Justicia a la carta

UN PODER JUDICIAL SOMETIDO AL PODER POLITICO

Germán Moldes, el fiscal que pidió detener a CFK es el mismo que no investigó a Arribas (Odebrecht), Angelici
(tráfico de influencias) y Sturzenegger (Megacanje).
ADRIAN MURANO
La guerra entre el actual y el expresidente de la Corte Suprema expresó fuerte y claro el estado putrefacto del Poder Judicial. Rencillas de cartel, carpetazos, fallos a medida de la pulseada política, conflictos de intereses, disputas de negocios, tráfico de influencias, abusos de autoridad. La sucesión de escándalos profundiza la percepción que la mayoría de los argentinos tienen sobre jueces y fiscales: en los tribunales se hace cualquier cosa, menos justicia.
La generalización, como todas, es injusta. Es probable que la mayoría de los funcionarios judiciales sean honestos y trabajen a conciencia. Pero por pereza o cobardía permiten que una minoría viciada maneje los hilos.
Uno de los titiriteros más activos es el fiscal de Cámara Germán Moldes, quien la semana pasada dio la nota por partida doble: ayudó a diluir la causa por “aportantes truchos” que involucra a Cambiemos, al tiempo que pidió la “inmediata detención” de Cristina Fernández por el Gloriagate.

Moldes y Monzer.
¿Quién es este paladín de la doble vara? Moldes llegó a su puesto con pecado original: asumió como fiscal federal por la decisión discrecional del gobierno menemista, que integró. Ligado a la derecha peronista, Moldes se incorporó al staff de Carlos Menem en agosto de 1991, como subsecretario de Coordinación Interior. Unos meses más tarde fue promovido a secretario de Población, donde protagonizó su primer escándalo: la entrega de documentos argentinos al traficante de armas sirio Monzer al Kassar.
El revuelo eyectó a Moldes del cargo, pero no del poder. El gobierno lo acomodó como fiscal federal en 1995, donde se mantiene hasta hoy. Su primer encargo fue asumir la fiscalía especial que debía investigar el atentado a la AMIA. Resultado: el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Memoria Activa y el extinto fiscal Alberto Nisman lo acusaron de entorpecer la pesquisa para proteger a los presuntos responsables de encubrir el atentado.
A pesar de los contratiempos, la causa por encubrimiento llegó a juicio oral en 2015 y, después de tres años, está en etapa definitoria. Entre los imputados están los dos mentores de Moldes: Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. El dúo nutrió los juzgados de Comodoro Py, incluso con familiares: la fiscal adjunta de Moldes, por caso, es Eugenia Anzorreguy, sobrina del exjefe de la SIDE e hija de Jorge, un influyente abogado que tuvo como cliente a Ernestina Herrera de Noble, la dueña del multimedios Clarín.

CFK sí, otros no.
La premura que mostró Moldes para pedir la cárcel para CFK contrasta con la actitud que tuvo hace un mes, cuando desistió de apelar y acusar al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, acusado de haber recibido unos 800 mil dólares de parte de un contratista de la brasileña Odebrecht. Por la omisión de Moldes, la causa se cayó. Misma suerte tuvo el presidente de Boca y operador judicial macrista, Daniel Angelici: en abril, Moldes no apeló el sobreseimiento y la causa por tráfico de influencias se desvaneció. Idéntica actitud tuvo en 2015, cuando omitió apelar el sobreseimiento del funcionario PRO Federico Sturzenegger, quien así quedó libre de culpa y cargo en la causa por el Megacanje.
La firma de Moldes también fue clave para que la causa por “aportantes truchos” que involucra al macrismo dejara de investigarse como delito federal y pase a tratarse como una modesta contravención electoral en un juzgado de La Plata. Moldes respaldó el criterio del fiscal inferior Carlos Stornelli, que sugirió el traspaso ante la Cámara Federal. El sello final lo puso el camarista Martín Irurzun, administrador del poroso sistema de escuchas que se filtran con destino de operación política y autor de la “doctrina” que permite aplicar prisiones preventivas a discreción.
Antes de Irurzun, la “doctrina” tuvo su banco de pruebas en Jujuy, donde Milagro Sala acaba de cumplir mil días presa por deseo del gobierno provincial y nacional. Aplicación de “Justicia” a la carta, al gusto del consumidor. (Tiempo Argentino).

Desenmascaran operación
El diario La Nación dio datos falsos sobre la declaración de José López y apuntó contra jueces y fiscales. Pero la intención de apartar a uno de los pocos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal que no responde a los intereses del Ejecutivo así como a todo magistrado relacionado a Justicia Legitima sufrió un revés en el Consejo de la Magistratura.
El consejero y senador nacional por el PJ, Mario País, desnudó las falacias de una denuncia que realizó el abogado Alejandro Fargosi ante la comisión de Disciplina y Acusación. Por trascendidos periodísticos, Fargosi -vinculado al reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo- había acusado al camarista Alejandro Slokar de mal desempeño y extendido su denuncia a todos los magistrados que ejercieron “cargos directivos en la asociación Justicia Legítima”. Basó su presentación en un artículo con información falsa que el diario La Nación llevó en portada el 25 de agosto pasado: “López confesó que derivó sobornos a fiscales y jueces del kirchnerismo”, publicó el matutino, en referencia a la declaración de José López en la causa de los cuadernos. “López declaró que le dio a Wado De Pedro dinero para Justicia Legítima”, afirmó el diario.
Pero López no dijo lo que La Nación publicó. La comisión de Disciplina y Acusación requirió al juez Claudio Bonadio el testimonio de López sobre el tema. El magistrado envió lo que consta en el expediente. ¿Qué dijo López? Que “De Vido le dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente de Justicia Legitima. Desconoce si De Pedro a su vez financiaba a Justicia Legítima”. Fue en la audiencia por la que López fue aceptado como arrepentido, un día antes de la publicación del artículo en La Nación. (Extractado de El Destape).