La aventura de volar

Desde su misma asunción el gobierno, coherente con su ideología neoliberal, demostró escaso interés por afianzar la línea aérea nacional de bandera: Aerolíneas Argentinas. El objetivo final no era difícil de prever: su privatización o, de no lograrse esta alternativa, una competencia favorable a las empresas privadas.
Después de varios amagues y maniobras, que oscilaron entre la cesión de rutas a otras compañías hasta problemas laborales y discutibles habilitaciones de aeropuertos, se llegó a uno de aquellos objetivos: la autorización para que puedan operar las líneas aéreas de bajo costo, o “low cost”, como se estila llamar en esta época de admiración cholula a todo lo que llega de afuera, idioma incluido. El resultado -la venta masiva de pasajes- estuvo a la altura de las expectativas despertadas a través de las campañas publicitarias, pero con una salvedad no menor: esas aerolíneas, promovidas por altos funcionarios y, en algunos casos, relacionadas económicamente con algunos de ellos, apuntaban a un objetivo claro: la ganancia inmediata. Muy atrás quedaba la principal preocupación de todo vuelo: la seguridad.
Sin saberse con certeza el origen, el estado y el mantenimiento de los aviones, desde los mismos inicios estos comenzaron a exhibir problemas alarmantes. Vuelos cancelados inmediatamente después del despegue, malos decolajes, incapacidad para las cargas y equipajes comprometidos, groseros retrasos en los horarios, fallas en las turbinas… todo desmintió la promesa publicitaria que precedió el lanzamiento de las empresas que, se afirmaba, desbordaban virtudes por los cuatro costados.
La compañía más promocionada del nuevo sistema protagonizó tres incidentes en sus primeras dos semanas de operaciones. Semejante pobreza de desempeño hizo que un fiscal federal solicitara al juez correspondiente que estudie la posibilidad de ordenar la suspensión de los vuelos de la aerolínea, además de pedir que se evalúe si la empresa está en condiciones técnicas de certificar la seguridad de los pasajeros. En ese trámite está la Justicia ahora.

FF.AA. para el norte
El decreto presidencial que promovió la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de “seguridad interior” se vio reforzado con el reciente envío de tropas al norte del país para, según se dijo, reforzar las tareas de vigilancia en las fronteras de esa región. El rechazo a la medida inicial sumó ahora nuevas expresiones ante la puesta en práctica de la nueva doctrina con estas operaciones que tienen el objetivo de liberar tropas de Gendarmería para abocarlas a tareas policiales de control social.
Todo el arco opositor, con contadas excepciones, expresó un fuerte rechazo a esta iniciativa y llevará al Congreso de la Nación el planteo de derogarla. Si no hay deserciones de último momento -como ha sucedido en otros temas- y si el gobierno se empecina en mantener su posición es probable que senadores y diputados opositores impongan una derrota legislativa al oficialismo.
También se sabe que en el seno de las propias Fuerzas Armadas existe disgusto por este nuevo encuadramiento. La nueva oficialidad no es indiferente al enorme desprestigio que han sufrido sus antecesores luego de la ominosa experiencia de la última dictadura cuando las tres armas, además de asaltar el poder político, se involucraron en funciones de inteligencia y seguridad interior.
La excusa del “combate al narcotráfico” suena gastada y, por lo demás, está contaminada por los antecedentes dramáticos de otros países de la región, como México y Colombia en donde las fuerzas militares han terminado involucradas en masivas violaciones a los derechos humanos y un crecimiento desmesurado de la violencia homicida.
La nueva doctrina tiene el respaldo de Estados Unidos, un país que gusta de exportar doctrinas represivas que no aplica en su propio suelo.