Insisten en el Congreso con la despenalización del aborto

Con más de 60 firmas de diputados nacionales de diferentes bancadas, se presentó la semana pasada un nuevo proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo. Hasta ahora
nunca se logró siquiera debatir en el recinto del Congreso de la Nación, ninguno de los cinco proyectos.
IRINA SANTESTEBAN
Como en las ocasiones anteriores, el proyecto que se presentó la semana pasada en el Congreso de la Nación para la despenalización del aborto, y que fue firmado por más de 60 diputados, es una iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En esta oportunidad se hizo bajo la consigna "Aborto legal, una deuda de la democracia: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir".
Legisladores de diferentes bancadas suscribieron el proyecto, y su número lo convierte en la iniciativa que cuenta con la mayor cantidad de firmantes.
Aunque es conocida la posición de la presidenta Cristina Fernández, contraria a una ley que permita la interrupción del embarazo, eso no fue obstáculo para que la mayor cantidad de apoyos provengan de la bancada oficialista del Frente para la Victoria, a las que se sumaron sus aliados de Nuevo Encuentro, y diputados y diputadas de la oposición, como la UCR, el socialismo, la Unidad Popular, el GEN, el Frente de Izquierda, Libres del Sur, el Frente por la Inclusión Social, UNEN y hasta una firma del PRO. La única fuerza que no puso ni una firma es la del Frente Renovador de Sergio Massa.

Problema de salud pública.
Como en intentos anteriores, el argumento central de la iniciativa presentada el pasado miércoles, y explicitado en una conferencia de prensa, alude a una cuestión de "política sanitaria" y de resguardo de las mujeres que se ven forzadas a interrumpir un embarazo no deseado.
Las referentes del proyecto y de la Campaña por el Aborto Legal explicaron que "en la Argentina se calcula que abortan clandestinamente más de 500.000 mujeres al año, lo que demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil". Por ello sostienen "que el debate sobre la despenalización y legalización del aborto resulta fundamental y urgente".
La fortaleza de esta iniciativa que a pesar de sus fallidos intentos, vuelve a ser presentada, radica en que la práctica del aborto clandestino constituye un "problema de salud pública", al constituir "la primera causa de muertes maternas". Y además, al afectar mayoritariamente a las mujeres de los sectores más pobres, se transforma también en "un reclamo de justicia social".
En cuanto al basamento legal del proyecto, sus impulsores expresaron que el mismo se inscribe en el reconocimiento de pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos y sus protocolos facultativos, a los que ha adherido la Argentina, y que integran así nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional.
Si la ley se aprobara, afirman, sería una garantía para las mujeres respecto a "el derecho a la vida, a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad de conciencia y religión, entre otros".

Debate necesario.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nació de los Encuentros de Mujeres que se realizan en nuestro país, todos los años, desde el regreso de las instituciones democráticas. Agrupa hoy a más de 300 organizaciones entre las que se incluyen entidades feministas, organismos defensores de los derechos humanos, universidades, sindicatos, agrupaciones de mujeres de distintas experiencias políticas y activistas y de artistas, además de partidos políticos.
Las integrantes de esta campaña se ufanan de haber introducido, a pesar de la oposición de la jerarquía de la Iglesia católica y de los sectores más conservadores de la sociedad, el debate sobre la necesidad de legislar sobre el aborto, partiendo de una base objetiva cual es la práctica clandestina que perjudica a quienes tienen menores recursos y beneficia a quienes pueden pagar altos honorarios para realizarse dicha intervención, de manera segura.
La campaña también denuncia la hipocresía que subyace en los sectores que se oponen al debate sobre una ley de despenalización del aborto, pues niegan una realidad que atraviesa a todos los integrantes de la sociedad, ya que la mayoría de los ciudadanos, en algún momento, han tenido que acudir a esta práctica, cuando en su círculo íntimo o familiar se han visto obligados a decidir qué hacer frente a un embarazo no deseado.

En la agenda pública.
Un logro indiscutible de la Campaña por el Aborto y de los diferentes intentos de presentar los proyectos de despenalización, aún cuando los mismos hayan ido perdiendo estado parlamentario y no se hayan debatido en el Congreso de la Nación, ha sido su instalación en la agenda pública. En los últimos diez años, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha dejado de ser "tabú", y se debate en amplios sectores de la sociedad. Incluso entre quienes no la aceptan por cuestiones religiosas o personales, hay un cada vez mayor consenso en que el aborto debe ser despenalizado, para que quienes tengan que recurrir a esa práctica puedan hacerlo legalmente, y no en la clandestinidad.
Como ocurrió con el divorcio, si una ley permitiera la interrupción voluntaria de los embarazos, dentro de determinados plazos, ninguna mujer estaría obligada a abortar, si sus creencias no se lo permiten.
Desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reafirmó la conocida posición de la presidenta, al sostener que el tema del aborto "no está en la agenda del Ejecutivo", que "ni promueve ni impulsa su despenalización", y expresó "que no le incumbe" opinar sobre esta iniciativa.
En realidad, sí debería ser un tema de la agenda del gobierno, y habrá que ver qué pasa si el proyecto se trata en las comisiones, se aprueba y pasa al recinto. ¿Se animarán las diputadas del Frente para la Victoria, a sostenerlo si la Presidenta no lo aprueba? Situación embarazosa para la jefa del bloque, Juliana Di Tullio.
Y también habrá que estar atentos a la reacción de la Iglesia Católica, ahora con más fuerza desde la asunción del Papa Francisco, pues el cardenal Jorge Bergoglio fue el que encabezó una cerrada oposición a la ahora ley de matrimonio igualitario. Y se espera que si este proyecto supera el debate en las comisiones y llega a cualquiera de las dos Cámaras, desde el Vaticano moverán a sus feligreses para oponerse a su tratamiento.

Guía que no se cumple.
La iniciativa presentada permite la práctica del aborto hasta las primeras doce semanas de gestación y el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. También establece que se podrá practicar un aborto si el mismo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves, legislando en este caso, sobre los llamados "abortos no punibles", que están previstos en el Código Penal, en su artículo 86.
En esta materia, y a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo de 2012, en la mayoría de las provincias argentinas este fallo no se cumple, en cuanto estableció para el Estado nacional y los provinciales, la obligación de redactar y hacer cumplir un Protocolo o Guía de Abortos No Punibles, para ser cumplido por los profesionales y los establecimientos sanitarios públicos. Numerosos amparos presentados por quienes se oponen, incluso, a la práctica del aborto en esos casos en que nuestra legislación los declara "no punibles" desde hace casi cien años, han tenido favorable acogimiento en los Tribunales de diferentes jurisdicciones, dificultando su aplicación en esos casos.
El proyecto de ley legisla también sobre educación sexual y políticas sanitarias destinadas a promover y facilitar las prácticas anticonceptivas, para hacer realidad la consigna bajo la cual nació la Campaña por el Aborto Legal: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".