¿Hacia un cambio en el modelo de convenciones colectivas de trabajo?

LA RELACION PRECIOS-SALARIOS Y EL ESTADO

Eduardo Lucita* – Cada vez que la economía nacional sufre sus tradicionales cuellos de botella, surgen las ideas de un compromiso arbitrado por el Estado que establezca una nueva relación precios-salarios y que mejore la competitividad. Así está pasando ahora. Así fue en varias oportunidades anteriores, nunca terminaron bien.
Desde inicios de este año distintas iniciativas empresarias dan cuenta de un interés creciente por mejorar la competitividad de sus producciones. Según varios estudios, medido por unidad de producto el salario real se ha incrementado más que la productividad.
Obviamente esto adquiere mayor relevancia cuando hay retraso cambiario en un mundo en que la apreciación del dólar, principal moneda de referencia en el comercio mundial, ha impulsado devaluaciones competitivas.
La mayoría de los asesores económicos de los presidenciables 2015 hablan de buscar “una salida con el menor costo social”. Es que son conscientes que una devaluación, aunque fuera necesaria, es una solución de corto plazo, que lleva a la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos populares y por lo tanto del mercado interno. Que controlar la inflación a riesgo del empleo es peligroso, saben que los niveles de resistencia social son hoy mucho mayores que los que había cuando la macro devaluación del 2002.
Traducido: han echado a rodar nuevamente las ideas de un Pacto, Compromiso, Acuerdo o Diálogo Social, o como se lo quiera llamar, que no es otra cosa que la vieja idea, propia del peronismo pero no solo de él, de un acuerdo entre capital y trabajo mediado por el Estado.

Antecedentes.
Hay varios antecedentes, todos frustrados. En 1973 el Pacto Social congeló los precios, acordó un incremento general de salarios y la cancelación de las paritarias por dos años. En el primero hubo estabilidad de precios y crecimiento económico; en el segundo estallaron todas las tensiones acumuladas lo que culminó en la primera huelga general bajo un gobierno peronista. Más recientemente, fines de 2004 y mediados de 2005, impulsado por la presidenta CFK, se planteó un acuerdo entre la UIA y la CGT para controlar precios y salarios, lo que coincidió con el inicio de las negociaciones paritarias desatando un fuerte incremento de la conflictividad sindical. El intento abortó antes de nacer. Más lejos en el tiempo, en el Segundo Plan Quinquenal, luego del Plan de Estabilización de 1952, se instala la meta de aumentar la producción y aparece la mención a la productividad “del trabajo y el capital”. El Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social fue finalmente convocado por la CGT a principios de 1955, los acuerdos alcanzados no llegaron a ponerse en práctica, el golpe militar de septiembre de ese año dio por finalizado el intento.

Preparando el terreno.
En los últimos meses se conocieron iniciativas y propuestas que han comenzado a crear el ambiente para volver a intentarlo. Conviene repasarlas de conjunto.
El jueves de la semana anterior tuvo lugar la Audiencia Pública que la Corte Suprema de Justicia convocara -como lo hiciera otras veces, por ejemplo por la Ley de Medios- para discutir la titularidad del derecho de huelga. Se trataría de discernir si solo corresponde a los sindicatos con personería, otorgada por el Estado, o a todo colectivo de trabajadores, estén afiliados o no a un sindicato. Si la Corte resuelve a favor de los sindicatos con personería estará condicionando el derecho de huelga, por el contrario si falla a favor de todo grupo de trabajadores que defienda un interés colectivo estará fortaleciendo a los organismos de base pero también favoreciendo la política de “personerías simplemente inscriptas” que, de generalizarse, conllevan el riesgo de la atomización sindical. Conviene recordar que con pocas firmas en México, Venezuela o Chile por ejemplo, se puede constituir un sindicato por empresa.
No casualmente en la Conferencia Anual de la OIT de junio pasado, la delegación de la UIA presionó para que la organización incorporara a sus definiciones la reglamentación del derecho de huelga, algo que hasta ahora no figura en sus principios fundantes ya que el criterio sostenido desde sus inicios es que las instituciones de cada país miembro deben legislar sobre el tema. Al mismo tiempo la UIA invitó al Secretario General de la OIT a que asistiera en diciembre a su Convención nacional, donde, previsiblemente con la presencia del nuevo presidente, presentaría su propuesta de Acuerdo Social que, según el análisis del reconocido abogado laboralista y asesor de la CGT-Córdoba, Lucio Garzón Maceda, consistiría en “La suspensión por dos años de la negociación por rama, sector o actividad industrial” reemplazándola por “una negociación de cúpula articulada con una negociación a nivel de empresa”.
El doctor Armando Caro Figueroa, quien fuera secretario primero y ministro de trabajo luego -gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem- y de los primeros en los años ’80 en plantear la “negociación articulada” y la necesidad de discutir por productividad, llamó la atención sobre las presiones de los grandes empresarios para suspenderlas por dos años. En su artículo “¿Peligran las paritarias?” defendía las CCT pero señalaba que había que “aggiornar” las negociaciones, no podía ser que solo giraran sobre el salario, acusaba a la dirigencia sindical tradicional de conservadora. Algo efectivamente cierto aunque no necesariamente en el sentido que lo dice el autor de marras. Porque negociar condiciones en un período de crecimiento del movimiento obrero y de fortalecimiento de los sindicatos hubiera permitido que los trabajadores se beneficiaran en parte de la mayor productividad alcanzada, ya que como sabemos para las grandes empresas en todo este tiempo la principal fuente de ganancia no ha sido el salario sino las condiciones de trabajo.

No solo precios y salarios.
En una economía estancada y con fuertes desequilibrios macroeconómicos el acuerdo capital/trabajo lleva implícito reordenar las principales variables económicas, moderar salarios y precios y mejorar los niveles de productividad para favorecer el ingreso de capitales y potenciar la inversión. Pero por lo que se puede deducir en esta coyuntura, por
demás compleja económica y políticamente, también están en juego el derecho de huelga y la descentralización de la negociación colectiva.
Para apreciar la verdadera dimensión de lo que está en gestación es necesario colocar este intento de acuerdo de partes -empresariado, sindicatos, Estado- en un contexto en que conviene destacar al menos dos aspectos: uno, el hecho que por primera vez en su historia la UIA estará conducida por representantes del gran capital y dos, que la política nacional
está acentuando un giro derechista y conservador.
Nuestra experiencia muestra que todo acuerdo o pacto social tiende a imponer niveles de productividad y ganancias empresariales buscando potenciar la acumulación de capitales. La contrapartida siempre ha sido que los trabajadores y sectores populares recorten sus reivindicaciones en aras de un futuro mejor, que siempre se anuncia sin fecha de concreción.
*Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda