Información que hace falta conocer

Nuestra provincia exhibe una suerte de contradicción interna en su funcionariato. No es una provincia donde la corrupción ofrezca un nuevo escándalo cada día -en parte por el control social que, a diferencia de otras latitudes, ejerce la prensa-, pero tampoco puede mostrar una clase política que haya hecho un dogma de la calidad institucional. Acá todo ocurre a una escala más pequeña a partir del latiguillo de que “nos conocemos todos”, lo que entraña beneficios aunque también debilidades.
La confirmación del Superior Tribunal de Justicia de una sentencia contra un ex abogado del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda por fraude a la administración pública, puede servir de disparador para volver a plantear cuestiones que, por esa falta de compromiso real y concreto con la institucionalidad, pasan de largo y terminan transformándose en malas costumbres.
La exigencia de calidad institucional no pasa por proclamar frases altisonantes al estilo de “yo soy democrático y respeto la independencia de poderes”, sino por pasar al terreno de las acciones, transmitir valores y educar en tal sentido. Por ejemplo: apostar públicamente por la transparencia, más aún hoy con los avances tecnológicos que asombran por sus posibilidades. Sin embargo, La Pampa -con buenos indicadores en muchos rubros- no promueve ni facilita el acceso a información estatal de evidente interés público. Peor aún, en los hechos, pone trabas.
Un ejemplo de ello, vinculado al citado fallo, es el desconocimiento que tienen los pampeanos acerca del dinero que el Estado ha recuperado de los funcionarios condenados por corrupción. Ese desconocimiento -puede sospecharse porque así lo indica la realidad- es consecuencia de la desinformación en que quedan envueltos esos temas.
Si la Fiscalía de Estado, que es la responsable de promover las acciones legales, nunca entregó un informe oficial sobre esas gestiones, puede deberse a dos razones. A que efectivamente no recuperó un peso a causa de su pasividad, o a que, directamente, no quiere informar. Esa conducta -que puede trasladarse a muchas otras áreas y no sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial- refleja palmariamente el desinterés sobre el mejoramiento de la calidad institucional en la esfera pública.
Ninguna de esas dos eventuales razones justifican el silencio. Porque si un gobernador, ministro o secretario da órdenes de ocultar información pública -excepto que se trate de datos de altísima confidencialidad-, la respuesta no tiene que ser la pasividad ni la aceptación por obediencia debida. En ese punto, en la creencia del funcionariato de que las decisiones personales están por encima del interés público, radica la gran falencia de la institucionalidad pampeana. A ese “nos conocemos todos” habría que exprimirle las ventajas, y añadirle las que todavía faltan.
Hoy, sin ir más lejos, no se sabe si a las arcas públicas volvieron, y con los intereses correspondientes, los fondos sustraídos en el IPAV; los que sirvieron para el enriquecimiento de funcionarios que solamente trabajan en la administración pública; los de los sobreprecios en la construcción de las cloacas de Intendente Alvear; los que se malversaron en General Acha por un intendente indultado…
Quienes apuestan a la institucionalidad no quieren más un Estado bobo. Actualmente, en la Argentina, hay sectores dentro del propio oficialismo que apuntalan desde lo más alto del poder ese pensamiento. Otros, que proclaman su pertenencia indeclinable a ese sector político, parece que se han olvidado de esa parte del libreto.