Inminente brote de violencia agraria

Fabíola Ortiz – Está a punto de estallar un nuevo episodio violento entre propietarios de grandes haciendas y campesinos sin tierra en el amazónico estado de Pará, en el norte de Brasil. La hacienda Itacaiunas se encuentra en el sudeste de Pará, en el municipio de Marabá, a 684 kilómetros de la capital estadual, Belém. Su propietario es Agro Santa Bárbara, grupo económico que posee al menos 600.000 hectáreas de tierras en este estado.
Desde 2002 la Federación de los Trabajadores de la Agricultura de Pará (Fetagri) reclama que esa propiedad sea confiscada y sujeta a reforma agraria. En ella viven acampadas unas 300 familias.
En los últimos días de abril, estos campesinos sin tierra anunciaron que ejecutarían una ocupación definitiva de la hacienda y el lunes 29 iniciaron un loteo para “realizar el asentamiento por cuenta propia”, según un comunicado de la organización.
La empresa, a su vez, considera delincuentes a los campesinos e informó que los denunció a la policía militar para garantizar el orden y evitar choques.
La inminencia de un choque violento es real, pues hay denuncias de presencia en la zona de grupos fuertemente armados, contratados por los dueños de la hacienda. Según dijo el abogado de la católica Comisión Pastoral de la Tierra, José Batista, que sigue de cerca la situación, el conflicto en Itacaiunas es “bastante grave”.
“Hace mucho tiempo estas familias tienen expectativas de que se haga el asentamiento (la distribución legal de predios de la reforma agraria). La empresa puso guardias armados y ya recibimos informaciones de que envenenó las pasturas para expulsar a las familias. Eso añadió tensión y entonces (los campesinos) resolvieron ocupar un lugar más extenso”, explicó.
Aunque la policía fue convocada para evitar un choque directo entre los trabajadores y los guardias armadas, a veces la presencia policial es la que genera conflictos.
Según Batista, en 2010 el gobierno determinó la expropiación de la hacienda, pero el grupo empresarial introdujo un recurso que suspendió la emisión del título de propiedad para los asentados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
“Las familias acampadas son irreductibles, pero quieren resolver el problema de forma pacífica”, aseveró el abogado.
(IPS)