La CGT se despereza pero no termina su prolongada siesta

CONFIRMO MARCHA EL 22 DE AGOSTO SIN PARO NI PLAN DE LUCHA

La CGT en reunión de secretarios generales de gremios ratificó la movilización del 22 de agosto en contra del ajuste. De todos modos no le puso fecha a un nuevo paro general ni menos aún a un plan de lucha con continuidad de esas medidas.
EMILIO MARÍN
La novedad del plenario en el miniestadio de Ferrocarril Oeste, en Capital Federal, era que iban a concurrir dos corrientes sindicales que desde la asunción del triunvirato no eran parte del elenco cegetista: el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y la Corriente Federal de Trabajadores. Son nucleamientos liderados por Omar Viviani (Taxistas) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), y Sergio Palazzo (Asociación Bancaria). Por distintos motivos no habían sido de la partida de reunificación y quedaron sin cargos en el Consejo Directivo de la CGT.
Aquellas diferencias tenían que ver con alineamientos políticos. Dos de los tres triunviros (Héctor Daer y Omar Acuña) en ese momento jugaban en el equipo de Sergio Massa, en tanto Sasia militaba con Florencio Randazzo. También había opiniones diferentes sobre la conveniencia o no de compartir la secretaría general de la CGT entre tres personas. MASA no lo veía con buenos ojos.
Y la Corriente Federal reclamaba acciones de resistencia más concretas frente al ajuste del gobierno de Mauricio Macri, en tanto la CGT se mantenía en una contemplación y pasividad. Asimismo el directivo de la Bancaria se ubicaba en posiciones cercanas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que en Arsenal emergió como Unidad Ciudadana. Además siempre promovió la adopción de medidas de lucha pero también el debate de un programa compatible con las aspiraciones del movimiento obrero, rescatando los programas históricos de La Falda, Huerta Grande y los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini.
Aparentemente, de la información disponible, surge que los dirigentes de MASA no fueron a Ferro. No se sabe si Palazzo fue, posiblemente tampoco. Eso puso cierto límite al optimismo reinante en los días previos, cuando se anunció el plenario y se dio por hecha aquella convergencia. Ese acercamiento de diversos sectores podía ser la señal de que la CGT engrosaba sus filas para encarar más resistencia al ajuste neoliberal. Ahora el vaso quedó medio vacío, porque tal sumatoria no se produjo, pero al menos se ratificó la convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo para el 22 de agosto.
El documento emitido ayer en Ferro tiene partes interesantes porque plantea que “no puede aceptar que los trabajadores nuevamente seamos la variable de ajuste de un programa económico que desalienta la producción, agudiza la pobreza, ejecuta despidos y suspensiones, mientras que, sin inversiones genuinas y productivas, se toleran altas tasas de interés haciendo crecer la especulación financiera”.
Ya el título es de oposición al macrismo: “¡Así no! Ni despidos ni intervenciones”. Esa última referencia era por la intervención al sindicato de Canillitas dirigida por Omar Plaini, intervenido y ocupado por un enjambre de gendarmes. Lo de los despidos es más general, por los de Pepsico, Atucha, Carboclor, Cresta Roja, Distripaper y tantísimos casos más.

Larga siesta.
El documento de la CGT también cuestionó los planteos del oficialismo en torno a una reforma laboral y quitar derechos laborales que las usinas neoliberales juzgan como obstáculos para el crecimiento económico del país. Exhortó a los partidos políticos con representación parlamentaria que se comprometan a no permitir la aprobación de reformas regresivas en convenios laborales, regímenes jubilatorios y obras sociales. La reciente reforma laboral en Brasil, que autorizó jornadas de hasta 12 horas y puso la negociación por fábrica por encima de los convenios del sector, entre otras barbaridades, prendió la luz de alarma en el sindicalismo.
Como era previsible, todos estuvieron de acuerdo en reclamar la reactivación de la economía, la defensa de los puestos de trabajo y salarios dignos. El problema es qué hacer cuando la administración Macri no tiene miras de cambiar su modelo ni poner la reversa. Peor aún, busca un resultado electoral ganancioso o al menos decoroso para poner más velocidad a un ajuste que atropellará a más personas y fuentes de trabajo que las gravemente lesionadas en este año y siete meses.
Pablo Moyano, de hecho el secretario de Camioneros, vino planteando de un paro general. Los triunviros no le llevaron el apunte.
Por otro lado Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, siguió reclamando que la CGT y las dos CTA, incluida la Autónoma, de Pablo Micheli, acordaran un plan de lucha continuado, en vista de la alta inflación, despidos, tarifazos y drama de los jubilados. Yasky reiteró ese punto de vista ayer al ser reporteado en C5N, pero es dudoso que le den una respuesta satisfactoria, porque en todo este tiempo de macrismo solamente pudo participar de una sola reunión con sus pares cegetistas, antes de la conmemoración del 1 de mayo de 2016 en el monumento del Trabajo. Después no le dieron más, ni la hora, pese a que ambas CTA promovieron los paros y marchas docentes, la Marcha Federal, etcétera. La burocracia sindical se había echado a dormir una siesta santiagueña, luego de haberse visto en la obligación de llamar al paro general del 6 de abril, exitoso. Lo hizo, como se recordará, sólo después de haber sufrido el escarnio de la crítica y el copamiento del palco por las indignadas bases, en el acto del 7 de marzo de este año. Después de eso, mucha siesta.

