan siendo los mismos.