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Intervenciones militares en nombre de la democracia

EL GOLPE BUENO

Argentina ha quedado envuelta en el ajedrez estratégico que hoy enfrenta a Estados Unidos con China, en el plano económico, y con Rusia en la confrontación militar, con renovada dimensión nuclear.
POR HORACIO VERBITSKY
El elogio del Presidente de Estados Unidos Donald Trump a los militares bolivianos por «acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución», forma parte de una tendencia a considerar que hay golpes de Estado buenos y malos. Trump también opinó que las Fuerzas Armadas bolivianas pusieron «al Hemisferio Occidental un paso más cerca de ser completamente democrático, próspero y libre».
Esta inclinación de los militares a ocupar espacios propios del gobierno civil también se verifica en la Argentina, aún bajo un gobierno tan amistoso con las Fuerzas Armadas como el de Maurizio Macrì. El 23 de abril de este año, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas circuló un Informe de Inteligencia 16, producido por su Dirección General de Inteligencia, sobre Venezuela y el «Factor Militar Extrarregional». El 17 de mayo, el director de Legal y Técnica de la Agencia Federal de Inteligencia, Hernán Martiré Palacio, dirigió una seca respuesta al Coordinador General de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, el abogado cordobés de la escudería Aguad, Mauricio Colucci Camusso.
Por indicación del Director General Gustavo Arribas, le dijo que ese informe fue realizado por «un órgano que no pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional y por lo tanto incompetente, contrariando normas federales vigentes». Las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar inteligencia estratégica nacional (que corresponde a organismos del Poder Ejecutivo), inteligencia estratégica militar, asignada al Ministerio de Defensa, ni inteligencia criminal, propia del Ministerio de Seguridad.

Bussi y el Comando Sur.
La protesta de la AFI remitió a otra, enviada un año antes a quien ocupaba entonces la posición de Colucci Camusso, la abogada María Noel Costa, otra protegida de Aguad, quien este año asumió como jueza del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. Colucci Camusso aspira a un cargo en el Ministerio Público, que aún no consiguió, pero ninguno de los dos tiene capacitación en Inteligencia, lo cual favorece la ilegal intromisión del Estado Mayor Conjunto.
Su titular, general Bari Sosa, ha recibido a los sucesivos jefes del Comando Sur de Estados Unidos, almirantes Kurt Tidd y Craig Faller, cuyos lineamientos estratégicos sigue, como se ve en el informe prohibido de Inteligencia estratégica nacional. Hijo de Eusebia Jeréz de Sosa, quien fue diputada nacional y candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Domingo Bussi, está casado con una activa militante macrista en las redes sociales, Martha Cardoso, quien trabaja en la oficina de Federico Pinedo en el Senado. Coincide en esto con el jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini. Su esposa, María Laura Renes, es hija del coronel Athos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. María Laura es activa en los grupos negacionistas que consideran a los condenados por crímenes de lesa humanidad como presos políticos. Tanto la madre como la esposa de Sosa postean en favor del actual gobierno y en contra del kirchnerismo.

Un sistema al margen de la ley y la Constitución.
Sosa avanzó «sobre facultades que han sido legalmente asignadas a esta AFI», a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad (DNIC), a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa (DNIEM) y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según la nota de mayo de 2018, dirigida por Martiré Palacio a María Noel Costa. En aquel momento se refería a una directiva secreta del general Sosa, quien convocó a las fuerza a su cargo a participar en un grupo de trabajo de inteligencia, parte de un nuevo Sistema de Alerta Estratégica (SAE). Comunicaba la designación como responsable del SAE del Director General de Inteligencia Conjunta del Estado Mayor Conjunto, para analizar «cambios importantes en el carácter o nivel de amenazas a la seguridad». La AFI le informaba al Ministerio de Defensa que el Estado Mayor Conjunto estaba usurpando las competencias de ambos organismos.
La creación de ese Grupo y de ese Sistema fue el primer paso para la realización de inteligencia sobre cuestiones de seguridad que, como le recordó la AFI, las leyes 23.554, de Defensa Nacional, y 24.059. de Seguridad Interior excluyen «del ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas». El leguleyo de la AFI también reiteró que corresponde a la dependencia que conduce Gustavo Arribas formular el Plan de Inteligencia Nacional y los acuerdos con agencias extranjeras, rubros en los que se adentra el Estado Mayor Conjunto. La Inteligencia Estratégica Militar es competencia exclusiva de la Dniem que ocupaba Costa. La conclusión del abogado de la AFI, reiterada este año, fue categórica: «Se advierte que el Estado Mayor Conjunto pretendería establecer un sistema de Inteligencia al margen de la ley, cuyo marco de actuación se encontraría por fuera del Sistema de Inteligencia Nacional, sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo». El acto es inconstitucional, «contrario al régimen legal instituido y a normas federales y de rango superior».

