Juez y parte

Las declaraciones del presidente defendiendo la postura mendocina con respecto a la construcción del embalse Portezuelo del Viento sirven para poner, en blanco sobre negro, la forma en que está jugando Nación en el arduo conflicto que mantienen pampeanos y cuyanos por los ríos interprovinciales. Sin rodeos y en un acto junto al gobernador de Mendoza, el jefe del Poder Ejecutivo Nacional lanzó una frase típica de campaña electoral -aunque estamos muy lejos de la próxima contienda- que la tribuna sanrafaelina aplaudió a rabiar: “no vamos a parar hasta poner en marcha Portezuelo del Viento”.
Se entiende entonces el gran disgusto que provocó entre los pampeanos esa lamentable expresión y la reacción inmediata del Centro Cívico que cruzó al presidente con una dureza acorde a la gravedad de su arenga. El gobernador junto al fiscal de Estado y el procurador General de Rentas mencionó un hecho elemental: el presidente debe laudar en el diferendo suscitado en el seno del comité de cuenca del río Colorado entre Mendoza y La Pampa. De ahí que resulte inaceptable que en vísperas de semejante resolución, quien debe tomarla se exprese tan abiertamente en favor de una de las partes.
La pregunta que cabe formular es: ¿el presidente desconoce que tiene esa responsabilidad o, directamente, no le importa? Cualquiera de las dos alternativas es estremecedora, de ahí que el gobierno pampeano, al repudiar esas declaraciones habla de “incompetencia y parcialidad” y de “una gravedad institucional inaudita”.
Cuesta encontrar en la historia reciente del país una manifestación de alineamiento tan flagrante por parte de la máxima autoridad política de la Nación en favor de un Estado provincial y en contra de otro en medio de un conflicto que involucra a los dos. Pero además, por si no fuera suficiente con semejante ausencia de imparcialidad, torna mucho más grave las cosas el hecho de que el presidente, como se dijo, debe laudar en breve para zanjar las diferencias entre las partes. Mayor falta de oportunidad y ecuanimidad, imposible.
No es ésta la primera vez que Nación respalda a Mendoza y decepciona a La Pampa en la materia. En la audiencia por el río Atuel ante la Corte Suprema realizada en junio del año pasado, la máxima autoridad hídrica nacional se retiró abruptamente del recinto y evitó comparecer en una actitud de rebeldía insólita que indignó a los jueces quienes amonestaron al funcionario. Pese a tan bochornosa actuación el funcionario continuó en el cargo como si nada hubiera sucedido.
Quienes no siguen este tema con tanta atención comprenderán mejor ahora por qué el gobierno pampeano recusó al presidente de la Nación y pidió su apartamiento a fin de que la decisión final sobre el estudio de impacto ambiental regional, el llenado del embalse y su posterior manejo, sea adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Son muchos, demasiados, los hechos que revelan una manifiesta ausencia de imparcialidad en el Poder Ejecutivo Nacional ante este conflicto. Que hoy el gobierno mendocino sea uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada en el panorama de las provincias argentinas es otro factor de peso que está jugando decisivamente.
Si al gobierno nacional le queda todavía un resto de pudor, deberá dejar el laudo en manos de la CSJ. De no hacerlo se abren las puertas a la posibilidad de que se cometa una enorme injusticia para con los intereses de los pampeanos.