¿Juicio contra comunas y no contra Mendoza?

I – En la semana los pampeanos pudieron distinguir, en medio del debate sobre la adhesión o no a la ley que le da el 20 por ciento de las regalías hidrocarburíferas a las comunas, qué tipo de actor político es un intendente pampeano. Puestos ante la oportunidad histórica de recuperar una parte de la independencia perdida hace más de medio siglo con la provincialización (cuando perdieron su capacidad de cobrar impuestos y pasaron a ser dependientes de la discrecionalidad de subsidios provinciales) una buena parte de los que pertenecen al partido del gobierno provincial, han dicho que no adherirán a esa ley. La explicación que ha dado uno de los intendentes que ha oficiado de vocero dejó en claro que, como intendentes, les preocupa más el equilibrio financiero de la provincia que el de sus propias municipalidades. Así lo hizo el intendente de Toay, al repetir el discurso gubernamental que advierte sobre el peligro que la ley significa para las cuentas provinciales y, más aún, al repetir el argumento oficial de la presunta inconstitucionalidad de la ley que reparte las regalías.

II – Semejante empatía en las víctimas del ordenamiento económico de la provincia que se hizo en 1952 a expensas de la pauperización de las comunas, asombra y, a la vez, invita a buscar las razones de un comportamiento que es, a todas luces, contradictorio con el juramento con el que asumieron sus mandatos esos intendentes. Tal vez lo más fácil (y tal vez correcto) sea adjudicar ese comportamiento a la extrema debilidad de los intendentes, desproporcionada ante una figura del gobernador que parece investida de un poder mayúsculo para torcer voluntades. Tanto que es capaz de inducir a un jefe comunal a actuar en contra de sus propios pueblos. Pero la existencia de otros jefes comunales del mismo partido que adhirieron a la ley en contra de los deseos del gobernador (el caso de Eduardo Castex, que argumentó que por sobre los deseos del gobernador él debe imponer los de su comuna) obedeciendo con más firmeza y convicción a su función, obliga a ser cuidadoso en el examen y a ver los matices que sugieren que quizás a esa explicación hay que sumarle algo más de complejidad.

III – Tal vez la clave para entender esa empatía, sea, además de la debilidad, y en más de un caso, mirar la actuación empática de no pocos intendentes en este tema de las regalías petroleras como la decisión personal de quien privilegia su propia carrera política y no tanto la economía de su intendencia. Que en la reunión donde Oscar Mario Jorge planteara las calamidades que caerán sobre la provincia si los municipios adhieren a la ley que les da un 20 por ciento de las regalías petroleras se hayan puesto sobre la mesa las candidaturas a diputados nacionales da una pista. No pocos de los que hoy son intendentes quisieran ser legisladores nacionales por La Pampa. Es un traje que, en todos los partidos, se prueban muchos intendentes. En el radicalismo sobran los ejemplos, como Juan Carlos Marino o Kenny. En el justicialismo el caso más emblemático es Carlos Verna. Pero más allá de los nombres y de los partidos, no puede omitirse en el análisis sobre el comportamiento de los intendentes peronistas, la oculta, solapada apetencia de más de uno que ya se ve con el traje de legislador nacional o quiere continuar su carrera política y necesita hacer mérito con su jefe político, el gobernador.

IV – Pero hay algo más que es necesario analizar cuando se trata de entender la forma en que nuestros gobernantes piensan la provincia. Porque la presentación judicial que el gobierno hará contra la ley en contra de las municipalidades por la presunta inconstitucionalidad, pone en evidencia, claramente, patéticamente, por contraste, la omisión de otra presentación judicial que sería mucho más productiva para La Pampa que ésta en contra de las comunas. Es, se cae de maduro, el impostergable juicio que hay que iniciar contra la Nación y contra Mendoza por el corte del río Atuel. Curiosamente, es desde la vecina provincia desde donde nos llega el ejemplo. Es que, en la semana, Mendoza amenazó a la Nación con un juicio si las presiones políticas, sociales y judiciales que realizan por estos días las provincias que gozaban de la promoción industrial que caducó a fin de año, hacen revisar la decisión de cesar ese beneficio. La promoción afecta a Mendoza tanto como a La Pampa porque beneficia a provincias limítrofes que, a la manera de un imán, atraen las nuevas inversiones industriales hacia sus parques y hasta seducen a las fábricas ya instaladas. En La Pampa los funcionarios deberían tomar nota de la rapidez con que nuestros vecinos saben esgrimir la posibilidad de un juicio cuando siquiera una posibilidad amenaza con rozar sus intereses. (LVS)