Venezuela, Rusia, China e Irán.
El informe de inteligencia afirma que desde el primer gobierno de Hugo Chávez, en 1999, Venezuela estableció fuertes relaciones con Cuba, inclusive militares. A partir de 2001 ha desarrollado alianzas económicas y militares con Rusia y China, que contrarrestan el predominio de Estados Unidos. A partir de 2005 se fortalecieron los lazos con Irán. Esas son las líneas de trabajo que el Comando Sur establece para los militares latinoamericanos y del Caribe, que no coinciden con su misión y competencias.
El 2 de diciembre de 2018, sigue el informe ilegal, un funcionario de Estados Unidos declaró que era posible una invasión a Venezuela en 96 horas. En menos de ese lapso, Rusia desplegó allí dos aviones TU-160. «Dos gobiernos corruptos malgastando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras los pueblos sufren», dijo el Secretario de Estado Mike Pompeo, según el informe del Estado Mayor Conjunto argentino. También afirmó que Venezuela posee la mejor defensa aérea de América Latina, que haría muy difícil una invasión, y que posee unos 4.500 efectivos de infantería cubanos, que usan uniformes venezolanos. El informe producido por el general Sosa concluye que «Venezuela nunca debería abandonar el desarrollo de una capacidad militar suficiente» de modo que si Estados Unidos intentara una invasión «le resulte más cara que pagar el precio de su petróleo en el mercado». Además de ilegal, esta conclusión no parece muy lúcida. Asegurar el abastecimiento energético es un objetivo estratégico que Estados Unidos no subordina al costo de una operación militar. El Informe de Sosa afirma que Estados Unidos mantendrá la escalada del conflicto contra Venezuela y que por lo menos hasta diciembre de 2019 no será resuelta con el Instrumento Militar en Operaciones de Guerra.

