Inversión de la prueba

En estos días se supo que el incumplimiento de aportar la cuota alimentaria de sus hijos por parte de los padres afecta en nuestra provincia a 20.000 hogares donde la madre es la única aportante. Se trata de un número demasiado grande. Aún admitiendo que en algunos casos se tilde de incumplidor a un padre que se atrasa en sus pagos o está en litigio porque no aporta todo lo que la madre requiere, el número sigue siendo espantoso.
La sociedad tuvo, durante años, una forma de asegurar el mantenimiento de los hijos por parte de los padres biológicos a través de un rígido control social que sancionaba severamente los intentos de separación. Se tomaba esa conducta como una alteración del orden familiar vergonzante aunque toleraba y hasta alentaba la búsqueda de otras uniones menos formales y paralelas como una válvula de escape a tanta energía que no hallaba forma de canalizarse en el sistema conyugal.
Hoy la sociedad ha logrado superar esa forma medieval de vigilar la conducta privada y nadie siente ninguna presión social a la hora de decidir los caminos a tomar ante una crisis matrimonial. Cuando una pareja decide separarse solo tiene que resolver su propia situación sentimental, económica o de conveniencia. Pero no hay, o casi, ninguna traba del qué dirán, que fue, en la generación pasada, un eficiente inhibidor de divorcios.
Pero si se avanzó en la liquidación de una cultura de la hipocresía que ahogaba a las personas, en un sistema que privilegiaba la apariencia pública del matrimonio a los sentimientos de los esposos, lo que no ha podido lograrse es reemplazar la eficiencia de aquélla para garantizar el mantenimiento económico de los hijos por parte del padre. Porque aquél sistema represivo que obligaba a vivir juntos a los esposos provocando verdaderos calvarios paredes adentro de los hogares, demostraba, pese a todo, su utilidad social al asegurar la manutención de las nuevas generaciones.
Aunque no fue un cambio simple y fácil de explicar, está claro que en algún momento de las últimas décadas, hastiados de esa insostenible forma familiar, las nuevas generaciones que sufrieron en su crianza la violencia sicológica de un hogar de apariencia, sin amor ni sincero deseo de vivir juntos, desarrollaron anticuerpos que los inmunizaron del control social que ataba a sus padres. Pero ese cambio no previó _no pudo pues fue una pulsión inconsciente la que lo motivó_, que la represión que pesaba sobre los procreadores actuaba positivamente en un aspecto que hoy provoca espanto.
No se trata, desde luego de añorar el pasado y darle pábulo a los que, desde el púlpito aprovechan para lanzar admoniciones apocalípticas queriendo atrasar el reloj.
Se trata de que los legisladores operen un cambio en la legislación que ha demostrado ser inútil para enfrentar el problema e inviertan la carga de la prueba de los obligados a aportar. Y, si es evidente que el registro de deudores actual es un fraude, debe pensarse en su reemplazo por otro confeccionado a partir de las denuncias de las madres donde los denunciados tengan la obligación de demostrar que se es un padre que aporta a la manutención de sus hijos.
Una larga lista de inhabilidades para los que no cumplan desalentaría cualquier incumplimiento o, por lo menos, reduciría sustancialmente el número de hogares donde es solo la madre la que aporta a la crianza de los hijos.