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Justicia de clase

El contraste no pudo ser más rotundo: el mismo día los medios locales publicaron las dos sentencias que marcan cuán diferentes caminos puede tomar la Justicia pampeana. En una de las causas un trabajador rural fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una menor. El hecho sucedió en abril, en junio dictaron al acusado la prisión preventiva y en diciembre llegó la sentencia condenatoria. El aparato judicial tuvo un desempeño inobjetable, y en muy poco tiempo logró resolver el caso.
Qué distinta suerte tuvo el otro expediente concluido con la absolución de los imputados y la anulación de la causa, por trata de personas, que se había iniciado hace casi ocho años. El Tribunal Oral Federal dictaminó que debió fallar así en virtud de innumerables irregularidades cometidas durante el proceso. Entre otras mencionó el extravío de las cintas magnetofónicas, varios procedimientos policiales reñidos con las normativas y una demora injustificable del juez ante el pedido de allanamiento de la fiscal. El TOF también habló de pruebas incompletas, irregulares o insustanciales. En este caso no estaba, como en el anterior, un peón rural sentado en el banquillo de los acusados sino el intendente de Macachín, el exjefe de la comisaría, un exconcejal y cuatro particulares.
La gran indignación que explotó frente a este final para una causa tan resonante está más que justificado. Innumerables colectivos de mujeres expresaron su repudio y hablaron de «protección política» y de «complicidad de otros poderes del Estado». Es muy difícil afirmar que no les asiste la razón cuando se considera la suma de irregularidades que viciaron el proceso.
En lugar de disipar las sospechas -como cabría esperar de la actuación del aparato investigativo policial-judicial-, las agrandaron. Debe decirse que no es esta la primera vez que una investigación judicial tiene un «final anunciado» y que una resolución está en sintonía con la «cara del cliente». Lo que se dice, una Justicia de clase.

Hechos, no discursos
Otra vez el arreglo de la ruta nacional 151 fue postergado. Y ahora es peor que el año pasado pues en esa oportunidad llegaron a incluirla en el presupuesto y hasta hubo un amague de inicio de las obras que se suspendieron cuando la empresa adjudicataria reclamó un reajuste de precios y Vialidad Nacional le bajó el pulgar. En este momento ni siquiera figura en el presupuesto lo que implica que no aparece entre las prioridades del macrismo a pesar del estado calamitoso de esa carretera y de la gran cantidad de accidentes que se han producido, muchos de ellos mortales.
Cuando se habla de un «plan de ajuste» se habla de muchas cosas, no solamente de castigos salariales o jubilatorios. Eso deberían saberlo los funcionarios del gobierno nacional que insisten con un discurso distractivo, guionado por asesores de imagen que pretenden pintar la realidad solo con palabras seductoras.
Un plan de ajuste también es esto: peores rutas y peores índices de seguridad; por lo tanto mayor cantidad de accidentes y de muertes. Pero eso parece importarle muy poco al gobierno central que sigue aplicando una receta económica devastadora para la mayoría de la población y sometiendo a las provincias -especialmente a las que no tienen el sí fácil- a duras restricciones presupuestarias. Los pampeanos venimos padeciendo esa discriminación es forma cada vez más ostensible que se nota hasta en los alteos sin terminar de las rutas nacionales cortadas, obras menores si las hay e insignificantes en su costo.
Cuando en Cambiemos hablan de federalismo es evidente que pasan por alto estos «detalles». En este período preelectoral, en el que empiezan a escucharse otra vez promesas, habría que recordarles que, con el 75 por ciento del mandato cumplido, ya deben mostrar realizaciones.