El chiste de Evo.
Esta reaparición militar en terrenos prohibidos implica dejar de lado el tajante repudio a cualquier intervención política de las instituciones castrenses, que caracterizó la actitud estadounidense luego de las dictaduras centro y sudamericanas. En Uruguay, el presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, dijo que la búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura (1973-1985) es un «gastadero de plata y un curro», expresó que en Uruguay no hubo dictadura, cuestionó las leyes sociales del gobierno del Frente Amplio y advirtió que están dadas las condiciones para un golpe de Estado porque no hay democracia, y confesó que la gente le pide que vuelvan los militares. En vísperas de las elecciones de hoy, donde se elegirá al nuevo Presidente, el Centro Militar envió un mail en el que afirma que «culminará el proceso de redención de los derechos y valores del pueblo oriental, heridos, socavados, despreciados por 15 años de asonada frenteamplista», para «imponerle al Uruguay un perfil del todo ajeno a su historia, a sus más queridas tradiciones, a sus más profundos principios; pero también será el inicio de un compromiso en favor de la restauración de los vínculos que desde siempre unieron a los uruguayos y que la larga prédica y praxis del marxismo casi ponen al borde de la irremediable bancarrota».
En Brasil, el capitán Jair Bolsonaro, electo Presidente gracias a la proscripción de Lula, disolvió su partido y creó uno nuevo, Alianza por el Brasil, cuyo logotipo está formado con cartuchos. Bolsonaro también se fotografío con otra composición macabra, realizada con la misma materia prima.
Bolsonaro sancionó una excluyente de responsabilidad para quienes matan en estado de necesidad, en legítima defensa, en estricto cumplimiento de un deber legal, o en ejercicio regular de un derecho. Invocó para eso su propia plataforma electoral, donde decía que «los policías necesitan tener certeza de que en ejercicio de su actividad profesional serán protegidos por una retaguardia jurídica, garantizada por el Estado». Es el mismo concepto del protocolo sancionado por la presidentítere del golpe boliviano, Jeanine Áñez.
Esta disposición a privilegiar la fuerza sobre las instituciones se extiende incluso a Estados Unidos, refleja la mala relación de sus Fuerzas Armadas con Trump y se inscribe dentro del malestar con las deficiencias de una democracia con la que no se come, se cura ni se educa. Los índices de pobreza de Estados Unidos, el endeudamiento con tarjetas de crédito, el remate de viviendas, la desprotección médica, son tan graves como en muchos lugares del Tercer Mundo y eso explica la popularidad de los precandidatos demócratas que denuncian esa situación, Bernie Sanders y Elizabeth Warren.
Desde su forzado exilio en México, Evo Morales repitió un viejo chiste latinoamericano: «En Estados Unidos no hay golpes militares, porque no tienen embajada de los Estados Unidos». Esta inveterada certidumbre está en duda ahora.
En noviembre de 2016, la cadena de televisión CBS News entrevistó al académico de la Universidad de Harvard Yascha Mounk, coautor de una investigación según la cual «muchos ciudadanos de países democráticos están insatisfechos y piensan que vivir en democracia no es tan importante. Están más abiertos a otras alternativas, incluso extremas, como el gobierno militar». En 1995, sólo 1 de cada 16 estadounidenses decían que un gobierno militar sería bueno o muy bueno. Hoy son 1 de cada 6. Peor aún, esta tendencia se acentúa entre los más jóvenes: sólo uno de cada cinco millenials dicen que un gobierno militar sería ilegítimo, exactamente el 19%. La misma tendencia se manifiesta en Europa: el 36% de los millenials consideran ilegítimo un gobierno militar, contra el 53% de los ciudadanos mayores. Los millenials no tienen experiencia de lucha contra el fascismo o el comunismo, por eso la democracia no les parece tan importante, es la explicación de Mounk.

La mala costumbre.
La semana pasada el diario Washington Post publicó un artículo de Erica De Bruin, profesora de la Universidad Hamilton y autora del libro Cómo impedir los golpes de Estado. «Los funcionarios de Estados Unidos han adquirido la mala costumbre de apoyar la intervención militar en asuntos políticos, irónicamente en nombre de la democracia», dice. De Bruin recuerda que ya en 2013 el gobierno de Barack Obama consideró que el derrocamiento del electo Presidente egipcio Mohamed Morsi no era un golpe, sino expresión de la voluntad popular que «restauró la democracia». Pero, dice la académica, no hay evidencias de que los golpes de Estado y otras formas de intervención militar produzcan gobiernos más democráticos. El propio Egipto es buen ejemplo de eso.
Este año el gobierno de Trump reincidió, al apoyar el llamamiento de Juan Guaidó a los militares de Venezuela para que derrocaran al Presidente Nicolás Maduro y favorecieran así «una transición pacífica a la democracia», como dijo el Secretario de Estado Mike Pompeo. Lo más común es que los golpes reemplacen un dictador con otro, refuta De Bruin. Su conclusión es que la supervivencia a largo plazo del gobierno democrático depende de resistir la tentación de confiar en los militares para controlar a los posibles gobernantes autoritarios.
Más significativo es el artículo sobre el tema publicado en la Military Review, edición de mayo-junio de 2018. Se trata de la publicación profesional del Ejército de los Estados Unidos. Allí el director de la Carrera de grado y profesor de historia en la Universidad de Comando y Estado Mayor del Ejército, con sede en Fort Leavenworth, Kansas, Robert F. Baumann, comenta el libro El Golpe Democrático, del académico turco-estadounidense Ozan Varol.
Uno de los principales ejemplos de Varol es el derrocamiento en 2017 de Robert Mugabe, quien a sus 93 años llevaba 37 en el gobierno del país cuya independencia de Gran Bretaña condujo, cuando aún se llamaba Rhodesia, en homenaje al conquistador, empresario y traficante de diamantes Cecil Rhodes. Para Varol, los ejércitos basados en la conscripción tienden a compartir los sentimientos de la población en general y en consecuencia estarían más inclinados a simpatizar con quienes protestan en las calles. En cambio los ejércitos formados por voluntarios mostrarían mayor distancia psicológica de la población general.
Pero más interesante que los casos que propone Varol son los comentarios de Baumann, porque esos sí reflejan el pensamiento de los militares estadounidenses de hoy. «Si la sociedad se disolviera en el caos y el desorden, crecería la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tuvieran que ser parte de la solución», dice. Baumann cita un trabajo publicado hace casi tres décadas por el historiador militar Peter Maslowski, quien detectó una tensión entre ciertos valores militares como la subordinación y los valores ciudadanos, tales como el derecho a disentir. «Aunque los estadounidenses dan por sentado con toda razón que sus Fuerzas Armadas se mantendrán alejadas de las cuestiones políticas, no es así como funcionan las cosas en la mayor parte del mundo».
La tensión entre Trump y los militares llevó hace un año a la renuncia del Ministro de Defensa, general Jim Mattis, por la decisión presidencial de retirar las tropas estadounidenses de Siria y reducir el contingente desplegado en Afganistán, en contra de su consejo.
El retiro de tropas de Medio Oriente, resistido por el establishment militar y por el propio partido Republicano, coincide con la renovada atención que Trump dedica a lo que allí llaman el Hemisferio Occidental. Fue su asesor de seguridad nacional John Bolton quien definió el nuevo eje del mal, lo que llamó la troika de las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se ilusionó con ver caer. Quien cayó fue Bolton, por el ostensible fracaso de su política hacia Venezuela, donde no se produjo ni un masivo levantamiento popular ni una fractura de las Fuerzas Armadas. Trump habla como un matón, pero los que tienen los fierros desconfían de él.

