Insensibilidad

Desde el mes de julio se encuentra interrumpida en todo el país la emisión de la Tarjeta Alimentaria y no se ha escuchado todavía ninguna alerta ni denuncia por el atraso. Las razones de semejante novedad, por parte de la empresa responsable -una gigantesca multinacional del negocio del dinero plástico-, aparecen como descabelladas: la falta de un repuesto que no llega desde Francia.
Lo cierto es que la consecuencia inmediata de este despropósito es la afectación de la ayuda alimentaria dirigida a los sectores sociales más vulnerables. Por la TA se canalizan los aportes económicos a las familias en situación de riesgo nutricional, por lo tanto el sistema cumple con una de las funciones primordiales del Estado: atender las necesidades básicas de los que menos tienen para que no pasen hambre y evitar en los niños secuelas físicas y mentales irreversibles. Nada menos. El problema afecta especialmente a los nuevos inscriptos porque “el sistema”, por ahora, sigue abasteciendo reemplazos y extravíos pero no el registro de los ingresos recientes.
La total ausencia de voces de alarma revela que no se trata de una prioridad para nuestros gobernantes. Ni siquiera despierta la sensibilidad el hecho irrefutable -y corroborado por datos oficiales- del desmedido aumento de la pobreza en todo el país a causa de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. Los nuevos pobres son, o deberían ser, los usuarios privilegiados de este sistema, pero como hoy está fuera de funcionamiento se ven sometidos a largas esperas para recibir la ayuda alimentaria. Es un maltrato indigno que castiga por partida doble a quienes se están cayendo de las redes de contención. La falta de respuesta inmediata frente a un tema tan acuciante no es otra cosa que un fiel reflejo de las nuevas políticas que llegaron de la mano del macrismo y que otorgan prioridad absoluta a los intereses de las clases más pudientes mientras postergan para un futuro que nunca llega las demandas de los sectores populares.

Cuesta abajo
Un informe conocido este fin de semana le puso números al estado de deterioro que avanza aceleradamente sobre el conjunto del sistema educativo argentino. Y ayuda a entender la multiplicación de voces que se han alzado contra las consecuencias negativas que las políticas del gobierno nacional provocan en la educación pública como también los paros y movilizaciones que delatan el malestar que cunde en los campus, las aulas y los laboratorios argentinos.
Las cifras reveladas son verdaderamente preocupantes y demuestran que la educación no está entre las prioridades del gobierno a pesar de los discursos de ocasión y las frases marketineras de los funcionarios que saturan los grandes medios oficialistas.
La subejecución presupuestaria de programas destinados a formación docente, a investigación, a infraestructura y equipamiento, la abrupta reducción de becas, etc. está avanzando a límites que pueden poner en riesgo la salud de todo el sistema educativo. Hasta la distribución de netbooks a los estudiantes secundarios se paralizó con lo que se cortó un programa de equidad al acceso de tecnología que había sido muy bien recibido por la sociedad y considerado ejemplar a escala mundial.
Quizás lo que resulta más irritante es el hecho de que esta política de devastación de la educación pública sea llevada a cabo por un gobierno integrado por grandes empresarios, pertenecientes a familias de fortuna y que fueron educados en los colegios y universidades privados más caros del país. Para peor, en sus discursos oficiales y ante la prensa abundan las menciones a la “igualdad de oportunidades” o al “mérito”, lo cual torna más ostensible la discriminación que llevan a cabo contra la educación pública desde el ejercicio del poder político.

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