Panorama preocupante.
La jugada cegetista está a la vista: movilización el 22 de agosto, ¡138 días después del único paro general! Y tras esa marcha a la plaza, harán un Comité Central Confederal que analizará los pasos a seguir. Eso incluirá un balance de las PASO, para ver cómo le fue al gobierno, a Cristina, a Massa y Randazzo, etcétera.
No está mal que el sindicalismo tenga una lectura política nacional. Es imprescindible. Lo que no se puede es frenar todo y supeditarlo a una legislativa nacional. La autodefensa de los puestos de trabajo, del poder de compra de los salarios y jubilaciones, la pelea contra la inflación y los tarifazos no permiten tomarse esos largos períodos de inactividad.
Algunos casos puntuales lo demuestran.
Los 600 despedidos de Pepsico fueron desalojados y reprimidos brutalmente; y no conforme con eso, el gobierno nacional y de la Ciudad, los volvieron a reprimir cuando marcharon al Congreso el miércoles pasado a presentar un proyecto de ley de expropiación de esa planta en Florida.
Otro caso es muy aleccionador, el de la avícola Cresta Roja, de Esteban Echeverría.
Diez días después de asumir Macri esos despedidos cortaron la avenida Ricchieri y fueron reprimidos con ferocidad, balas de goma, gases y toda la parafernalia policiaca y de Gendarmería. Luego, el presidente fue a la “reinauguración” de esa planta, donde sólo entraron 800 empleados del total de 1.900. El resto iba a ser readmitido por tandas, en un cronograma que se demoró y también retrocedió, porque hubo nuevos despidos. Ahora por conciliación obligatoria se produjo la reincorporación de 51 de esos cesanteados.
Y pensar que en mayo del año pasado, Macri ponía de ejemplo las reincorporaciones de la avícola para justificar su veto a la ley antidespidos, que había sido votada casi unánimemente por el Congreso.
Cada semana son más despidos, de diferentes actividades, como la de Distripaper, una empresa de logística de San Martín que dejó 70 personas en la calle. ¿Cuál será la próxima?
Por supuesto que tantos sufrimientos y angustias de los asalariados convertidos en despedidos no son los mismos sentimientos que hay en las familias de los funcionarios. Confirmando que este es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos, o sea la plutocracia, la Oficina (anti) Corrupción dio a conocer las declaraciones patrimoniales de los ministros. Gustavo Arribas, (AFI-Inteligencia), tiene 126.6 millones de pesos, Nicolás Dujovne (Hacienda) 97 millones y así de seguido, en su mayor parte ubicado en el exterior, dolarizado, en bancos y cuevas o guaridas evasoras fiscales.¿Después piden “lluvia de inversiones”?
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pasó de 4 a 19 millones de pesos, casi cinco veces lo que tenía el año anterior. ¿Con qué cara Stanley puede recibir a los dirigentes sociales de la CTEP para discutir su reclamo de reglamentar la emergencia alimentaria? Ellos claman porque el 40 por ciento de los chicos que concurre a comedores populares está en malas condiciones de nutrición.
Si después las organizaciones sociales y cooperativas van a instalar ollas populares en el centro de Buenos Aires y se caotiza el tránsito, ¿de quién es la culpa? ¿De los desocupados o de los responsables del plan de ajuste que dispara el hambre y la situación de calle de 5.000 personas en la CABA?
No son casos aislados de cesantías. CEPA en su último informe, “Liquidación por cierre”, observó que “entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017 se contabilizan 22.369 despidos y suspensiones. Esta cantidad suma un total de 264.143 despidos y suspensiones brutos acumulados desde diciembre de 2015 (76.526 del sector público y 187.617 del sector privado)”. Eso implica 3.728 despidos y suspensiones mensuales durante 2017. Sería bueno que lo lea la CGT. ¿O sigue dormida, con la luz apagada?