El juicio político, de Nixon a Trump.
En 1975, el juicio político al Presidente Richard Nixon se realizó con el argumento del espionaje a la sede del partido demócrata, en el edificio Watergate, pero sería imposible entenderlo sin tomar en cuenta que Nixon condujo a su país a la derrota más humillante en el Sudeste Asiático, no en uno sino en tres países, Vietnam, Laos y Camboya. Del mismo modo, no tiene mayor interés perderse en los detalles del juicio político que ahora intentan los demócratas contra Trump por el Rusiagate y el Ucraniagate. Ese procedimiento avanza porque Trump colisionó con el establishment militar y con el sistema financiero global, cuyo candidato es precisamente Joe Biden, aquel en cuya historia Trump quiso husmear con ayuda del Presidente de Ucrania. La apuesta de Trump para que las transnacionales deriven sus inversiones de Asia, África y América Latina a Estados Unidos, tuvo más éxito del previsto, y la desocupación es la más baja en medio siglo, si bien en empleos basura y con bajas remuneraciones, que se compensan contrayendo deudas difíciles de pagar, que abonan desde la indiferencia hasta la furia contra los políticos.

La Argentina encabeza el ranking.
A ningún país debería interesarle más que a la Argentina que la situación mundial no escale hacia niveles superiores de confrontación violenta, dada la enorme riqueza petrolera de Vaca Muerta, donde ya operan empresas estadounidenses y chinas, a lo que se suman los nuevos yacimientos de shale gas y petróleo descubiertos en la provincia de Santa Cruz, cerca de la frontera con Chile; la existencia cerca de Vaca Muerta de una estación china de rastreo satelital, desde la cual se supervisó la primera misión de la humanidad a la cara oculta de la luna, y de una base estadounidense, construida con el pretexto de asistencia humanitaria, en una zona desierta, no muy lejos de Vaca Muerta ni de la estación china. Ni el gobierno ni las fuerzas que se le oponen parecen haber tomado conciencia de que la Argentina ha quedado envuelta en el ajedrez estratégico que hoy enfrenta a Estados Unidos con China, en el plano económico, y con Rusia en la confrontación militar, con renovada dimensión nuclear. No hay en la Argentina de hoy ningún político con la visión que en 1961 impulsó al Presidente Arturo Frondizi a tender puentes entre el Che Guevara, a quien recibió en secreto en la residencia de Olivos, y el gobierno estadounidense de John F. Kennedy. Tampoco a él le sirvió de mucho, porque fue derrocado meses después y la Argentina se precipitó de la peor manera al torbellino de la Guerra Fría.
Mas allá de los detalles, el nuevo juicio a Trump tiene características inéditas. Por un lado, involucra directamente a los miembros de los servicios de inteligencia y del departamento de Estado en las acusaciones contra el Presidente, siendo el denunciante principal un miembro de la CIA simpatizante del partido demócrata que habría trabajado con Biden en distintas ocasiones y tiene fuertes conexiones con algunos diputados demócratas. Otro hecho saliente es el abierto involucramiento de los medios de comunicación considerados liberales (New York Times, Washington Post, CNN, etc.) en la filtración de información secreta provista por los organismos de inteligencia y en la divulgación de fake news para perjudicar a Trump. Otro punto consiste el cuestionamiento por funcionarios de su gabinete y/o de los organismos de inteligencia contra decisiones de política exterior de Trump. Así, el juicio político tiene cierto tufillo reminiscente a golpe blando, sólo que esta vez al interior de los Estados Unidos.

