Igual que cualquier vecino

Alguna sorpresa pudo haber despertado en ciertos sectores, saber que el Estado provincial y también el nacional desatienden sus obligaciones tributarias con relación a la municipalidad santarroseña, cuadro que no debe ser muy extraño al que padecen otras comunas.
Según un informe oficial del municipio lugareño, la Provincia apenas si paga la cuarta parte del importe que debería oblar por tasas retributivas de servicios, sobre los numerosos inmuebles que posee en esta capital. Ante el reclamo consiguiente, ha dicho que no abonará un peso más de esa ínfima proporción, fundándose en la firma de un convenio que le acuerda al Centro Cívico una situación de privilegio con respecto al resto del vecindario. También esgrime una norma que eximiría a los edificios escolares de ese pago, disposición nula que contraría el principio de igualdad que consagra la Constitución Nacional en su artículo 16.
Nación no se refugia en esos pretextos, pero paga con un enorme retraso. Esa mora genera quizás en no pequeña parte, los terribles problemas financieros que preocupan hondamente a la gente de San Martín 50.
Se trata. como fácilmente se advierte, de la aplicación de la llamada ley de gallinero o, si se prefiere, de la ley forzosa del ancho mar, donde el pez más grande se come al chico. Así ocurre en este caso y, a la vez, en la distribución de los recursos: en la coparticipación, el poder federal suele reventar a los provinciales y éstos, en mayor medida, a los comunales. Pero el resultado final es que los reventados son los juanpérez que, contradictoriamente, sostienen con su esfuerzo cotidiano todo el aparato burocrático en todos sus niveles.
Cuando era modesta capital del Territorio con sus escasos diez mil habitantes, la Santa Rosa de los años 30 dio un ejemplo para que las municipalidades hicieran valer su derecho a cobrar los servicios urbanos que prestan y que tienen, obviamente, un costo determinado. Así fue su respuesta ante la cerrada negativa del sacerdote a cargo de la parroquia local, de pagar las tasas por alumbrado, barrido y limpieza. Agotados todos los recursos administrativos y judiciales, se ordenó el remate de la iglesia céntrica. Cuando vio la bandera de remate izada frente al templo, el cura cuyo nombre hoy recuerda una calle de la ciudad, abandonó su soberbia y organizó una colecta entre los fieles para ponerse al día con la tesorería municipal.
Recuerdos aparte, es absurdo que Nación y Provincia aparezcan como morosos o evasores en un renglón que, como se dijo, apunta a su propio sostén. Su conducta no es buen ejemplo para los contribuyentes. Si éstos siguieran su ejemplo, todo el aparato estatal entraría en colapso por falta de recursos.