Justicia universal con días contados

La aplicación de la jurisdicción universal tiene sus días contados en España, por un proyecto de ley que supondrá el sobreseimiento de más de una docena de investigaciones abiertas en los tribunales de este país y hará muy difícil abrir nuevas causas por delitos que afecten a toda la humanidad.
El gobierno derechista de Mariano Rajoy y el gobernante Partido Popular (PP) impusieron una tramitación de extrema urgencia en el parlamento a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gracias a su mayoría absoluta, y avanzan con celeridad para poner un candado a la justicia universal en uno de los países que más la ha aplicado.
Con el rechazo de todos los demás partidos, el Congreso de diputados decidió el jueves 20 tramitar por un procedimiento de máxima de urgencia y en una sola sesión plenaria Congreso una proposición de ley para la reforma, que también en soledad había presentado nueve días antes el PP en el parlamento.
Si se aprueba, “España se convertiría en el paraíso de la impunidad”, alertó el experto en jurisdicción universal de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis. Para el activista, la proposición “no limita el principio de justicia universal, sino que lo hace desaparecer”.
La proposición de ley es ya un instrumento acelerado que evita la solicitud de informes, la incorporación de enmiendas y otros pasos que demoran el proceso legislativo. El día 27, el Senado votará ya la reforma y se espera que pueda entrar en vigor en marzo.
El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de sus autores y víctimas, atentan contra el conjunto de la comunidad internacional.
La reforma es criticada por más de un centenar de OMG’s e instituciones nacionales e internacionales, que indicaron que su aprobación “supondría un golpe devastador para la jurisdicción universal y una violación de las obligaciones internacionales de España”.
La urgencia se manifestó después de que el 10 de febrero un juez de la Audiencia Nacional dictara órdenes de detención internacional contra cinco antiguos dirigentes del Partido Comunista Chino, por genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad durante la represión del pueblo tibetano, entre los años 80 y 90.
“Es una reforma ad hoc para cerrar casos incómodos para España”, opinó la abogada y directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente Márquez.
Cuando se apruebe, los jueces españoles solo serán competentes para investigar ese tipo de delitos cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. “La agenda económica está por encima de los derechos humanos”, afirmó Jovtis.
Esta reforma es, adujo, un paso a favor de la impunidad en política criminal y también “puede ser una invasión del Poder Judicial por parte del Legislativo”, porque el parlamento establece el sobreseimiento de las investigaciones abiertas hasta que se acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos, según recoge la proposición en su disposición transitoria final.
El investigador de Amnistía predijo que la inmensa mayoría de los casos abiertos en la Audiencia Nacional con base en la justicia universal, alrededor de 15, se archivarán debido a la reforma.
Uno de ellos podría ser el de José Couso, un periodista español que murió en Bagdad el 8 de abril de 2003, durante un ataque del ejército de Estados Unidos al hotel donde se alojaba la prensa independiente. Un juez español mantiene imputados a varios militares de ese país, como responsables de su muerte.
Justamente, en la semana trascendió que la jueza argentina María Servini, instructora de la querella contra los crímenes del franquismo en España, pidió a la justicia española la exhumación del cadáver de una víctima de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Se trata de Timoteo Mendieta Alcalá, un sindicalista fusilado en el cementerio de la central ciudad de Guadalajara en 1939, y que está enterrado en una fosa común junto a otros 17 compañeros.
(Inés Benítez, IPS)