La Argentina en el tablero global.
Desde la guerra de las Malvinas, la Argentina no estaba inserta de modo tan decisivo en el tablero mundial. La importancia para el país de las nuevas definiciones estratégicas de Estados Unidos se aprecia en el Informe presentado este mes al Capitolio por la Comisión de Seguimiento de las Relaciones Económicas y de Seguridad entre Estados Unidos y China. Fue aprobado por unanimidad de sus doce miembros. El mandato de la Comisión es «monitorear, investigar e informar el Congreso sobre las consecuencias sobre la seguridad del comercio bilateral y de las relaciones económicas» con China. La Argentina descuella con 26 menciones, igual que Canadá, contra 17 de Venezuela, 8 de Cuba, 7 de Brasil, 5 de México, 4 de Chile, 3 de Bolivia, 2 de Paraguay y Uruguay y 1 de Ecuador. La cantidad es muy significativa, porque indica que las alternativas de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China repercuten inevitablemente en la Argentina. Pero también importa la calidad de esas menciones. Estas son las principales:

– Beijing contempla que su Ejército Popular de Liberación alcance en fortaleza y prestigio a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y disuada a otros países de oponerse a los objetivos nacionales chinos. La estrategia militar china ha evolucionado hacia la «defensa avanzada», lo más lejos posible de sus propias costas. China está desarrollando las capacidades críticas para enfrentar a la US Navy en mares lejanos. Para eso está construyendo «una red de baluartes estratégicos en el extranjero, consistentes en bases militares y puertos comerciales que puedan apoyar operaciones militares». El documento provee dos ejemplos: «China estableció su primera presencia militar permanente de ultramar en Djibouti, en 2017 y en la Argentina en 2018? (el carácter militar de esa presencia en la Argentina es una presunción).
– China incrementa sus tarifas a las exportaciones de los Estados Unidos y las reduce a las de productos competitivos de otros países. Aun sin haber reducido la tarifa del 3% a los porotos de soja de Brasil y la Argentina, China ha redirigido hacia ellos sus anteriores compras a Estados Unidos.
– Tecnologías de Vigilancia: China está exportando a los países de América Latina y el Caribe Tecnologías de Vigilancia que podrían debilitar el desarrollo de sociedades democráticas. En febrero de 2019, Uruguay comenzó a instalar 2.100 cámaras de vigilancia donadas por el gobierno chino, mientras que la Argentina planea instalar en octubre de 2019 sistemas chinos de vigilancia por 24 millones de dólares. La Argentina y Uruguay se suman así a Ecuador, México y Bolivia, como operadores regionales de esas tecnologías, que según la comisión, pueden usarse para limitar las libertades básicas y reprimir a la oposición política en países con tendencias autoritarias como Venezuela, debilitando la gobernabilidad democrática.
– Poder Civil Nuclear: además de los proyectos de transporte e infraestructura digital, China ha utilizado su Iniciativa Belt and Road, para cultivar mercados para sus reactores nucleares y elevar su perfil internacional. Hasta ahora, China sólo ha exportado su reactor autóctono Hualong Uno a Paquistán «y está negociando la construcción de otro en la Argentina».
– El espacio electromagnético: El Ejército Popular de Liberación estableció una estación de control satelital y de misiones espaciales en la Patagonia, Argentina, en lo que fue «su primera presencia permanente en el Hemisferio Occidental. Beijing tiene un contrato de arrrendamiento por 50 años y los expertos evalúan que las instalaciones, que son operadas por la Fuerzas chinas de Apoyo Estratégico, podrían emplearse para hace inteligencia sobre satélites de Estados Unidos y de otros países, lanzamientos de misiles y movimientos de drones. También podría interferir o poner en riesgo los sistemas de comunicaciones, redes electrónicas y sistemas electromagnéticos en el Hemisferio Occidental».
– Durante años, China tendió una red global de estaciones terrestres para rastreo y observación espacial, basada en alianzas diplomáticas, que también utilizó para extender su presencia militar de ultramar. Dado que esto obligaba a confiar en el despliegue de costosos barcos de comunicaciones para rastrear naves espaciales en órbitas no visibles desde territorio chino, en la década de 1970 China inició esfuerzos para emular el estilo de redes de monitoreo de ultramar de Estados Unidos. En la actualidad opera estaciones de seguimiento en Chile, Suecia, Australia, Namibia, Pakistan y Kenya. «En 2015, Beijing se aseguró un acuerdo para un centro de control satelital y de misiones espaciales mucho más grande y capaz, en la Patagonia, Argentina. El centro de control espacial en la Argentina, que China consiguió construir y operar en un momento en que la Argentina estaba muy endeudada con China, representa una significativa expansión de la capacidad china de rastreo y control espacial por medio de una red global de estaciones terrestres y puede ser un nuevo modelo de bases de ultramar chinas».
– Como resultado de la fusión de organismos satelitales y organismos militares espaciales, la base es operada por el Departamento de Sistemas Espaciales de la Fuerza Estratégica de Apoyo, que es la parte del Ejército Popular de Liberación responsable de telemetría, rastreo y comando de las misiones militares chinas al espacio, así como de las actividades contra espaciales.

