Justicia morosa, muestra y revela lo monstruoso

Señor Director: El Tribunal Oral Federal número 5, metropolitano, acaba de dictar sentencia en un caso que tuvo origen hace diez años.
Condena a trece años de prisión a los dos capataces de un taller textil clandestino que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Luis Viale. En ese lugar, el día 30 de marzo de 2006 se produjo un incendio que dejó como saldo la muerte de una mujer de 25 años y de cinco niños. En dicho local, donde funcionaba el taller, se alojaban también 64 personas, a pesar de que no estaba preparado para servir de vivienda. Los jueces hallaron configurado un caso de estrago culposo y reducción a la servidumbre.
Ya se había denunciado la existencia de talleres clandestinos en el barrio de Flores y otros sitios porteños. Más recientemente, se incendió otro y murieron tres niños.
El taller de Luis Viale se dedicaba a producir ropa de vestir. Los trabajadores eran hombres y mujeres de un pequeño pueblo de Bolivia. Habían sido atraídos a Buenos Aires con la promesa de un trabajo y techo, un cebo harto tentador para quienes vivían en la pobreza secular de zonas de Bolivia. Uno de los adultos ha contado, luego de conocerse la sentencia, que les pagaban por pieza y que pudieron saber que lo que ellos cobraban 0,50 o 0,70, se vendía al consumidor a 150 y 200 pesos de 2006. Ellos tenían contacto solo con los capataces. Los jueces del TOC 5 llegaron a saber que los dueños del inmueble eran los que encargaban y compraban toda la producción del taller.
La instrucción elevó la causa en la que solamente figuraban como responsables los capataces. Los jueces del TOC 5 dictaron sentencia sobre esta presentación, pero resolvieron devolver el caso al nivel de instrucción para que determine la responsabilidad de los propietarios del inmueble y también la que pudiesen tener los funcionarios policiales y los inspectores del gobierno porteño que tenían obligaciones en ese sector.
Se puede ver, entonces, que quienes presuntamente tienen responsabilidad mayor, los que operaban con la producción del taller y los funcionarios públicos que deben crear la seguridad de que no puede haber talleres no declarados ni autorizados, no habían cumplido con su obligación. Los jueces del TOC piden que ahora el juzgado de instrucción realice la tarea que pasó por alto.
Antes y después de este incendio, que advirtió que se ha estado aceptando la existencia de formas de reducción a servidumbre que incluyen toda la operatoria de reclutar bolivianos, traerlos a Buenos Aires e instalarlos en un taller que para muchos de ellos y sus hijos sirve también de vivienda.
Lo que revela este juicio, si bien no era ignorado, ahora, con éste y otros casos, es que el trabajo en esas condiciones y con esos riesgos, tiene una actualidad y una continuidad garantizadas por el silencio y la complicidad. Ya se había visto cómo funcionan las cosas con el caso algo anterior de un local de bailes donde murieron casi doscientas personas, y en fecha más reciente, con el caso del festival de música electrónica de un local de Costa Salguero, con la misma secuencia de responsabilidad, complicidad y silencio. Tampoco se ignora que la explotación en términos de esclavitud es mayor en muchos lugares del mundo, particularmente en África y el sudeste asiático, y que mucha de la mercadería que ahora vuelve a entrar caudalosamente en nuestro país, arruinando a la producción local (clandestina y no clandestina), viene de esos talleres y lleva marcas que la propaganda ha consagrado como señales de distinción.
La justicia puede y suele levantar el manto de hipocresía que encubre estos crímenes consentidos. No alcanzan estas excepciones para derribar un estado de cosas que, más que el crimen o la transgresión de unos pocos, es el procedimiento que contribuye a generar la creciente desigualdad por la concentración de la riqueza en una minoría cada vez más poderosa e impune.
Atentamente:
Jotavé

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