Curiosamente, el Informe no menciona las represas Kirchner y Cepernic, en Condor Cliff y Barrancosa, que una empresa estatal china construye en la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto que ronda los 4.300 millones de dólares, y con el empleo previsto de 6.000 trabajadores. Es la principal inversión china en el exterior y la obra pública más importante en la historia argentina. Sólo menor que Yacyretá y Salto Grande, pero no compartida con ningún país limítrofe. La primera turbina debía entrar en operaciones este año, como alivio a la restricción externa, pero el gobierno frenó su construcción por motivos inconfesables. Al asumir Macrì, las obras se paralizaron para realizar una auditoría minuciosa, que no encontró ninguna irregularidad técnica ni económica. El objetivo no era limitar la penetración china, sino correr al socio argentino, Electroingeniería, y reemplazarlo por la constructora del hermano de la vida Nicky Caputo, cosa que los chinos no aceptaron, ni siquiera después de que el gobierno dispusiera encuadernar al vicepresidente de Electroingenieria, Gerardo Ferreyra, para forzar a negociar a su socio principal, Osvaldo Acosta. Ante su negativa, Acosta también fue detenido por la mafia oficial.
Como señaló el portal estadounidense Fair, dedicado a analizar el comportamiento de la gran prensa estadounidense, esos medios escondieron en forma sistemática que el Lava Jato no empezó en Brasil, sino en Estados Unidos, y que su primer objetivo fue sacar del mercado a la constructora Odebrecht, la mayor transnacional sudamericana que competía con las grandes empresas estadounidenses por los mayores contratos. Más conocido es que el juez Sergio Moro fue formado en Estados Unidos y que el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, es un ex juez que dedicó años a la formación de sus colegas de Latinoamérica para cumplir con el objetivo que el Potus fijó en su documento de estrategia nacional de seguridad: perseguir a los dirigentes corruptos y asegurar que las empresas estadounidenses puedan competir por las mejores licitaciones. Feliz con los resultados de su emprendimiento, Prado y su esposa se concedieron unos días de descanso.

Al demonio.
Indiferente a los cambios del mundo, la Inteligencia del Ejército celebró su día, el 15 de noviembre, con una bizarra ceremonia en Campo de Mayo. La filmación muestra cómo se alimenta la paranoia antisubversiva, como si no hubieran transcurrido casi medio siglo y las Fuerzas Armadas siguieran investidas de la autoridad y el designio de combatir al demonio. Una ardua tarea le espera al designado ministro de Defensa, Agustín Rossi.